FMI reconoce cumplimiento financiero, pero pide cuidar la regla fiscal

Con estas palabras, la economista Manuela Goretti, jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), reconoció al gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles el haber alcanzado en esta tercera revisión las metas fiscales pactadas dentro del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF), firmado en 2021. Mediante ese convenio el país accedió a un financiamiento en tractos por $1.778 millones a cambio de una serie de objetivos para estabilizar las finanzas públicas.

Este acuerdo será llevado al Directorio Ejecutivo del FMI, en Washington y, si fuera aprobado, el país recibirá el tercer desembolso, que sería de unos $265 millones, explicó Goretti, quien dirigió el equipo técnico que estuvo en el país del 20 de setiembre al 4 de octubre.

Adicionalmente, la misión y el gobierno costarricense lograron otro acuerdo para someter al Directorio Ejecutivo una solicitud para acceder al recién creado Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, lo cual implicará otro desembolso por $710 millones, el cual también debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Se trata de fondos a bajas tasas, con 10 años de gracia y 20 años plazo que pueden “respaldar la agenda ambiciosa de Costa Rica para desarrollar resiliencia al cambio climático y realizar una economía de carbono cero”, declaró Goretti.

No obstante, en su revisión del país, Goretti dejó claro su desacuerdo con la propuesta de ley del Gobierno de flexibilizar la regla fiscal para excluir de su aplicación los gastos en inversión e intereses de la deuda pública y sí respaldó la idea de verificar la regla con base en el gasto presupuestado y no el ejecutado.

La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto sujeto al crecimiento de la producción y a la relación de deuda del Gobierno Central respecto a la producción. Debido al alto endeudamiento del país este mecanismo se aplica actualmente tanto el gasto corriente como de capital (el destinado para obras).

También, la especialista recomendó implementar en su totalidad la ley de empleo público, la cual crea el salario global en todo el sector público para lograr que, a igual trabajo, igual salario en cualquier dependencia del Estado. La misma entraría en vigor en marzo del 2023.

Además, sugirió renta global, un proyecto de ley que busca implementar un sistema de cobro de impuestos más equitativo y progresivo. No obstante, señaló que el aumento en la recaudación tributaria ya no es una meta central con esta legislación, debido a que las finanzas públicas están en mejor estado.

Hasta ahora, Costa Rica ha recibido dentro del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF) dos desembolsos por $569 millones en total y vendrían otros $265 millones que sumarían $834 millones (46% del acuerdo). Entre los compromisos está reducir el déficit primario en el 2023 y bajar la deuda al 50% del PIB en el 2035.

“Las autoridades están bien encaminadas para superar el objetivo del balance primario que se habían fijado para finales de 2022, aun cuando brindan un mayor apoyo a la población más vulnerable para hacer frente al impacto de las crecientes presiones inflacionarias. Para 2023, su objetivo es alcanzar un balance primario del 1,3% del PIB (producto interno bruto) y reforzar la sostenibilidad de la deuda”, indicó el organismo en un comunicado.

El balance primario es el monto que resulta cuando los ingresos totales superan los gastos, excluidos los intereses, y es uno de los requisitos importantes para bajar el endeudamiento del país, que es el objetivo del acuerdo.

Para el economista Melvin Garita, gerente de BN Valores, los recursos de la tercera revisión, de ser aprobados, ayudarán en las necesidades de financiamiento del Gobierno hacia final de año, pero todavía faltan recursos para que el Gobierno alcance los $1.000 millones que requiere para pagar el eurobono en enero del 2023.

“Es muy probable que este desembolso estuviera contemplado en el manejo de activos y pasivos que debe hacer la Tesorería para los próximos cuatro meses, y analizando los saldos en dólares, los vencimientos y pagos de cupón, entre otras variables, pareciera que aún se necesitarían recursos adicionales”, explicó el analista.

En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto para que el país pueda colocar bonos en el exterior que le daría al Gobierno los recursos para hacer este pago.

Con respecto al crédito de $710 millones, el Fondo explicó en el comunicado que Costa Rica es el primer país miembro del organismo en solicitar formalmente este financiamiento que servirá para seguir promoviendo la agenda de adaptación y mitigación del cambio climático.

“El nuevo servicio respaldaría los esfuerzos pioneros de Costa Rica para evaluar los riesgos climáticos, descarbonizar su economía, fortalecer la resiliencia de su infraestructura, así como enverdecer las reservas del BCCR y el sector financiero”, indicó el Fondo en el comunicado. Estos recursos requieren aprobación legislativa.

Sobre las modificaciones aplicadas y propuestas por el Gobierno para la regla fiscal, Goretti indicó que no apoyan excluir de la misma los gastos en intereses e inversión y sí respaldo el cambio de verificar la regla con base en los presupuestos y no en los planes de gasto.

“Cualquier reforma a la regla debe pensarse y no apresurarse (...) Si bien vale la pena el perímetro de aplicación de la regla, no estamos de acuerdo con excluir el gasto de capital e intereses, dado el alto nivel de deuda de Costa Rica y las mejores prácticas internacionales”, destacó Goretti, durante una conferencia de prensa, este martes 4 de octubre.

La representante del FMI indicó que una misión técnica vendrá en octubre para ayudar a las autoridades gubernamentales a tener un proyecto de ley sobre regla fiscal en línea con los estándares, señaló durante la actividad que se realiza en el Banco Central de Costa Rica, en el marco de la conclusión de la tercera revisión del órgano al plan de reformas pactadas con el gobierno costarricense.

“Cuando un país tiene una deuda elevada, es prudente que incluya gasto de capital y gasto de intereses (en la regla fiscal); el Gobierno puede mejorar la gestión de la deuda y bajar los intereses y crear espacio fiscal dentro de la regla para gastar en las prioridades” aseveró Goretti.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, justificó la necesidad de excluir los intereses de la regla fiscal en la ausencia de una ley que le permita colocar bonos de deuda en el exterior.

“Desde el punto de vista práctico mientras no tengamos facilidades de bonos en el exterior, los intereses van a seguir presionando el gasto. Si tuviésemos eso no plantearíamos la necesidad de excluir los intereses”, expresó Acosta.

Consultado sobre si planean retirar el proyecto de ley para flexibilizar rubros de la regla fiscal, Acosta indicó que lo mantendrán y que esperarán la asistencia del FMI para trabajar la propuesta.

Para crear espacio fiscal para atender el gasto, Goretti indicó que debe hacerse la reforma necesaria para que la mayoría del gasto no sea dedicada a la parte administrativa o de salarios y por eso consideran importante la implementación de la Ley de Empleo Público.

Sobre el cálculo para verificar el cumplimiento de la regla Goretti argumentó que el cambio puede ayudar a eliminar las distorsiones existentes, y los incentivos adversos para gastar, siempre y cuando el presupuesto 2023 se mantenga prudente”, manifestó Goretti.

Sin embargo, la Contraloría General de la República adversa la verificación de presupuesto contra presupuesto por considerar que es contrario al espíritu de la ley.