Frente Amplio defiende cobros retroactivos de 10 años en CCSS a trabajadores no inscritos

Los diputados del partido Frente Amplio (FA) se oponen a limitar de 10 a cuatro los cobros retroactivos de cuotas que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hace a los trabajadores independientes no inscritos en la seguridad social. Para ellos, 10 años está bien.

El FA disiente del acuerdo tomado por las otras cinco fracciones del Congreso para poner un límite a dichos cobros.

La objeción la puso el jefe de bancada frenteamplista, Jonathan Acuña, en el trámite del plan que regularía los cobros retroactivos de la CCSS sobre deudas de independientes, tanto en el principal como en sanciones (multas e intereses).

Los frenteamplistas están de acuerdo con el límite de cuatro años para los trabajadores registrados, pero no para los no registrados.

El legislador Acuña argumenta que, como el proyecto del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende homologar la retroactividad de la seguridad social con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que extingue los cobros en cuatro años para los contribuyentes registrados, también es necesario que se armonice las reglas para los no inscritos.

El Código Tributario, añadió Acuña, establece en su artículo 51 que la prescripción se extiende a los 10 años “para los contribuyentes o responsables no registrados ante la Administración Tributaria, o a los que estén registrados, pero hayan presentado declaraciones calificadas como fraudulentas, o no hayan presentado las declaraciones juradas”.

El Frente Amplio también cuestiona que se reduzca a cuatro años la extinción de las deudas de los independientes en caso de cobros por daños y perjuicios. Para Acuña, el artículo 56 de la Ley Constitutiva de la CCSS le otorga a la institución el derecho de reclamar el monto por esos rubros por 10 años. “Eso no está quedando claro en el texto”, señaló Acuña.

El FA planteó las objeciones a los jefes de otras bancadas mediante mociones al texto sustitutivo que se podría votar en el plenario del Congreso este martes 27 de setiembre.

El abogado constitucionalista Rubén Hernández explicó que, si bien la Sala Constitucional ha dicho que los aportes a la seguridad social tienen carácter tributario y se puede aplicar la misma norma de caducidad de las deudas, en el caso de esta iniciativa de ley se pretende “agregar una norma ad hoc para quienes nunca se han inscrito en la CCSS”.

“Si dejan 10 años la prescripción de los no inscritos, seguirán en la clandestinidad”, planteó el experto.

5 partidos acuerdan limitar cobros retroactivos de CCSS a trabajadores independientes

Por su parte, el experto en Derecho Laboral, Luis Sánchez Montero, considera que la tesis de que el Derecho de la seguridad social es Tributario carece de interés en la iniciativa de ley en discusión.

“Históricamente, la seguridad social es un apéndice o componente de lo laboral. En todo caso, los legisladores pueden aplicar o no la misma regla, pues para eso están. Entonces, decir que hay un conflicto de normas es un argumento sin razón, porque simplemente la norma especial y actualizada prevalece”, sostuvo Sánchez.

Sobre el artículo 56 de la Ley Constitutiva de la CCSS, el abogado Hernández explicó que este numeral se refiere al cobro retroactivo, exclusivamente, de los daños y perjuicios derivados de una condena penal.

Daniela Rojas, jefa de bancada del PUSC, descartó que exista una negociación abierta del resto de fracciones con el Frente Amplio. “Ellos presentaron unas mociones; todas las fracciones las están estudiando para decidir este martes”, continuó la vocera.

Rojas recordó que el FA no se ha sumado al acuerdo del resto de bancadas sobre la propuesta de texto sustitutivo que podría votarse este martes en el plenario.

Esa redacción dice que, por una única vez, “la acción de la Caja Costarricense del Seguro Social para determinar la obligación contributiva de los trabajadores independientes, imponer sanciones y/o para cobrar la obligación principal y sus sanciones prescribirá en un plazo de cuatro años”.

El texto añade que prescripción deberá ser declarada en sede administrativa a petición del trabajador independiente, sin perjuicio de que pueda ser alegada también en sede judicial.