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‘Mi hijo sale corriendo, tratando de defenderse, busca cómo salir y ningún policía lo auxilió'

Un conflicto por el sobreprecio de unos helados habría sido el detonante del homicidio a puñaladas de Charly Josué Villalobos Guzmán, ocurrido el 21 de julio pasado en la cárcel de Terrazas, en San Rafael de Alajuela. El crimen levantó un enérgico reclamo por parte de la familia del fallecido, así como de la ONG Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias.

Ellos denunciaron que el ataque fue facilitado por presunta negligencia policial, por lo que solicitaron una investigación administrativa al Ministerio de Justicia y Paz.

Según testigos que hablaron con la Asociación, el crimen ocurrió cuando, al parecer, un oficial penitenciario abrió el portón del pabellón D3. En ese momento, la víctima se acercaba durante sus labores de mandadero, pues era el encargado de recoger dinero de los otros privados de libertad para comprarles productos en la pulpería del centro penal.

“Él pone como excusa que les está abriendo el portón para que saquen las bandejas de la comida para llevarlas a la cocina, para la comida de la tarde, lo cual es absurdo, ¿por qué no lo hizo en otro momento?, si tiene toda la visibilidad de ver al privado de libertad que viene bajando con los mandados y con el policía custodiándolo”, declaró Rafael Ángel García, presidente de la ONG.

Charly Josué Villalobos Guzmán, oriuno de Puntarenas y de 28 años, cumplía una condena de 18 años, pero estaba próximo a salir de prisión con libertad condicional. Foto: Facebook ONG Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias.

García aseguró que el uniformado rompió con el protocolo policial, que indica que el portón de un pabellón no se debe abrir cuando hay un privado de libertad de otro pabellón cerca. Villalobos, oriundo de Puntarenas y padre de dos hijos, habría tenido problemas con algunos presos de ese pabellón, a quienes les habría cobrado de más por unos helados.

Con el portón abierto, tres privados de libertad se habrían salido con puñales a perseguir a Villalobos hasta llegar a la Oficialía, donde lo habrían asesinado luego de que él se resbaló. Él fue trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela, donde fue declarado fallecido.

“Mi hijo empieza a correr y a defenderse, pero son tres contra uno; mi hijo no trae nada, lo único que trae es el cuadernito y la cangura, donde cargaba sus cosas para hacer los mandados. Y mi hijo sale corriendo, tratando de defenderse, busca cómo salir, llega hasta la Oficialía, y ningún policía lo auxilió”, relató Guiselle Guzmán, madre de Charly.

Guzmán indicó que los privados de libertad del pabellón de su hijo pedían a los policías que les abrieran el portón para ayudar a Villalobos, porque muchos también eran de Puntarenas y cercanos a él.

Por su parte, García agregó que “uno no entiende cómo tres privados de libertad con cuchillos persiguen a otro por todo Terrazas y ningún policía intervino. Nadie hizo absolutamente nada, y ese es el sinsabor que nos queda a nosotros”.

“Desde que se abrió Terrazas, hay negligencia, administrativa y de seguridad”, reclamó García, quien enumeró falencias que afronta esta cárcel, ubicada dentro del complejo La Reforma y abierta en noviembre del 2021. Aunque había quedado lista desde diciembre del 2020, la cárcel no se había podido poblar por problemas presupuestarios.

El presidente de la ONG afirmó que a la cárcel le faltan policías para cubrir a cerca de 1.200 presos, lo que favorece que se salgan de control las riñas entre los reclusos.

El 31 de enero pasado, 150 policías de este centro penal protestaron por falta de personal. “El CAI Terrazas se está convirtiendo en una bomba de tiempo, que si no se atiende de inmediato, puede colapsar y provocar una tragedia”, había aseverado el sindicato Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT).

El Ministerio de Justicia comunicó en aquel momento que 675 nuevos policías fueron contratados para laborar allí, pero la entrada en actividad de estos funcionarios se daría de forma gradual.

La Asociación indicó que tres personas son investigadas por este homicidio. Este medio solicitó una confirmación al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

Tanto Guzmán como García le reprocharon a Diana Vargas, directora de Terrazas, haberles dado una versión inexacta de lo ocurrido. En apariencia, Vargas les habría dicho que Villalobos había ingresado por sus propios medios al pabellón, lo que provocó el crimen.

Ante consulta de La Nación, el departamento de prensa del Ministerio de Justicia y Paz respondió que “el caso en mención es investigado por las autoridades judiciales, por lo que no podemos referirnos a detalles. Paralelo a ello, hay un procedimiento administrativo en curso”. La institución no detalló de qué trataba el procedimiento administrativo ni contra quiénes se estaba llevando.

Villalobos, de 28 años, descontaba una pena de 18 años y cuatro meses por homicidio calificado y robo agravado. El hombre, oriundo de Puntarenas tenía 11 años encarcelado, y estaba a dos meses de obtener el beneficio de libertad condicional.

Charly Josué Villalobos Guzmán tenía 28 años. (Foto: Cortesía)

Violencia en cárceles

Este homicidio fue el noveno ocurrido en centros penales en el 2022, y el segundo en Terrazas. El primero ocurrió el 19 de febrero, cuando asesinaron a Dónald Alberto Salmón Meléndez, de 36 años, quien descontaba pena máxima por haber matado en el 2013 al ambientalista Jairo Mora, en Limón.

De igual forma, el 15 de enero en el CAI Luis Paulino Mora (también ubicado en La Reforma), fue asesinado Moisés Javier Mena Vargas, de 37 años, quien descontaba una pena de 22 años por robo agravado.

Dos semanas después falleció en otra riña Bryan Alonso Cordero Obando, de 33 años, al ser agredido en un pabellón del CAI Jorge Arturo Montero, donde había 29 reclusos aislados por contactos con personas con covid-19.

Otro homicidio en cárceles ocurrió el 24 de marzo, cuando fue asesinado Rogelio Newell Mendoza, de 35 años, quien era reincidente. Newell fue condenado por segunda vez en el 2010 a 35 años de prisión por homicidio calificado, pena que cumpliría hasta el 2044.

Asimismo, el pasado 29 de mayo, un altercado dejó dos presos muertos en el Centro de Atención Institucional (CAI) Gerardo Rodríguez Echeverría, en el complejo La Reforma.

Los fallecidos fueron identificados como Hubert Francisco Fernández Fernández, de 55 años y Anthony Carvajal Hernández, de 22. Ambos perdieron la vida en el Hospital San Rafael, donde fueron llevados en condición grave debido a heridas de arma blanca.