El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, contradijo el principal argumento utilizado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para oponerse al aumento salarial en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Después de que el mandatario dijo que el aumento es ilegal porque la CCSS está sometida a la regla fiscal y esta impide conceder incrementos salariales mientras la deuda pública supere el 60% del PIB, el ministro sostuvo que el presupuesto de la Caja está exento de esta norma de control de gasto.
Si bien Acosta criticó el 13 de setiembre el incremento de sueldos en la CCSS por considerar que implica un riesgo fiscal para el Gobierno y la estabilidad de esa institución, emitió un pronunciamiento en el que concluye que los recursos de esta institución están exceptuados de la regla.
Se trata de una respuesta enviada el pasado 26 de setiembre a la nueva presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.
En este documento, Acosta explicó el artículo 6 del título IV de la reforma fiscal exceptuó de la regla los recursos de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo de Pensiones, al tiempo que la Sala IV amplió la exclusión a los fondos del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) por la vía de la jurisprudencia.
En la consulta facultativa emitida en el 2018, sobre la reforma fiscal, los magistrados concluyeron que la regla fiscal no era inconstitucional “siempre y cuando se entienda que, por aplicación directa de los postulados 73 y 177 de la Constitución Política, el seguro de enfermedad y maternidad también está excluido” de la norma.
En la nota enviada a la presidenta de la CCSS, el ministro de Hacienda dijo que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria examinó el presupuesto de la Caja para determinar si contenía recursos que no pertenecieran a alguno de los tres componentes citados y que determinó que “toda la estructura” está integrada por estos.
“No fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas, a los cuales se les pudiera aplicar lo estipulado en el título IV de la Ley 9635 (reforma fiscal”), escribió Acosta.
Ello explica, continuó, el motivo por el cual a la CCSS no se le ha aplicado la regla fiscal.
Marta Esquivel también le consultó a Nogui Acosta si la excepción solo aplica para “la actividad sustantiva de los regímenes”. El ministro le contestó que “el artículo 6 alude en forma general a los recursos de dichos regímenes, por lo que no debe hacerse distinción donde la ley no la hace”.
Este mismo miércoles, durante una gira por Puntarenas, el presidente Chaves argumentó de nuevo que el incremento salarial, de entre ¢7.500 y ¢8.500 para los 63.000 funcionarios en la Caja, no procede porque violenta la regla fiscal.
“La Caja está bajo la regla fiscal en la parte salarial, por lo que no se debe y no se puede pagar ese aumento; la ley es clarísima. Son 63.000 empleados y solo la parte retroactiva de ese aumento eran ¢29.000 millones, más otros ¢10.000 el primer año” dijo.
Así lo afirmó cuando defendió el incremento salarial con efecto retroactivo aprobado para 2.470 trabajadores del Instituto Nacional de Seguros (INS).
La jerarca de la CCSS, por su parte, planteó en la sesión de Junta Directiva realizada este lunes 26 de setiembre, mantener el alza acordada, pero aplicarla hasta que se garantice que la institución no incumple con la regla fiscal.
