San José.- Los representantes de la Asociación de Pensionados del Banco Nacional, solicitan que se respeten sus derechos adquiridos del Fondo de Garantía y Jubilaciones de la institución, ya que de aprobarse el expediente #21.824, se acabaría con los ahorros de más de 1.500 beneficiados.
“El proyecto por si mismo es un asesinato”, dijo Luis Ángel Gomez, quien pertenece a la Asociación, y cuestionó el proyecto que tendría efectos negativos para los pensionados y viudas que forman parte de este régimen.
Este proyecto no se sostendria con el tiempo, ya que “desde el primer año el Banco tendría una perdida de 3000 millones de colones”, según dijo Gómez.
Quien impulsa la iniciativa es la diputada Johanna Obando, del Partido Liberal Progresista.
La congresista aseguró que su preocupación es por tratarse de fondos públicos que no solamente el banco o trabajadores aportan, sino todas las personas.
No obstante, el representante de los pensionados advierte que al pasar los años, el impacto para el Banco sería de manera caótica.
“El banco tendrá que asumir la responsabilidad de mantener nuestros fondos. ¿Cuál es la necesidad de que dos páginas y media venga y destruya todo un sistema que ha funcionado durante muchísimos años?”, mencionó Gómez.
Otra de los argumentos que enfatizan es que el fondo ostenta más 75% de las pensiones por debajo del millón colones.
Algo que para uno de los representantes, Mario Sanchez, no son pensiones de lujo, además de ser un régimen equilibrado, por lo que los voceros de la Asociación reclaman a los diputados que este es un fondo sano y necesario.
Además, otro punto que les preocupa es los cónyuges de pensionados fallecidos, quienes actualmente tienen derecho a recibir el 50% de esas pensiones y en caso de ser aprobada, quedarían desprotegidos al dejar de recibir ese dinero para la atención de sus obligaciones.
La intención se da con la presentación de una moción para revivir el proyecto de Ley 21.824, el cual busca derogar los regímenes de pensiones complementarios especiales, con el fin de trasladar esos recursos al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), que administran muchas operadoras.
Actualmente este proyecto se encuentra en estudio en una subcomisión asignada por la Comisión de Asuntos Sociales.
