Cuba
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Un campesino cubano demanda a tres jueces del Tribunal Supremo por presunta prevaricación

El campesino Jesús Humberto Laborit Brito, quien ha venido denunciando el despojo de sus tierras por parte del Gobierno cubano, presentó este lunes una demanda en el Tribunal Supremo por prevaricación contra tres jueces de la Sala de lo Civil, lo Familiar y Administrativo de ese mismo Tribunal, en la que considera que actúan contrario a derecho al rechazar todos los recursos legales que ha presentado, informa a DIARIO DE CUBA el abogado Edilio Hernández, asesor de este campesino. 

"Esta demanda es para exponer una vez más todas las ilegalidades cometidas contra Laborit Brito por parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura, a quien le han quitado la mayoría de sus tierras y se niegan a devolvérselas, a pesar de que su inocencia ha quedado demostrada", expresa el jurista independiente Edilio Hernández. 

En la demanda, Laborit Brito pide al Tribunal Supremo Popular que investigue por prevaricación a los jueces Yomays Olivares Gaínza, Rayza López Varona y Kenia Pérez Conde, quienes han rechazado admitir la revisión del expediente del campesino para que le sean restablecidos sus derechos y le sea devuelta la integridad de sus tierras. 

A finales de mayo de este año, Laborit Brito denunció la venta ilegal de parte de sus tierras por parte de Justo Pérez Pérez, hijo del directivo de la Cooperativa Antonio Maceo, entidad a la cual antes pertenecía este campesino. 

La situación en estos meses no ha cambiado y el campesino ha perdido una buena parte de las 7,6 hectáreas originales que tenía su finca ganadera Vista Hermosa, heredada por él de su padre y abuelo. 

Vista Hermosa es la única finca privada colindante con el monumento dedicado al héroe de las guerras de independencia Antonio Maceo en El Cacahual, en las afueras de La Habana.

Durante años, tanto su abuelo, dueño original de esas tierras, como su padre y él rechazaron ofertas de privados y empresas estatales para comprar la finca. 

Todo cambió a partir del 23 de julio de 2016, cuando las autoridades de Agricultura del municipio Boyeros le comunicaron a Laborit Brito que irían a inspeccionar la finca por la denuncia de unas 18 plantas de marihuana sembradas en sus terrenos, asunto que el campesino asegura desconocía cuando se lo comunicaron. 

Por la presencia de esas plantas de marihuana, Laborit Brito estuvo nueve meses en prisión provisional bajo investigación, pero al cabo de ese tiempo fue liberado por falta de pruebas que lo vincularan con el delito.

Las vacas que poseía en su finca para la producción de leche fueron todas decomisadas. 

En declaraciones anteriores a este medio, Edilio Hernández ha expresado que "las autoridades han violado varias leyes y procedimientos contra este campesino, pero donde los abogados hemos hecho mayor énfasis por su claridad es en la Resolución 170 de 2017 del Ministerio de la Agricultura, que expresa que ningún campesino puede ser despojado de sus tierras si no existe sentencia firme de un tribunal, algo que en este caso no existe".