Desde que en el año 2000 se estableciese el día 20 de junio como el Día Mundial de las Personas Refugiadas, la desigualdad, los conflictos armados y la persecución por motivos de orientación sexual e identidad de género no ha dejado de crecer. En el mundo existen 70 Estados que criminalizan al colectivo LGTBI+, en seis de ellos incluso con pena de muerte. 

En 2017, cerca de tres millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, uniéndose a un éxodo global que en diciembre de aquel año ya sumaba  los 68,5 millones de personas refugiadas, desplazadas internamente y solicitantes de asilo, según los datos oficiales de ACNUR.

Hay países en los que la vida del colectivo LGTBI+ no tiene ningún valor. Estas personas son asesinadas con total impunidad. Llegan a sentirse inferiores e, incluso, a renunciar a su propia identidad. Otras, sin embargo, consiguen empoderarse, convirtiéndose en un ejemplo para la sociedad. Este último es el caso de Manuel. Un joven que nació en Venezuela en 1986 y al que ahora, con 33 años, de su Caracas natal solo le quedan los recuerdos. Su historia es el reflejo del coraje de los que dejan atrás su país intentado salvar su vida.

Manuel no solo huyó del rechazo social por su orientación sexual, también lo hizo de la persecución por ejercer una defensa activa de los DDHH

Huyó de su país de origen escapando del rechazo social por su orientación sexual, y llegó a España con la ilusión del que deja atrás el pasado para comenzar una nueva etapa. Pero Manuel no solo huía del rechazo social por su orientación sexual, también lo hacía de la persecución y la violencia por ejercer una defensa activa de los Derechos Humanos, y en concreto del colectivo LGTBI+.

Con solo 13 años ya tenía claro que le gustaban los hombres. "La primera persona a la que le confesé mi sexualidad fue a mi abuela", matiza. Su entorno siempre lo supo, pero de puertas para fuera tuvo que evitar demostraciones públicas de afecto, ir cogido de la mano, incluso una expresión de género más masculina por miedo a que cualquiera pudiese a insultarle o, incluso, agredirle.

En Venezuela era activista. Una decisión por la que tuvo que pagar un precio muy alto: abandonar su hogar y, también, a su familia. Llegó a España en octubre de 2017. Pero decidió huir de su país en diciembre de 2016 cuando la situación se volvió insostenible. Esta lucha puso en riesgo su libertad y, sin embargo, al otro lado del charco, sigue trabajando en la defensa de los derechos humanos. "Soy muy afortunado de haber podido elegir dónde ir y cómo hacerlo", asegura. 

De hecho, Manuel es miembro del grupo LGTBI+ de la Fundación la Merced Migraciones, una asociación especializada en la atención a aquellas personas que huyen de situaciones de violencia, guerra y desigualdad, y cuyo compromiso también se han marcado con el resto de la sociedad, a la que quieren transmitir una realidad muchas veces invisibilizada: la de aquellas personas que, como Manuel, huyen de sus países por la violencia.

Historias de vida que han querido mostrar a través de la exposición ‘Orgullo de valientes’, un recopilatorio fotográfico cuyo objetivo es, como aseguran desde la entidad, “dar a conocer el testimonio de personas que huyeron de su país debido a la persecución por motivos de orientación sexual e identidad de género, y que se encuentran en España solicitando protección internacional”.

Con 19.280 solicitudes de asilo -casi el doble que en 2017-, Venezuela es la nacionalidad que más solicitudes de asilo presenta en España. Actualmente, más de 50.000 personas solicitan asilo en nuestro país en busca de un estatuto de refugiado que les brinde protección. Un proceso que, sin embargo, se encuentra estancado por las más de 100.000 solicitudes pendientes de resolución y que prolongarse durante años, tiempo en el que las personas solicitantes viven con el miedo y la incertidumbre de un futuro incierto.  

La larga espera de los procesos burocráticos

Pero, tras el duro viaje que llevan a cabo estas personas al huir de su país, arriesgando en muchas ocasiones su propia integridad, el periplo no cesa. Al llegar al país de acogida en el que solicitan protección internacional comienza una larga etapa marcada por procesos burocráticos y rígidos plazos que marcan todo el proceso. 

Tras la petición de solicitud de protección internacional en el país de acogida -si no es denegada en el momento-, la persona es citada a una entrevista en la Oficina de Asilo y, si su solicitud entra a trámite, recibirá la denominada 'tarjeta roja', que será su documento de identificación durante el tiempo que dure el estudio de esta solicitud. 

Durante su validez -seis meses-, la Administración estipula que la persona debe formarse y aprender español. Unos plazos comunes para todas las personas solicitantes de protección internacional, independientemente de la situación o el contexto del que procedan. Un periodo ineficaz si se compara el proceso de una persona que huye de un país latinoamericano, en el que se habla español, y el proceso de una persona de Oriente Medio, que ni siquiera utiliza el mismo alfabeto.

Pasados los seis primeros meses, y si la solicitud aún no ha sido resuelta, se debe renovar esa 'tarjeta roja' que, durante este segundo periodo, concederá, además del permiso de residencia, permiso de trabajo: "esta cartulina es el documento provisional que autoriza a estas personas a residir en España y a trabajar en el país a partir de los seis primeros meses", asegura Laura Traveso, responsable de comunicación de la Fundación la Merced Migraciones.

Imagen de la exposición 'Orgullo de Valientes' | La Merced Migraciones

Sin embargo, Traveso explica que "el carácter provisional de la tarjeta y el desconocimiento de este documento por parte de la sociedad y de la Administración dificulta mucho la integración y supone una barrera más en el acceso al empleo, a la vivienda, a la sanidad y a otros servicios y derechos".

De hecho, Manuel va camino de su cuarta tarjeta. Deberá renovarla en julio, mes en el que se habrán cumplido los seis meses de validez: "Esto supone un problema, porque si ahora me quisieran contratar por un plazo de tres meses no podrían hacerlo", afirma. 

Pero los obstáculos con los que se encuentran las personas solicitantes de protección internacional o asilo en el país de origen, concretamente en España, no solo tienen que ver con la inserción laboral o el aprendizaje del idioma. A estos plazos hay que sumar la necesidad de apoyo en una nueva etapa en un país desconocido, ya que en muchas ocasiones a la dramática situación vivida se le suman las diferentes dificultades que se encuentran en el viaje.

Una realidad que la desde Fundación la Merced conocen muy de cerca. Llevan trabajando con este colectivo desde 2016, cuando se detectó la llegada a sus recursos residenciales de personas que huían de la persecución y la violencia por la pertenencia a este colectivo.

Su primera iniciativa fue la creación del grupo LGTBI+ dentro de la Fundación, el mismo al que pertenece Manuel. A él, podían acudir tanto residentes en los recursos convivenciales de la entidad, como cualquier persona que se encontrase en situación de vulnerabilidad. Un grupo que supuso -y supone- una gran oportunidad de crear redes para aquellas personas que han emprendido su huida solas, además de un lugar en el que abrirse y compartir su experiencia con otras personas que han atravesado una situación similar.