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Spain

El Supremo advierte a Batet de que no está para aclararle dudas y tampoco responderá a la Fiscalía

Tras la constitución de las Cámaras

Fuentes del Supremo coinciden en que los presos electos deben ser suspendidos, pero que esa responsabilidad atañe exclusivamente a las Mesas del Congreso y el Senado

Meritxell Batet comparece en el Congreso tras la reunión de la Mesa
Meritxell Batet comparece en el Congreso tras la reunión de la Mesa B. DÍAZ

El Tribunal Supremorechazó este jueves elaborar el informe sobre la suspensión de los cuatro diputados presos que le había reclamado la víspera la presidenta del Congreso. Y tampoco atenderá a la petición de la Fiscalía de que inste expresamente a la Cámara a ejecutar esa suspensión.

Fuentes del Supremo coinciden en que los presos electos deben ser suspendidos, pero que esa responsabilidad atañe exclusivamente a las Mesas del Congreso y el Senado. No ven motivo, por tanto, para cumplir la solicitud de Meritxell Batet ni la instada por la fiscal general del Estado, María José Segarra. Ambas vías convergían en una mayor intervención del Supremo en la suspensión, y descargaban de responsabilidad a la Mesa del Congreso.

Prueba de ello es la contestación del presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, a la solicitud de la presidenta del Congreso, tan breve como expresiva. El oficio afirma que resulta "inviable" la elaboración de ese informe ante la "configuración constitucional" del Tribunal Supremo. Es decir, que no tiene entre sus funciones la de ejercer de órgano consultivo de las Cortes. Batet -que es profesora de Derecho Constitucional- había solicitado que aclarara sus dudas. El Supremo considera que la Mesa del Congreso debe asumir su propia responsabilidad en el asunto y, si necesita hacer alguna consulta jurídica, utilizar su propio servicio de asesoramiento, como al final ha sucedido.

El escrito añade que lo único que puede hacer en este momento el tribunal del 1-O es insistir en los argumentos que ya ofreció en el auto de la semana pasada en el que autorizaba la salida de prisión de los cinco presos electos para asistir al Pleno de Constitución de las Cámaras. Un auto "debidamente comunicado a la Cámara", resalta Marchena.

Los magistrados entienden que ese escrito contenía los datos necesarios sobre la situación procesal de los presos como para que la Cámara resolviera sobre la suspensión, sin necesidad de que los magistrados le instaran expresamente a ello. "A lo allí expuesto nos remitimos. La causa penal va a seguir su curso y es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso", zanja el presidente del tribunal. Con esta decisión, la Sala sigue sin pronunciarse expresamente sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la misma que regula el juicio que se está celebrando. Ese artículo establece que el cargo público preso por rebelión "quedará automáticamente suspendido" en el ejercicio de ese cargo. También el Reglamento del Congreso prevé suspender a los diputados presos. De hecho, el auto del Supremo insistía más en ese artículo que en el de la Lecrim. En su día, el juez instructor del caso, Pablo Llarena, sí se dirigió al Parlament para informar de que la ley imponía esa suspensión.

En cuanto a la Fiscalía, su escrito del miércoles pedía que la Sala comunicara al Congreso que debía proceder a ejecutar la suspensión "inmediata" y "sin más trámites", precisamente lo contrario a lo que este jueves acordó Batet. El tribunal no tiene previsto hacerlo.

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