Los acusados, el maquinista del tren de Angrois y el exdirector de Seguridad de Adif, se enfrentan a 4 años de cárcel
Los casi 200 tomos del sumario del descarrilamiento del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) el 24 de julio de 2013 siguen sumando folios hasta el último día. Aunque solo hay dos imputados, el maquinista de la locomotora, Francisco Garzón Amo, y el exdirector de seguridad en la circulación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte López, los perjudicados sobrepasan los 400: murieron 80 personas, cuatro ourensanas, y 145 resultaron heridas, ocho se subieron en la estación Empalme.
A escasas horas del comienzo del macrojuicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia en España, los abogados -más de 100 personados- seguían enviando documentación al Juzgado Penal número 2 de Santiago, el encargado de dictar la sentencia. Un goteo continuo que hace prever que el calendario de sesiones, con señalamientos hasta el mes de junio de 2023, se quedará corto.
LA DEFENSA QUIERE COMPAÑÍA
La última petición, según fuentes judiciales, pretende que en el estrado haya más de un abogado por encausado. El juzgado reservó un asiento para cada una de las partes personadas -98-, pero el letrado del maquinista imputado quiere incorporar más togas en su bancada y ha recurrido la negativa de la jueza. “Este ya es el estrado más grande que hemos tenido en Galicia”, aseguran desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, superando al del Prestige en A Coruña en 2012.
A los 45.000 folios del expediente principal se añadieron 144 piezas de lesionados (documentación médica, informes de sanidad y responsabilidad civil) y 80 alusivas a los fallecidos (informes de autopsia, por ejemplo), aunque el procedimiento siguió engordando cuando desembarcó el 21 de diciembre de 2021 en el Penal 2 de Santiago. Y subirá algún kilo más a lo largo de esta mañana en el trámite de cuestiones previas, cuando los abogados aún pueden seguir pidiendo y se resuelven cuestiones como nulidades o prescripciones.
El caso Alvia lleva judicializado desde la noche del 24 de julio de hace nueve años cuando el entonces titular de Instrucción 3 de Santiago, Luis Aláez Legerén, que estaba de guardia, se personó en la bifurcación de A Grandeira, a tres kilómetros de la estación de ferrocarril compostelana.
“PENSÉ QUE HABÍAN MUERTO TODOS, SOLO HABÍA SILENCIO”
Todos los que llegaron allí -“algo parecido a un escenario de guerra”, asegura uno de los pasajeros, el ourensano Marcial Cendón-, precedidos por los vecinos de Angrois, supieron enseguida que ese accidente pasaría a la historia en múltiples ámbitos por su envergadura. “Fui la primera superviviente en salir del tren, tras desengancharme de un hierro en el techo y romper de un puñetazo una ventanilla, no se oía nada, había un silencio absoluto y pensé que habían muerto todos”, relata Susana Frade, quien entonces tenía 18 años y viajaba en el vagón número 5 con una amiga a la que acompañaba al aeropuerto. Aunque tenía el hombro muy tocado y el dedo corazón colgando, asegura que no lo dolía nada porque solo quería encontrar a “la chica rubia” que iba con ella y que había quedado sepultada entre butacas y maletas (figura entre los más de cien lesionados).
Sin olvidar que las primeras cartas que se mostraron ya iban marcadas: las filtraciones desde el Ministerio de Fomento para señalar en rojo al maquinista del convoy: se facilitó el contenido parcial de una conversación con el centro de Atocha para comunicar el siniestro, en la que aludía a que se despistó -había atendido previamente una llamada de teléfono del interventor que duró 100 segundos-, ya que pasó a 190 km/hora en la curva de Angrois, limitada a 80, aunque se omitió que aseguraba a renglón seguido que ya había advertido que era una zona peligrosa “al de seguridad”.
Francisco Garzón fue el único imputado durante una buena parte de la instrucción (incluso hubo un escrito de calificación del fiscal Antonio Roma, de 26 de octubre de 2015, que solo le acusaba a él) hasta que la Audiencia de A Coruña, atendiendo las solicitudes de los abogados de los perjudicados, abrió el foco.
Finalmente, también se procesó a Cortabitarte. Ambos se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión por 80 homicidios por imprudencia profesional, 145 delitos de lesiones imprudentes y otro más de daños (en alusión a los desperfectos de la infraestructura). El fiscal reclama cuatro años porque no puede multiplicar por el número de delitos. “Cuando un solo hecho causa varios resultados se aprecia el concurso ideal y tienes que poner la pena, en su mitad superior, de un único delito, no de 80”, explican fuentes judiciales consultadas. Por las lesiones no hay una pena específica “porque se castiga la infracción más grave”. En el homicidio imprudente, el máximo castigo son cuatro años de prisión.
Para perjudicados como Marian Prado, la madre de una joven de 22 años fallecida en Angrois, “da igual los años de cárcel porque siempre la llevarán en la cabeza”.
