La propaganda separatista sigue en el exterior, pero ya no cala: "Nadie pregunta"

Cataluña tiene 20 delegaciones políticas en el extranjero y presencia con representación institucional en 63 países. Todo ello levantado de acuerdo al artículo 194 del Estatuto de Autonomía, que dispone que pueden abrir oficinas para la promoción de sus intereses fuera de España. Puntos de encuentro donde, extraoficialmente, difunden el ideario secesionista. La Generalitat destina 94 millones de euros de su presupuesto a esto. En septiembre nombraron tres delegados nuevos, abrieron una convocatoria para el delegado en Brasil, participaron en actos en torno a la agenda de la Cumbre de Naciones Unidas y la consejera, Victòria Alsina, estuvo en Israel. A lo largo de este año, el Gobierno catalán se ha empleado en legislar y organizar decretos para que todas sus oficinas exteriores estén bajo el amparo de la ley. Todas presentes en redes sociales, comunicando el mensaje catalán y abiertas a las dudas de cualquiera. Todas ellas alineadas también con el Plan de Acción Exterior que aprobó Quim Torra, que el Gobierno elevó al Constitucional y que, tras pasar por el Alto Tribunal, fue aprobado con modificaciones.

Cinco años después de la Declaración Unilateral de Independencia, el tono entre el Gobierno español y la Generalitat es menos duro. Ya no se recurre al «Espanya ens roba», pero el mensaje parece haber calado en el extranjero, donde es tan prolífico el trabajo de propaganda de la Generalitat. Basta con leer el primer párrafo del artículo que Ronan Farrow publicó en el New Yorker el pasado abril. Una traducción rápida de un par de frases: «En 2017, mientras Cataluña se preparaba para un referéndum de independencia, la policía española arrestó al menos a 20 políticos separatistas». «El día del referéndum, que recibió el apoyo del 90% de los votantes a pesar de la baja participación, las redadas policiales en los colegios electorales hirieron a cientos de civiles». Uno de los medios americanos conocidos por su fact checking y admirados por el resto publicaba estas frases erróneas. ¿Ha hecho algo España? ¿Se ha exigido una fe de erratas? «Eso corresponde a la Secretaría de Estado de Comunicación», explican a EL MUNDO fuentes diplomáticas, las mismas que cuentan cómo se lucha desde las máximas relaciones internacionales contra la propaganda falsa.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores el tono con Cataluña es mucho más conciliador que en el pasado. No había relaciones en la época de José Manuel García-Margallo ni de Alfonso Dastis. Cuando Josep Borrell asumió la cartera, el tono tan duro de un catalán hacia los nacionalistas empeoró las conversaciones, pues fue el único que en público habló sobre la necesidad de combatir la propaganda. Algo, por cierto, de lo que se lamentaban altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, reconociendo que era impensable e imposible dedicar una partida del Presupuesto a luchar contra la propaganda nacionalista. Ahora, el ministro José Manuel Albares intenta, sin entrar en conflicto directo, mantener la paz y que los movimientos de las delegaciones catalanas en el exterior vayan dentro de la legalidad. «El ministro se ha reunido en varias ocasiones con Victòria Alsina, consejera de Acción Exterior de Cataluña, y el trato es bueno dentro de que ella siempre pide cosas que sabe que no le pueden conceder», desvelan a este diario las mismas fuentes. ¿Influye en algo de ese trato los indultos y que el Gobierno tiene en los separatistas a uno de sus socios? «Es que los indultos fueron la base para sentar el diálogo entre las partes».

Pese a esa relación cordial entre el Gobierno de España y la Generalitat, la manipulación en redes continúa. Un ejemplo reciente: el Gobierno pidió formalmente por carta a principios de septiembre el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo. El 27 de septiembre, Victòria Alsina se sumó a esa lucha con un tuit en el que ponía: «El catalán es parte de la familia de lenguas de la Unión Europea aunque aún espera un status oficial para protegerlo del constante ataque del Estado español». No ha habido respuesta pública negando esta afirmación.

El trabajo de la diplomacia está a otro nivel. A principios de septiembre, Albares mantuvo una reunión en Barcelona con todos los cónsules extranjeros con oficina en esa ciudad. Se les explicó la situación que se vive con Cataluña y la realidad. Pero esa información parece llegar al ámbito diplomático, no al de los medios ni a la opinión pública. Porque en Exteriores la sensación que se tiene es que el conflicto ya está superado. «Nadie pregunta al ministro por Cataluña, eso es un hecho», afirman esas fuentes. «Es que los eslóganes del momento de mayor tensión, los que hablaban de la España franquista o de que España les robaba ya no tienen sentido porque fuera saben lo que hay, el discurso victimista ya no les funciona», aseguran.

Una de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores es la de avalar la apertura de delegaciones en el extranjero de las distintas comunidades autónomas. «En el caso de Cataluña, sólo aprueban un 50% de las que piden», aseguran, aunque no enumeran qué sedes se les han negado. Para poder aprobarlas, Exteriores tiene que ver una necesidad real de promocionar los intereses de la región en esa zona del mundo. «Luego hay países en los que su configuración sí que pide dos delegaciones, como Canadá con Toronto y Ottawa», cuentan.

Otra de sus funciones es la de regular la actividad de la consejera Alsina. «Hay tipos de viajes o de encuentros que no puede mantener, porque están fuera de la legalidad, eso se mira mucho», aseguran. Victoria Alsina ha visitado 23 países en un año y, aunque el motivo de sus giras se analiza en Exteriores, ella misma en Twitter ha afirmado que estos viajes son «para potenciar las relaciones de Cataluña con otros países pero también para explicar la realidad política catalana y denunciar la vulneración de derechos». Tampoco ha tenido respuesta pública.

Pero mientras en Exteriores vigilan y creen superado el debate, los nacionalistas catalanes logran tener presencia en todos los organismos internacionales. O cerca, al menos. Coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas, una delegación de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) visitó Nueva York con un informe de la Organización de Naciones y Pueblos no Representados (UNPO por sus siglas en inglés) titulado Tool of repression Spain and global trends in silencing self determination movements. A lo largo de 48 páginas, el texto contiene afirmaciones como que «en España el derecho a la libertad de expresión y al derecho a una asamblea pacífica ha empeorado en los últimos años» o compara el «uso de fuerza» tras el 1 de octubre con casos de represión en Vietnam e Indonesia. ¿Hizo algo Exteriores frente a esta reunión en la que se expuso el documento ante autoridades extranjeras? «Donde veamos que se conculca la ley, actuaremos», explican las fuentes diplomáticas. Aquí no hay vulneraciones legales para la actuación gubernamental.

Otra anomalía que favorece al discurso nacionalista es la presencia de Carles Puigdemont en la Eurocámara como eurodiputado. «Él tiene un amparo legal que le permite ejercer allí sus funciones, pero, si lo analizas, casi nadie va a las convocatorias que hace y no parece que represente un peligro para Exteriores». Así, sin hacer aprecio de lo que hace el político fugado de la Justicia, nadie responde a manifestaciones como la del pasado 23 de septiembre, cuando afirmó que «Ni el Rey ni el Gobierno español han revocado el '¡a por ellos!' que ordenaron hace cinco años. De ahí nace la impunidad que exhiben. Las decenas de denuncias que he puesto por amenazas de muerte nunca prosperan, porque ya se sabe que la Justicia española trata a todo el mundo igual».

La diplomacia, volcada en que no se salten la ley, no trabaja en desmentir en público todas esas incorrecciones que comparte