El caso IVEX-Julio Iglesias es uno de los mayores escándalos que han salpicado a Eduardo Zaplana. Y en esa competición hay nivel. Y no lo es por cantidad de dinero expoliado (aunque 12 millones no son calderilla), sino porque en este asunto, como en ningún otro, están todas las piezas del puzzle que dibuja una escena de corrupción con todos sus ingredientes: saqueo al erario, paraísos fiscales, sociedades off shore, engaño a la opinión pública, a las Corts, a la Sindicatura de Comptes, a la Agencia Tributaria… Durante trece años y más de 200 informaciones publicadas en Levante-EMV acompañadas de pruebas documentales, fui desgranando las piezas de ese mapa de la ejecución de un contrato que fue un negocio para el artista y para quienes hicieron los coros en el saqueo.
La última palada al entierro judicial de esta causa llega para confirmar que este asunto ha sido la gran prueba de estrés del régimen de corrupción, cuyo arquitecto fue Zaplana. Ese puente resistió en este asunto doscientos trailers de mierda sin presentar una grieta. El puente descansaba sobre un control absoluto del ecosistema mediático (nadie se sumó a esta causa periodística), la inacción o complicidad de la justicia y una raquítica oposición de francotiradores, como se desgrana en el libro Ciudadano Zaplana. ¿En qué consistió exactamente aquella estafa y cómo es posible que haya quedado judicialmente impune?
Un fichaje muy personal
El fichaje fue concebido, ejecutado y supervisado personalmente por Eduardo Zaplana, que quiso pagar, con dinero público valenciano, al telonero de la campaña de Aznar en las generales de 1996. Él negoció las condiciones y el precio en dos reuniones con el artista y su representante, Luis Fernando Esteban. Una carta del representante del artista a Zaplana recogía en un anexo los términos acordados.
