Los agentes inmobiliarios han apoyado la reforma antiokupación que propone Junts. El colectivo de Agentes de la Propiedad Immobiliria de Catalunya (API) han aplaudido la proposición de ley presentada hoy por los posconvergentes en el Parlament para modificar la Ley del derecho a la Vivienda y el Código Civil de Catalunya para combatir las "ocupaciones conflictivas" de inmuebles.
Carles Sala, el exsecretario de Vivienda del Govern recolocado como portavoz y responsable jurídico de API Catalunya, ha condenando en un comunicado "la problemática que rodea habitualmente las okupaciones ilegales, a partir de las cuales se generan problemas de convivencia".
Carles Sala, abogado y exsecretario de vivienda del Govern / Flickr
Los okupas "no paran de crecer"
La nueva ley permitiría a los ayuntamientos y comunidades de vecinos denunciar las okupaciones conflictivas sin necesidad de que lo hagan los propietarios. Según API, esto les dará instrumentos para "actuar ante la ocupación ilícita de viviendas en esos casos en los que estas actuaciones generen situaciones de peligro para el edificio o alteraciones de la convivencia vecinal".
Aunque desde el colectivo apoyan la propuesta de Junts, Sala ha puntualizado que creen que es complementaria y que tiene que ir acompañada de las otras iniciativas del Estado en este ámbito. De este modo, ha abogado por "forjar un corpus normativo que de seguridad jurídica lo antes posible para acabar con este problema que no ha parado de crecer en la última década".
Fachada principal del edificio del Parlament / EFE
Iniciativas en el Congreso
En el Congreso de los Diputados, el PP también ha tratado de impulsar una propuesta de ley contra las okupaciones y un decálogo de medidas como eximir a los propietarios de viviendas allanadas del pago del IBI o el impuesto de patrimonio. Sin embargo, todas estas iniciativas legislativas han sido tumbados hasta ahora por la cámara de representantes.
En Francia, el parlamento aprobó la semana pasada un endurecimiento de las penas contra los okupas. La nueva normativa fija penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
