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Pensiones, funcionarios y el pago de la deuda copan la mitad de los Presupuestos y eclipsan el resto de partidas

Las partidas de políticas sociales aglutinan la mayor parte de la inversión realizada por el Gobierno

  • Madrid

  • MARÍA ALBALAT BELLO

    Madrid

  • ELENA L. VILLALVILLA

    Madrid

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023 se han presentado hoy en el Congreso de los Diputados. Con un gasto total de 485.986 millones de euros, son los más ambiciosos desde el comienzo de la democracia, aunque esta vez llegan en un contexto marcado por la inflación, la guerra de Ucrania y los precios de la energía. El 49,8% de la partida general irán destinados a pensiones, funcionarios y deuda pública. Unos presupuestos para "la mayoría social", como ha defendido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jess Montero.

Las pensiones acumulan un 39,2% del total con 190.687 millones de euros, lo que supone un 11,4% más que el año anterior. A falta de conocer la inflación del mes de noviembre, de la que dependerá el aumento de las pensiones, el Gobierno calcula que se revalorizarán un 8,5%. "Por primera vez desde hace 13 años volvemos a aportar recursos al fondo de reserva, y por tanto a la hucha de las pensiones", ha explicado Montero. En esta línea, el Gobierno defiende el cumplimiento del Pacto de Toledo.

El economista Francisco Barroso, experto en los sectores Financiero e Inmobiliario, tacha esta medida de "un error". Asegura que el Gobierno debería centrar más las partidas presupuestarias en una " asignatura pendiente", que son las ayudas para los estudios de los jóvenes. "Hay mucha gente en España que no puede permitirse ir a la Universidad, sobre todo en zonas rurales, por lo que cuesta mudarse a una ciudad". Para Barroso "perpetúa la pobreza".

En el techo de gasto se ha incluido una subida del salario de los funcionarios del 2,5% en el 2023, que aumentará hasta un 9,5% en tres años. En total, se beneficiarán 2,7 millones de empleados públicos, de los que 1,6 son trabajadores de las comunidades autónomas.

La última protagonista de estos presupuestos es la deuda pública, a la que se ha atribuido un 3,6% más respecto a 2022 como consecuencia del alza de los tipos de interés. El déficit de España se situó en 1,4 millones de euros en el segundo trimestre del año. "La deuda pública prevé subidas de tipos", explica Barroso. "Tras años de déficit, ha crecido y ahora empezamos a pagar intereses por ella. Como los tipos sigan subiendo, lo que está provisionado en los Presupuestos Generales no va a llegar para pagar intereses", añade.

Sin embargo, el Gobierno se enfrenta a un crecimiento económico "prudente" para el 2023. Montero ha asegurado que España crecerá un 2,1% el año que viene. Esto son siete décimas menos de lo que plantea el Banco de España, que el pasado miércoles bajaron las expectativas a un 1,4%.

Por otra parte, las cinco partidas más afectadas por el presupuesto, son Servicios de Carácter General Desempleo, que caen un 14,7% respecto el año pasado. Le siguen Comercio, Turismo y PYMES, con un descenso del 12,6%; así como Desempleo, con una bajada de 5,3 puntos, Industria y Energía, menos 2,7% y Política Exterior y de Cooperación para el Desarrollo (-1,2%).

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