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Reconocen el robo por toda la provincia de Ourense de 3,5 km de cable

Los tres acusados, reincidentes, aceptan seis años de prisión por un delito de hurto continuado

Tenían un plan, actuaban de manera coordinada y se repartían las tareas delictivas, según la Fiscalía. Los tres acusados de un delito de hurto continuado por llevarse más de 3,5 kilómetros de cable de cobre de varias localidades ourensanas, y causar 15 cortes de luz y teléfono en las mismas, reconocieron ayer todos los hechos. Sentados en el banquillo del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, aceptaron una pena de dos años de cárcel para cada uno tras llegar a un acuerdo de conformidad con la fiscal.

 Los tres condenados son reincidentes y además del cableado de cobre, sustrajeron otros objetos, como una caja de conexiones, dos baterías de camión, 300 litros de gasóleo, cuatro palas y rastrillos, y un prolongador. También provocaron la rotura de un poste y el retraso de unas obras.

Los hechos enjuiciados ocurrieron durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2019. Entre los lugares afectados por los hurtos y cortes de suministro destacan Pradobo, O Pereiro de Palmés, Castro de Beiro, Seoane de Canedo, Madrosende, Untes, A Burata y Santa Cruz de Arrabaldo, según consta en el escrito de acusación.

Tras los numerosos hurtos cometidos durante esos cuatro meses, los acusados fueron sorprendidos el 16 de junio de 2019 por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la carretera OU-521 cuando ya habían cortado unos 30 metros de cable. Los agentes hallaron en posesión de los encausados una cizalla roja, una cuerda de plástico verde, una tenaza y un gato hidráulico.

Hasta tres coches diferentes llegaron a usar los denunciados. En el interior de uno de los vehículos, la policía encontró unas tenazas, una navaja de menos de 11 centímetros, medias de color marrón, una cincha de remolcar y un hacha. Dos de los condenados “se encargaban de la ejecución material de las sustracciones”, y el tercero “daba salida a las mercancías sustraídas con conocimiento de su origen”, según la acusación pública.

Aunque la fiscal solicitaba inicialmente una pena de dos años y seis meses de cárcel para cada uno de los acusados, teniendo en cuenta la agravante de reincidencia, finalmente rebajó esta petición para llegar a un acuerdo.