El comisario de Justicia de la Unión Europea llega este miércoles a Madrid, en una visita cuya agenda ha definido como "muy intensa durante 48 horas". Antes de coger el avión, Didier Reynders ha marcado claramente el mensaje para todos los actores, y en especial al Gobierno, en el bloqueo institucional de la Justicia: "Lo ideal sería que las orientaciones de la Comisión estuvieran ya implementadas para la actual nominación del Consejo General del Poder Judicial".
Es decir, que la Comisión Europea insiste en al menos el 50% de los vocales del CGPJ sean "jueces elegidos por sus pares, sin intervención de los poderes políticos". Y que, sin decirlo expresamente en la rueda de prensa celebrada en Bruselas, Reynders le recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez que una Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como la actual, vigente desde 1985, hoy no sería aceptable, según las reglas del Estado de derecho de la UE.
El comisario es consciente de que su misión será difícil de aquí al viernes, ya que deberá vencer no sólo la crisis de confianza entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, sino cambiar la misma posición del Ejecutivo, que se enroca "rotundamente" a cumplir la condición planteada por los populares de Alberto Núñez Feijóo: la reforma de la LOPJ "según los parámetros que exige la Comisión Europea".
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Éstos están recogidos en las recomendaciones publicadas en el capítulo referido a España del Informe sobre el Estado de derecho desde el año 2020. Las "deficiencias" detectadas por la Comisión Europea están referidas no sólo al bloqueo institucional, sino al mismo sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, y a la falta de independencia de la Fiscalía.
En ese sentido, Reynders entiende que "son las mayorías necesarias en el Parlamento español las que deben decidir cómo hacer la reforma".
Pero insiste en que "por eso pedimos que se haga la nominación [de los vocales del CGPJ] lo antes posible y que, inmediatamente, se haga la reforma [de la ley]". Precisamente, por el hecho de que su departamento lleva "tres años seguidos" publicando una serie de "deficiencias" detectadas en la administración de Justicia en España.
El viaje del comisario a España le llevará a reunirse con representantes del Gobierno, de la oposición, de las asociaciones de jueces y del gobierno del Poder Judicial. De hecho, la visita se produce a petición del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que amenazó con su dimisión en el último acto de inauguración del año judicial si no se desbloquea la renovación de un CGPG que lleva casi 1.400 días en funciones.
Acusado de parcialidad
Reynders se ha revuelto, en la rueda de prensa, contra las filtraciones desde fuentes de Moncloa que le han acusado de estar maniobrando con el PP para imponer su modelo judicial.
Preguntado por si comprende que se le acuse de parcialidad desde el Gobierno, el comisario ha contestado: "Entiendo la dinámica y la expectación que provoca mi viaje, pero le aseguro que me he reunido en numerosas ocasiones con miembros del Gobierno, sobre todo, con la ministra de Justicia, evidentemente".
Incluso ha tenido que reafirmar que su viaje tiene "el apoyo de todo el colegio de comisarios". Y ha tratado de sacudirse tanto las acusaciones de parcialidad como la responsabilidad del bloqueo. "¿Mediador, facilitador, ejecutor...? Vengo de un país que tiene un enorme diccionario para estos asuntos", ha bromeado. "Yo prefiero no usarlo, sino decir que trataré de favorecer el diálogo... ésa es la clave, no cómo lo llamemos".
Según sus propias palabras, lo que buscará en estos dos días de reuniones es "forzar el diálogo" entre los negociadores del Gobierno y del PP, Félix Bolaños y Esteban González Pons. Y facilitar una solución para que "lleguen a un acuerdo para aplicar las recomendaciones de la Comisión Europea recogidas en el Informe sobre el Estado de derecho desde 2020".
"Hemos sido muy claros, se debe entender que no sólo queremos que en adelante haya una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, sino el respeto completo a todas las recomendaciones de la Comisión", ha insistido, "que nacen de una decisión del Consejo Europeo, que es aplicada a todos los de la UE".
Está previsto que el comisario se reúna en estos días con los representantes de todas las asociaciones judiciales y con el propio Lesmes. En el plano político, se verá con los portavoces parlamentarios, con González Pons y con varios miembros del Ejecutivo, desde Bolaños hasta Alberto Garzón, pasando por José Manuel Albares, Pilar Llop y Nadia Calviño.
