La ministra para la Transición Ecológica ha llamado a sus técnicos a priorizar la tramitación de permisos de grandes proyectos verdes en riesgo de desaparecer el 25 de enero
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera ha lanzado un llamamiento a los técnicos de su departamento y les ha pedido priorizar la tramitación de grandes proyectos renovables en riesgo de caducar el próximo 25 de enero. Están en juego cerca de 100.000 megavatios (MW) verdes que podrían perecer por culpa del atasco administrativo, pese a contar ya con los permisos de acceso a la red necesarios para operar en el país.
La vicepresidenta Ribera ha activado la 'operación 25-E' en la recta final para la fecha tope. El objetivo que se ha trasladado es que los esfuerzos del ministerio deben dirigirse a desatascar cientos de proyectos renovables, por encima de otros frentes en curso, en la medida de lo posible.
El acelerón en el departamento coincide con la percepción, cada vez más extendida, de que los promotores renovables tomarán medidas a partir de la fecha tope y demandarán al Gobierno en caso de que sus proyectos encallen a causa del tapón administrativo.
El principal freno es la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un permiso que depende del ministerio en aquellos proyectos de más de 50 MW. Dado que el motivo del eventual fracaso de muchos de estos proyectos no sería de los inversores, sino de la Administración, muchas firmas han empezado a valorar opciones con sus equipos jurídicos, entre ellas, sumergirse en una batalla legal que incluiría reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Gobierno.
El mensaje empieza a dar frutos, convienen fuentes del sector. Endesa logró hace dos semanas el visto bueno ambiental para avanzar en un parque fotovoltaico de 250 MW en Antas (Almería), al tiempo que Opdenergy ha conseguido la DIA para desarrollar más de veinte proyectos renovables con una potencia total de 1.146 MW. Con todo, las fuentes consultadas opinan que será difícil que el ministerio logre sacar adelante todos los expedientes que acumulados durante meses.
El colapso burocrático lleva casi un año en boca del sector, donde, además de al ministerio, señalan a las CCAA. Buena parte de los proyectos que se encuentran en el alero están atascados en distintas instancias autonómicas que, como el Gobierno central, también se encuentran desbordadas por el exponencial aumento de la demanda.
El incremento de permisos a tramitar en algunas autonomías se ha triplicado en los últimos dos años. El director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, ya advirtió el pasado abril que hacía falta un giro organizativo y que la Administración estaba preparada para un mundo en el que tramitaba al año cinco o diez plantas de generación. Ese tiempo ya pasó.
La fiebre inversora en renovables ha acelerado la puesta en marcha de planes verdes, al calor del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta que diseñó el Gobierno para la transición ecológica en España, que aspira a doblar el peso actual de las renovables en el mix energético de nuestro país, hasta alcanzar alrededor del 42%, en 2030.
El sector mira con precaución este acelerón. Por un lado, todos los proyectos que lleguen a buen puerto serán bienvenidos, en un momento en que bancos e inversores empiezan a analizar con mayor celo qué financian y qué no. Por otro, grandes energéticas convienen que si algunos proyectos sale adelante en el tiempo de descuento, mientras que otros, en las mismas condiciones, descarrilan, supondría un agravio comparativo al que aducirán a la hora de pedir cuentas al Gobierno.
El problema de fondo es que el propio Gobierno estableció una serie de hitos temporales para avanzar en el desarrollo de proyectos renovables. Lo hizo con vistas a acabar con la especulación en el sector, ya que algunos inversores solicitaban los permisos de acceso sin intención de poner en marcha las plantas, sino de revender dichas autorizaciones aprovechando el apetito en el sector.
Miles de proyectos han demostrado que han hecho los deberes, mientras que la Administración ha sido la que no ha cumplido con su parte. Por su parte, la ministra Ribera se ha enrocado y ha anunciado que no aprobará prórrogas en la hoja de hitos, algo que en el sector veían como una solución o, al menos, un parche a la situación actual. Más margen en el calendario permitiría aliviar a los promotores que miran con preocupación al mes de enero, cuando podrían perder los avales bancarios que ofrecieron como garantías.
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