Durante este gobierno, se han presentado tres iniciativas para modificar o cambiar la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). El denominador común de todas estas es que van dirigidas al gusto y placer de los alcaldes, pues atienden su solicitud de flexibilizar controles en las compras y elevar los montos a partir de los cuales es necesaria una cotización o licitación.
Ninguna reforma ha tenido éxito. Esto se debe a que cada iniciativa solo busca atender situaciones coyunturales que arriesgan la transparencia y la calidad del gasto. Sin embargo, esto no significa que no se necesiten cambios al sistema de contrataciones públicas.
Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), asegura que las modificaciones son tan necesarias y urgentes como para hacerlas a la ligera. Estos son algunos aspectos que se deben considerar.
El gobierno y sus aliados en el Congreso acumulan tres intentos infructuosos por reformar la LCE, ¿cuál es la falla común que encuentra en estos procesos?
La debilidad que se ha presentado en estos intentos es que se han planteado propuestas para atender situaciones coyunturales y no se realiza una revisión del sistema nacional de adquisiciones públicas. El problema con hacerlo de esa forma es que se continúa poniendo parches a lo que existe, y lo que existe ya no es del todo funcional por las modalidades y la tecnología existente.
Una de las justificaciones de las reformas que se han planteado hasta hoy es la necesidad de agilizar las compras en la gestión municipal, ¿cuál es la vía correcta para lograrlo sin poner en riesgo la transparencia y probidad?
Insisto en que lo que hace falta es un cambio del sistema de compras públicas. Por ejemplo, hay muchos bienes y servicios que las instituciones necesitan de forma recurrente. Con estos no hay por qué estar haciendo un nuevo proceso de licitación o cotización cada vez que se va a comprar. Si se tuviera un registro de proveedores del Estado que especificara la capacidad del proveedor, sus tiempos de entrega y productos que ofrece, eso debería bastar para que cualquier entidad pública compre sin llevar a cabo licitaciones o cotizaciones. Estos procesos serían para adquisiciones no frecuentes o bienes y servicios muy especializados.
¿Cómo interpreta la insistencia de los alcaldes y del gobierno por flexibilizar los controles en el sistema de contrataciones del Estado?
Este es el resultado de cómo se ha venido manejando el tema en los últimos 20 años. Se ha querido plantear la LCE como una ley anticorrupción en la cual se establecen límites y prohibiciones para que entidades públicas puedan adquirir lo que necesitan. Por su puesto, esto es motivado por escándalos de corrupción que se han presentado. Ante eso, se han ido implementado reformas que no necesariamente son enfocadas para agilizar y transparentar las compras, sino para prevenir corrupción. Por otro lado, hay una necesidad de las municipalidades de poder ejecutar y llevar a la población, buenos o malos, bienes y servicios, entonces es constante la solicitud de flexibilizar controles, pero se ha pensado en hacerlo sin asegurar que el uso de los recursos sea transparente. Por eso no han prosperado estos esfuerzos.
¿Cómo garantizar la eficiencia de los procesos, pero también la transparencia?
Solo con un enfoque de sistema en el cual la planificación sea un elemento básico. Se debe establecer qué se va a adquirir durante el año y luego se va ejecutando. Toda institución y las municipalidades tienen que saber qué quieren lograr, el resultado a conseguir y entonces decidir y establecer qué bienes y obras, productos o servicios son los que van a necesitar para alcanzar esos resultados. El gran problema que existe es que seguimos amarrados a un sistema en el que el precio es el que determina la modalidad. Por ejemplo, puede haber una compra donde se pretenda adquirir muchísimos cuadernos, pero no hay una complejidad (en el producto) que amerite a que se tenga que hacer mediante una cotización o licitación. Si ya hay proveedores para esos bienes y con qué calidad y precio los ofertan, la adquisición podría ser más ágil e inmediata.
Se ha atribuido la poca eficiencia en las compras a la burocracia de la LCE, ¿pero no tiene que ver también a debilidad en las capacidades institucionales?
Ese es el otro gran desafío que tiene nuestro estado: la profesionalización de los servidores públicos. No existe en el país una carrera de comprador público, son ocasionales los esfuerzos que realizan desde el Ministerio de Finanzas por dar capacitaciones y talleres de cómo aplicar adecuadamente la ley. Sin embargo, la gran rotación que existe en instituciones y la falta de un régimen adecuado de servicio civil hace que cada vez que hay cambios en personal, sea como volver a empezar y eso afecta la eficacia. En estudios que se han realizado hay gran cantidad de procesos de adquisición que se vienen abajo por no cumplir formalidades o requisitos que debieran de cumplirse en forma mecánica.
¿Qué tan urgente es realizar cambios a la LCE y al sistema de compras públicas?
Es tan urgente que hay que hacerlo despacio y hacerlo bien. Debe llevarse a cabo un proceso serio, de análisis profundo trayendo a colación las buenas prácticas que existen en otros lugares de cómo funcionan los sistemas de adquisiciones. Se debe hacer uso de la tecnología y la modernización; asegurar el oportuno pago a proveedores para que incremente competencia e incorporar modalidades que sean adecuadas a las necesidades del país. Y sobre todo, con un fuerte mecanismo de rendición de cuentas y responsabilidad para quienes intervienen en adquisiciones.
