En febrero del 2012, el entonces flamante y recién estrenado ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla anunciaba dentro de sus planes la “evaluación” de un sistema de brazalete electrónico para facilitar el arresto domiciliario o residencial por determinados delitos menores a criterio de juez. Con ello se ofrecía aliviar el problema de hacinamiento carcelario. Parecía un proyecto serio y urgente, pese a que no existía legislación para implementarlo. El tema se volvió a mencionar en el 2014 y en el 2015, año en que hasta el propio López quedó recluido en el sistema penitenciario, donde purga pena por fraude y peculado en el caso Patrullas II.
Pasaron cuatro años. En noviembre del 2016, el Congreso promulgó con 101 votos la Ley de control telemático, la cual establecía, entre otras cosas, que la utilización de un brazalete electrónico de localización requería del consentimiento de la persona y su aceptación de estrictas reglas para gozar de ese beneficio, así como el pago del equipo por parte del procesado en caso de destrucción. Sin embargo, tal implementación parecía también presa por todo un conjunto de intereses encontrados, alambiques políticos y burocráticos.
En el 2017 se emitió el reglamento respectivo y en mayo siguiente se intentó una primera licitación de equipo. Se suspendió por dificultades técnicas. En el 2019, el Gobierno reconoció que no se implementaría. Llegó el gobierno presidido por Alejandro Giammattei Falla, cuya experiencia en el sistema penitenciario generó expectativa de cambios en tal área. En su Plan de Innovación y Desarrollo ofrecía reducir el hacinamiento carcelario, pero en ninguna parte figuraba el control telemático. La pandemia afectó planes, aunque dadas sus características y efectos lo más lógico habría sido acelerar la excarcelación con grillete digital para reducir riesgos sanitarios. Pero no fue así.
El segundo titular de Gobernación de Vamos, Oliverio García Rodas, reactivó el tema en septiembre. La licitación para adquirir tres mil dispositivos se lanzó en el 2021 y fue adjudicada a la empresa Innova Outsourcing, S. A., por Q244 millones. Sin embargo, el tercer ministro, Gendri Reyes, suspendió la compra. Además, había señalamientos de supuesto favoritismo a dicha compañía. Un tercer intento se dio en el 2022. La oferta fue de Q214 millones por parte de la misma empresa. El evento fue anulado por expediente incompleto.
En el cuarto y más reciente concurso, el Gobierno solo recibió una oferta de la empresa Tecnología Acceso y Seguridad, Sociedad Anónima, por Q110 millones para la provisión de dos mil dispositivos para tobillo, así como una central de monitoreo. Aún falta dilucidar el costo que tendrá el inmueble dentro del cual operará, así como la cantidad de personal operativo y administrativo, además de instalaciones informáticas complementarias, servidores, mobiliario, pantallas, cámaras de videovigilancia y servicios de conectividad.
Son más de seis años de rezago desde la promulgación de la ley y más de una década desde aquellos primeros anuncios que carecían de seriedad y eran más bien distractores en el inicio del nefasto gobierno patriotista. Está por verse la capacidad de las autoridades, en el último año de Vamos, para concretar este sistema que podría contribuir a mejorar la seguridad carcelaria y posibilitaría mayor efectividad en las medidas sustitutivas por delitos no letales. A menos que haya personas y sectores interesados en prolongar la prisión para ciertas personas incómodas o en dar continuidad al caos carcelario que para ciertos grupos oscuros y funcionarios venales resulta rentable.
