El martes y el miércoles fueron dos días llamados a tener un lugar en la atribulada historia de América Latina. Por razones distintas, los izquierdistas Pedro Castillo, presidente de Perú, y Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina, fueron alcanzados por las leyes de sus países: el primero dio un autogolpe de Estado (al estilo del innombrable Jorge Serrano, en 1983), y a la segunda un tribunal argentino la condenó a seis años de prisión y la inhabilitó de por vida a participar en política. Estas sorprendentes decisiones cambian en algo o tal vez en mucho el balance latinoamericano entre gobiernos de opuesta ideología, porque muy posiblemente tendrán efectos tanto en la manera de ejercer los gobiernos y la política como en la organización de las elecciones.
Pedro Castillo demostró su escasa capacidad, porque ejerció la presidencia como su victoria por mínima diferencia de 00.39%. Pronto cayó en nepotismo, corrupción y tendencias dictatoriales o al menos autoritarias. Él mismo propició su caída, porque el Congreso tiene la facultad legal de expulsar al presidente y sustituirlo con quien ocupe la vicepresidencia, en este caso Dina Boluarte, una abogada de tendencia izquierdista. El 6 de abril de 1992, Fujimori hizo lo mismo, y por ello fue encarcelado. El riosmontista Jorge Serrano hizo lo mismo en Guatemala el 25 de mayo de 1993. Fue también defenestrado y escapó hacia Panamá, donde radica. Los pretextos fueron los mismos: imposibilidad de gobernar porque la oposición no le permitía hacerlo.
A causa del apoyo de ese 49.875% de quienes votaron en la elección, ha habido protestas en las calles y el país se encuentra en crisis. Pero el populismo de Castillo, una mezcla de etnias, clases sociales, apoyos de sindicatos de dudosa buena intención, pronto provocó rajaduras entre los grupos de apoyo al gobierno, de apenas un año con cinco meses de duración. Es el segundo caso de una expulsión presidencial, y esa capacidad del Congreso parece ser una idea integrante de las constituciones del continente, porque en teoría al menos, es un freno a los desmanes y sobre todo la corrupción, el compadrazgo y el nepotismo. Guatemala debe ser uno de ellos, pero no es el único cambio. (Eso es tema para otro artículo, al ser necesario analizar sus posibles inconvenientes).
En Argentina la situación se parece en el populismo de la ahora condenada a no ejercer más la política, pero es completamente distinta. Se trata de una Sandra Torres del río de la Plata, y una actriz consumada para crear situaciones engañosas. El último ejemplo fue el “atentado” contra su vida, falso como un billete de siete quetzales, y pudo comprobarse con la serenidad de su rostro luego de haber enfrentado a la muerte, la calma de quienes estaban cerca, y la declaratoria de feriado para organizar un desfile en su apoyo, encabezado por el presidente Fernández, para distraer la atención sobre el juicio por corrupción en contra de la además viuda de Ernesto Kirchner. No es momento hoy de señalar la serie de acciones ilegales cometidas por ella y su difunto esposo.
El problema de los actuales gobiernos de derecha o de izquierda, en especial los latinoamericanos, es la corrupción, generalizada, ascendente, descarada, en mayor o menor nivel. Husmear en ese tema sin duda lleva en todos los países a encontrar sorpresas desagradables. Hasta ahora, el único sin aparente mancha de amor por el dinero estatal es el uruguayo José Mujica, cuya militancia ideológica se mantuvo, pero no fue óbice para dejar de vivir con la sencillez de su pequeña granja, de donde salió al palacio de gobierno. Otro factor común es el abuso del poder, conocido como consecuencia del trabajo periodístico, lo cual explica el odio de quienes tienen mucho, demasiado, oculto en el ropero.
