En lugar de buscar la reducción de la burocracia, ya de por sí pesada para los tributantes, el Ejecutivo y su bancada oficialista empujan a marchas forzadas la creación de un nuevo ministerio, denominado paradójicamente “de planificación y gestión pública”, que sustituiría a la actual Secretaría General de Planificación Económica. Esta fue creada en 1997 y sus funciones son más técnicas que políticas, por lo cual, a pesar de distintos despropósitos de sucesivas administraciones, ha constituido una línea comunicante de la administración pública a lo largo de cinco lustros.
La estructura jerárquica del pretendido ministerio con toda seguridad elevará los costos. La eventual liquidación de puestos representará una erogación cuantiosa en indemnizaciones para los trabajadores de la actual Segeplán. Peor todavía, la sustitución puede facilitar una andanada de tráficos de favores por parte de legisladores salientes para colocar a sus allegados, aunque estos no reúnan las calidades necesarias.
Es preocupante el oficioso trámite que el Congreso presidido por Shirley Rivera le ha dado a esta iniciativa, aprobada en segunda lectura el miércoles recién pasado y sin dar la palabra en el hemiciclo a bancadas que la objetan. Legisladores de oposición advierten de que un cambio de tal magnitud en el Estado requiere un debate serio y una aprobación por mayoría absoluta; es decir, 107 votos, y no por mayoría simple, como la acelera el oficialismo.
Esa prisa y cerrazón causa más ojeriza, al considerar que solo le quedan 11 meses y 11 días al período de Giammattei Falla, y solo restan 20 semanas para la primera vuelta de elecciones generales. Como mínima muestra de decencia, este procedimiento amerita un diálogo con aspirantes presidenciales, pero no todos están inscritos y su irrisoria cantidad haría inviable la discusión. Entonces la opción digna sería esperar al resultado de los comicios para encajar la planificación institucional con el relevo de mando.
Ahora bien, el Sistema Nacional de Planificación ya existe en el país, lo que hace falta es que se cumplan las prioridades trazadas en cada ministerio. Crear otro para que revise el anteproyecto de presupuesto del siguiente año elaborado por Finanzas, con base en los requerimientos de cada cartera y los fondos disponibles, más bien parece una supeditación que sería confusa e incluso inconstitucional. Se parecería más al fracasado Centro de Gobierno, creado en el primer año del actual período y que debió ser extinguido a causa de sus duplicidades disfuncionales y onerosas.
Guatemala necesita planificar mejor la inversión pública, sí, para mejorar la educación, la seguridad alimentaria, la infraestructura, la atención de la salud, la productividad económica, la conservación ambiental, la gobernabilidad, la protección de fronteras y una gestión más eficiente del erario, pero esto difícilmente se arreglará con más burocracia, y menos aún si duplica funciones ya existentes en cada dependencia ministerial que se suponen especializadas en su área y las cuales responden al mandatario del país.
Existen otros ruidos en este ministerio imprevisto en el “plan de innovación y desarrollo” de 2019, como centralizar la evaluación de la cooperación internacional, lo cual no solo implicaría un embudo para la ayuda de países amigos, sino, además, implicaría riesgos de discrecionalidad y corrupción.
Se necesita mejorar la planificación, sí. Pero más importante es un liderazgo coherente, ético, veraz, que cumpla los planes trazados, especialmente los ofrecidos durante la campaña electoral, cuando se promete de todo a todos, y más cuando se acarrean varios intentos.
