Tegucigalpa. Las ministras de Coordinación General de Gobierno y de Derechos Humanos, Martha Doblado y Karla Cueva, ratificaron que la educación y la salud no se privatizarán de ninguna forma y que los decretos que crearon a las comisiones para la transformación y mejora de estos sectores tampoco violan los derechos humanos.

Lo anterior fue expresado por las funcionarias en una comparecencia de prensa efectuada en Casa Presidencial.

“En relación a lo que mencionan los gremios en cuanto a la privatización de la educación y de la salud, de manera contundente nosotros desmentimos tales enunciados, obviamente en base a ley y en base a acciones”, expresó la ministra de Coordinación, Martha Doblado.

“Para el caso”, agregó, “el PCM 27, que crea la Comisión de Educación, es una comisión de acompañamiento, es una comisión asesora y está integrada por notables, como representantes de ASJ, Visión Mundial, así como de universidades, y en la Constitución de la República está absolutamente consagrado que la educación es una función del Estado”.

Doblado dijo que en el tema de salud también se tiene una comisión donde la Organización de las Naciones Unidas tiene un representante que acompaña y asesora para lograr la implementación del plan estratégico con el que se transformará todo el sistema en cuanto a la mejora en la prestación del servicio.

“Pero (eso se ejecutará) usando a la gente que ya está contratada, entre médicos, personal auxiliar y administrativo, porque la salud y la educación son públicas y no se pueden privatizar”, aclaró.

Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, indicó que la aprobación de un Decreto Ejecutivo representa una alta responsabilidad para un servidor o servidora pública, “y más cuando las acciones que se impulsan tras éste deben impactar en los derechos y en la vida de las personas”.

“La Secretaría de Derechos Humanos, cada vez que un decreto o un proyecto de ley es puesto a su consideración, analiza de manera profunda su coherencia y si cumple con la normativa vigente en el país”, afirmó.

“En el caso de que se tratara de la implicación hacia los derechos humanos, y especialmente hacia los derechos de aquellas poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad y pobreza, también se hace un análisis de su pertinencia con los estándares de todo los derechos humanos y tratados que Honduras ha ratificado y hacia los cuales se ha comprometido”, señaló Cueva.

“En el caso de los PCM (decretos ejecutivos), que hablaba la ministra Martha Doblado, esta Secretaría no encontró en el análisis y las valoraciones evidencia o elementos que tendieran a menoscabar los derechos de la población más vulnerable”, sustentó.

Cueva adicionó que “como Secretaría de Derechos Humanos nos hemos pronunciado contundentemente en otros temas que son sensibles para la población y en este caso particular tenemos el deber de advertir si con estos decretos se llegaran a violentar los derechos fundamentales de la población, pero no ocurre así en este caso”, reiteró.

“No se violentan ni el derecho a la educación, ni a la salud pública y gratuita con estos decretos”, insistió.

“Ya lo hemos hablado con el presidente Juan Orlando Hernández y podemos garantizarle al pueblo hondureño, y puedo empeñar mi palabra, que los servicios de educación y salud no serán privatizados”, concluyó la titular de Derechos Humanos.