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Médicos en Panamá se suman a protestas contra acuerdo minero

PANAMÁ (AP) — Los médicos de los hospitales públicos de Panamá iniciaron el miércoles una huelga en respaldo a las protestas que exigen la eliminación de un contrato minero entre el Estado y una empresa de capital canadiense para seguir extrayendo cobre en una amplia zona boscosa, mientras continuaban por tercer día los cierres de carreteras y marchas en la capital y en el interior del país.

En tanto, los educadores, que junto a los obreros de la construcción han liderado las masivas protestas durante la semana, aprobaron extender el paro por 48 horas más al tiempo que realizaban marchas y concentraciones en varios puntos del país.

El miércoles galenos y personal de salud de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social iniciaron un paro de 72 horas en los hospitales públicos del país. “Salud para la población, no a la minería”, se leía en un cartel que exhibía una funcionaria durante una manifestación en el predio de un hospital público en la capital.

“Reconocemos la gravedad de la aprobación de esta ley que a todas luces es inconstitucional en abierta oposición al pueblo panameño y que se constituye en un atraco a las riquezas naturales”, dijo el gremio médico en un comunicado al tiempo que convocó a una vigilia.

Las protestas y cierres de carreteras han comenzado a crear desabastecimiento y encarecimiento de los precios de vegetales y legumbres en los principales mercados de abasto. En tanto, los productores de sectores como el avícola y de carne expresaron preocupación por los bloqueos.

Las protestas se recrudecieron luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionó y promulgó el viernes con rapidez la ley del contrato con una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals que había sido aprobado antes por el Legislativo a pesar del rechazo popular.

Se trata de un nuevo contrato que otorga a la empresa minera el derecho de extraer, procesar y exportar cobre y minerales afines por un periodo de 20 años —prorrogable por 20 más—- en cuatro zonas de 12.955 hectáreas al norte del país, una actividad que ya venía desarrollándose desde que se dieron en concesión esos yacimientos a fines de la década de 1990.

Se estima que esta es la mayor inversión privada en la historia de Panamá, con más de 6.000 millones de dólares, y la mayor mina de su tipo en Centroamérica.

Los críticos rechazan el contrato porque consideran que otorga demasiadas concesiones a la minera y que tendría un fuerte impacto medioambiental y pondría en riesgo el recurso hídrico, vital para el consumo humano. También mencionan que podría verse incluso afectada la futura operación del canal interoceánico, ya golpeado por el cambio climático y la sequía.

El gobierno de Cortizo defiende a capa y espada el contrato argumentando que garantiza empleo a 9.000 trabajadores y dará al Estado un ingreso mínimo anual por la concesión de 375 millones de dólares por parte de la empresa, la cual reportó exportaciones por 2.850 millones de dólares en 2022 y resaltó que aportó el 4,8% del Producto Interno Bruto panameño en 2021.