Nicaragua

Régimen Ortega-Murillo compró 122 camionetas entre marzo y diciembre de 2018

Las compras estatales de vehículos, especialmente de camionetas doble cabina de marcas Toyota y Nissan, se elevaron en 2018. El tercer informe de Transparencia Nicaragua, a través de su iniciativa Observatorio Compras Nicaragua, revela que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sus instituciones, mandó a comprar 122 camionetas, durante los meses de mayor represión contra la protesta ciudadana.

Entre marzo y diciembre de 2018, refiere el informe, un total de 16 instituciones públicas realizaron 34 procedimientos de compras para adquirir en su mayoría camionetas y en una menor proporción motocicletas u otros vehículos. En total, en 2018 las 16 instituciones analizadas adquirieron 122 camionetas, 102 motocicletas y 22 vehículos sedan.

La seis instituciones que más camionetas compraron en 2018 fueron el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Supremo Electoral (CSE), Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) y la Dirección General de Ingresos (DGI). En total, entre estas seis instituciones se concentró la adquisición del 79.5 por ciento de las camionetas, es decir, 97 de las 122 que se compraron en 2018.

A su vez, las mismas seis instituciones abarcaron el 89% del total de motocicletas compradas y el 91% de los vehículos sedan adquiridos.

La diferencia entre las compras de 2018 con las de 2019 es abismal, según la investigación. En total, el año pasado solo 11 instituciones públicas realizaron 16 procedimientos de compras para adquirir camionetas (20), motocicletas (22) y otros vehículos como sedan (1) y microbuses (4).

En el 2018, el gasto en la adquisición de vehículos en general ascendió a un poco más de 130 millones de córdobas, equivalente a un poco más de cuatro millones de dólares, monto del que se gastó el 84% en las compras de las camionetas. En contraste, en el 2019 el gasto en la adquisición de vehículos solo llegó a un poco más de C$28 millones de córdobas.

Las fuentes de financiamiento en las compras de los vehículos en 2018, detalla el informe, fueron en su mayoría del Gobierno de Nicaragua, aunque también se registró recursos externos del Banco Mundial, Fondo Mundial, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), entre otros.

Dayra Valle, de Transparencia Nicaragua, resaltó que las camionetas que se compraron en 2018 tenían características “similares” a las que se usaron durante la represión de las protestas sociales, tales como las temidas Hilux marca Toyota, las cuales aparecen en docenas de videos en los que se aprecia a civiles armados progobierno. Sin embargo, resaltó que no se puede demostrar que los vehículos comprados en 2018 por estas 16 instituciones hayan sido utilizados para ese fin.

La también abogada y máster en Gestión y Políticas Públicas, señala que los procesos para estas adquisiciones  se dieron “bastante rápido”, ya que notaron que “en las especificaciones técnicas se solicitó que la entrega del bien se diera en un tiempo de entre 15 días y un mes a partir de la adjudicación, no se daba mucho tiempo”.

CSE violenta Ley de Contrataciones 

El informe de Transparencia Nicaragua revela además que la mayoría de las compras de las camionetas en 2018 fueron realizadas por procedimientos acordes a los montos estimados. Sin embargo, critican el uso de la modalidad de contratación “simplificada” que usó el Consejo Supremo Electoral en la compra de 19 camionetas.

“El Consejo Supremo Electoral realizó sus dos contrataciones, para las 19 camionetas que compraron y las 12 motocicletas, fueron bajo el procedimiento de contratación simplificada, el cual ya decíamos es un proceso excepcional”, aseguró Valle.

La abogada detalla que el CSE incurre en una “ilegalidad” al usar el procedimiento de “contratación simplificada”, pues la compra no cumplía con ninguna de las diez causales que establece el artículo 58 de la Ley 737, Ley de Contrataciones del Sector Público.

“Evaluamos las causales que exponen y ninguna de las causales estaba en la situación que ellos alegaban, porque señalaban que la compra de las camionetas se iban a utilizar en las elecciones de la Costa Caribe, que iban a realizarse en marzo de 2019 y el procedimiento para la compra se realizó desde el mes de octubre de 2018. Entonces, sabemos que en el proceso electoral hay un calendario muy específico y la compra se hizo con suficiente antelación, por ende, no debió haber utilizado este procedimiento. Es decir, aquí hay una gran ilegalidad de parte del Consejo Supremo Electoral”, señala.

Policía da información incompleta 

Otro de los hallazgos de Transparencia Nicaragua fueron cuatro planificaciones de compra de medios de transporte, con financiamiento externo, que tenía previstas realizar la Policía Nacional en 2018, pero que al final no reportó que se hiciera la adquisición en ninguno de sus 88 procedimientos de compra de ese año.

“En el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del 2018 de la Policía se encuentran planificadas varias adquisiciones de compra de medios de transporte. No obstante, no aparecen publicados en el SISCAE (Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónico) como ejecutados en los procedimientos de compras que realizó esta institución que en total publicó 88”, detalla el informe.

En total, según los detalles de Transparencia Nicaragua, la Policía tenía previsto gastar más de 19 millones de córdobas en medios de transporte. Sin embargo, no reportó que se ejecutara dicha adquisición. 

“Puede hacerse varias hipótesis con este tipo de situaciones donde se planifica, pero no hay rastros públicos de que se haya ejecutado. Pudo ocurrir que se planificó la adquisición y no se realizó, pero también está la otra hipótesis  de que se planificó y se hizo, pero no se publicó en el sistema”, afirma Valle.

La abogada asegura que, en caso que una institución no publique sus procedimientos de adquisiciones o compras en el SISCAE, a través de su portal www.nicaraguacompra.gob.ni , incurre en incumplimiento de la ley.

“Si una institución incumpliera con la publicación del procedimiento habría una violación al artículo 6 de la Ley de Contrataciones, específicamente, al principio de publicidad, transparencia y de debido proceso”, señala.

Apunta a su vez que, en el artículo 63 y 64 de la Ley de Contrataciones se establece la obligatoriedad del uso del sistema SISCAE y menciona, específicamente, que los organismos y entidades del sector público deberán usar el sistema de carácter obligatorio, pues “un acto administrativo es importante que se publique porque le da su efecto jurídico”.

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