Nicaragua

Régimen orteguista imputa nuevo delito a preso político con orden de libertad

Un día antes que el preso político Carlos Alberto Bonilla López cumpliera su condena, este 21 de enero, el Ministerio Público lo acusó por el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas, evitando de esta forma que salga de la cárcel donde se encuentra recluido desde el 21 de enero de 2020. Bonilla deberá enfrentar –ahora–otro proceso judicial, el tercero en los últimos dos años y medio.

Yonarqui Martínez, abogada del Bonilla, explicó que este jueves 21 de enero el Poder Judicial emitió la orden de libertad para su defendido por haber cumplido su condena de 12 meses, pero éste no fue excarcelado. Al día siguiente, Martínez decidió indagar en el sistema electrónico la razón por la que Bonilla permanecía en el Sistema Penitenciario Nacional y fue de ese manara que se encontró que había una nueva acusación.

Bonilla es uno de los presos políticos que permanecen en celdas de máxima seguridad en la cárcel La Modelo, en Tipitapa, por lo que su abogada, valora, que “es absurdo” que haya podido cometer el delito. “Me es difícil creer que eso sea cierto y yo voy a seguir manteniendo la misma postura”, subrayó Martínez.

Según la abogada, el preso político “ya había expresado a sus familiares eso, que lo querían dejar retenido”. Sin embargo, ayer jueves que fue girada la orden de libertad “esa acusación no aparecía en el sistema”, puntualizó Martínez.

Tres procesos judiciales

A mediados de 2018, cuando se gestaron protestas masivas contra el régimen de Daniel Ortega, Carlos Bonilla fue arrestado por primera vez. En esa ocasión fue condenado a 90 años de prisión acusado por el asesinato del policía antimotín Hilton Rafael Manzanares Alvarado, y del asesinato en grado de frustración de otros cuatro agentes, pero solo cumplió 11 meses de cárcel debido a la puesta en vigencia de la ley 996, Ley de Amnistía, en julio de 2019.

Luego de haber sido excarcelado, Bonilla fue víctima de asedio policial. Se fue al exilio el 8 de septiembre del 2019  y regresó el 15 de enero del 2020 para celebrar el cumpleaños de su hija. Una semana después fue capturado, acusado y condenado a 12 meses de cárcel por tenencia ilegal de arma de fuego.

En la cárcel, Bonilla ha permanecido aislado de los otros reos y, en junio de 2020, sus familiares denunciaron que presentó síntomas de covid-19, pero que no tuvo acceso a atención médica.

El nuevo proceso judicial en contra de Bonilla se encuentra en el juzgado quinto local pena de Managua, a cargo de la juez Nalia Nadezdha Úbeda Obando, por lo que el preso político deberá permanecer en prisión preventiva hasta que sea juzgado por tercera vez.

Ya existe un precedente negativo

La nueva acusación en contra de Bonilla trajo a la memoria colectiva el caso de Marvin Vargas, el primer preso político del régimen de Daniel Ortega. A Vargas también se le conoce como “El Cachorro”, por haber dirigido el movimiento Cachorros de Sandino. Fue detenido el 8 de mayo de 2011 por un operativo de fuerzas especiales de la Policía Nacional, siendo trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, supuestamente por el delito de terrorismo, aunque fue acusado por el delito de estafa en perjuicio de personas a las cuales no conocía y remitido al centro penitenciario de Tipitapa.

La detención ocurrió cuatro meses después de una protesta en la que Vargas amenazó con realizar una operación militar, fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión, período en el cual fue aislado y confinado en la Galería 300, conocida como El Infiernillo. Luego de cumplir esa condena, no fue liberado y permaneció seis meses detenido ilegalmente. Durante ese período, le fue autorizada una visita conyugal y luego de la misma, fue sometido a un “operativo”, donde supuestamente le encontraron droga, siendo nuevamente sometido a un juicio por tráfico interno de estupefacientes y condenado a 12 años de prisión, impidiendo de esta forma su libertad.

“De esta forma perversa y cobarde están aplicando desde hace tiempo la prisión perpetua en Nicaragua”, valoró la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez. “Es imperdonable que a Carlos Bonilla le estén imputando tráfico de drogas ya después que obtuvo la orden de libertad, es indignante, es exactamente lo mismo que le hicieron a Marvin Vargas”, subrayó.

Esta semana el régimen de Ortega legalizó la pena de cadena perpetua en el país para los delitos de femicidio, parricidio y asesinato agravado. Opositores y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la misma es una amenaza para quienes adversan al régimen de Ortega.

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