El asesor de la Itaipú Binacional, Alejandro Sasha Evreinoff, advirtió que lejos de ser una buena iniciativa, la propuesta parlamentaria que propone destinar los gastos sociales de las binacionales al Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) tendrá consecuencias muy negativas para nuestro país y que el Brasil podrá sacar provecho.
Alejandro Sasha Evreinoff, asesor de la Itaipú, afirmó a la radio 650 AM que sí se justifica el veto presidencial al proyecto de ley que busca incluir los gastos sociales de las binacionales en el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN).
"El tratado de Itaipú es un acuerdo internacional entre dos países. Según la pirámide de Kelsen, una ley no puede regir por encima de un tratado. El proyecto de la diputada Kattya González sobre los gastos sociales está mal elaborado. Por donde se lo mire está mal”, aseguró.
El asesor explicó que el Anexo A del tratado de Itaipú habla sobre los estatutos, de cómo será administrada, porque es un órgano independiente a los dos estados, por lo que tiene capacidad jurídica, administrativa y financiera. Hasta tiene el derecho de adquirir créditos sin que esto afecte a ninguno de los dos países.
De aplicarse el planteamiento de la congresista, según consideró Evreinoff, se tendrá que necesariamente cambiar tanto el Anexo A como el C. "Se pueden transferir gastos sociales, pero el procedimiento en el proyecto está errado, no se puede hacer por una ley unilateral”, indicó.
Así también señaló que, al ser una entidad sin fines de lucro, los egresos deben ser iguales a los ingresos en la Itaipú Binacional y que al aplicarse la intención legislativa, se tendrá que reducir la tarifa de la energía al conceder una parte de los egresos.
Aseguró que es gravísimo lo que se desea hacer, porque luego el lado brasileño podrá sacar provecho a su favor cuando se renegocie el Anexo C. “Brasil puede sacar una ley que diga que son dueños del 80% de la producción de energía, tal como lo vienen consumiendo actualmente, y diga que hay un precedente porque nosotros ya lo hicimos con una ley en el 2020”, advirtió.
“El brasilero es mbareté, el bandeirante es invasor. Es fácil pararte sobre tu curul y gritar cuando uno no sabe lo que se lucha día a día. Cuidado con lo que hacen los diputados. Busquemos mejores mecanismos para el control”, argumentó.
Como respuesta dijo que podría implementarse un convenio con las instituciones y entes públicos, por ejemplo al construirse un puente se beneficiará al MOPC. Entonces, se firmará un convenio entre Itaipú y el MOPC, para eso el MOPC deberá presentar un proyecto de ampliación presupuestaria al Congreso y así sí se podrá incluir al Presupuesto. Luego el MOPC deberá llamar a licitación para finalmente construir el puente.
Una mujer falleció ayer en Luque por causas todavía desconocidas. El marido dijo que la señora presentaba síntomas de coronavirus, pero el hijo de 11 años contó que la noche anterior vio cuando su padre tomaba del cuello a su madre.
El fiscal Silvio Alegre ordenó la autopsia de Eva Villansti Armoa (29), hallada muerta ayer en su domicilio de Luque, con algunas escoriaciones en el cuello. Su hijo de 11 años fue quien la encontró sin vida en la mañana del lunes.
“A más tardar al mediodía tendríamos los resultados, pedimos la autopsia en base a lo que dijo el niño, contó que vio que su padre le tomaba del cuello a su madre”, explicó el fiscal Alegre en comunicación con la 730 AM.
Jorge Manuel Domínguez (36) está convocado esta mañana para una declaración indagatoria, en la que tendrá oportunidad de dar su versión de lo sucedido. Hasta ahora solo se tienen los datos que proporcionó a la Policía, de que supuestamente la mujer presentaba síntomas de coronavirus.
Mientras tanto Domínguez está detenido, a la espera de los resultados de la autopsia que será determinante para la investigación. Paralelamente se recibieron testimonios de permanente violencia dentro de la pareja.
Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, advirtió que la reciente ley del uso obligatorio del tapabocas es muy peligrosa porque la misma coarta libertades individuales y sanciona a terceros por algo que hizo otra persona. Además criticó que la redacción de la normativa es muy deficiente y presta a interpretaciones.
En entrevista con el canal Gen, el abogado Manuel Riera expresó su postura en contra de la reciente normativa que establece el uso obligatorio del tapabocas y sanciona su incumplimiento. En ese sentido cuestionó que es una ley sumamente autoritaria que coarta libertades. “La normativa castiga y vulnera varios valores jurídicos”, aseguró.
Si bien dijo que no es imposible de cumplirla sino que es incontrolable, porque descuida lo que desea proteger y castiga a unos por culpa de otros. "Es una redacción deficiente que tiene que alertarse a las personas que están afectadas por este tema. No es claro a quién finalmente se sancionará”, mencionó.
Riera indicó que en el ámbito de la descentralización se genera una cuestión aún más difícil de aplicar, porque la autoridad de aplicación es la municipalidad y siempre esta institución apuesta por la descentralización y escribe su ordenanza a su parecer.
“Es tremendamente peligrosa una ley que castiga a gente que no está incumpliendo, sino que por culpa de otras personas”, puntualizó.
Según la normativa, los encargados de los locales comerciales que no exijan la mascarilla a sus clientes se exponen a multas y al cierre de sus establecimientos.
Walter Gutiérrez, viceministro de Planificación del Ministerio de la Niñez, manifestó que el equipo ‘Dispositivo de Respuesta Inmediata – Calle o DRI – Call’, realiza el abordaje y monitoreo de niños, niñas y adolescente en situación de calle en Asunción y Área Metropolitana, debido al incremento de casos de mayo a noviembre de este año.
El alto funcionario detalló que, mediante la intensificación de los controles en las calles, apuntan a la protección inmediata de niños, niñas y adolescentes. Dentro de los programas sociales que lleva a cabo el Ministerio de la Niñez, observaron un incremento de la cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y trabajo infantil, según comentó.
Al respecto, detalló que elaboraron un equipo denominado ‘Dispositivo de Respuesta Inmediata – Calle o DRI – Call’ que se encarga del abordaje y monitoreo en la vía pública, específicamente en Asunción y Área Metropolitana.
“Se hallaron entre mayo y noviembre, más de 1.000 casos de niños que estaban en situación de trabajo infantil en la vía pública, entre las ciudades figuran Asunción, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Mariano R. Alonso y Ñemby, ya que son áreas de influencia de este equipo de lunes a lunes”, expresó en contacto con 650 AM.
Gutiérrez indicó que gracias al trabajo sistematizado que están realizando, se tiene con precisión de dónde son estos niños, a quiénes acompañan, además de verificar si sus familias pertenecen o no a algún programa social y si los casos ya fueron derivados a Codeni o a la Defensoría de la Niñez.
Precisó que el equipo realiza 100 abordajes por día y los casos se dividen en graves y menos grave.
“Los menos graves serían que estén como vendedores ambulantes o limpiavidrios y los graves son los que están en situación de calle y de consumo, sin vínculo de familiar”, comentó.
Al mismo tiempo indicó que más de 150 niños están protegidos dentro de los albergues de 24 horas de manera diaria.
Por otra parte, dijo que el Programa Abrazo cuenta con 43 centros de atención en todo el país, en Asunción y en otros 10 departamentos.
Finalmente, el viceministro recordó que el trabajo infantil está prohibido por la ley y que está regulado a partir de la adolescencia. Instó a la ciudadanía que, ante el conocimiento de algún niño, niña o adolescente en situación de vulnerabilidad, favor denunciar o contactar al 147 Fono Ayuda o al 911 de la Policía Nacional.
