El gobernador de Itapúa Alberto Schmalko hizo referencia hoy a la situación epidemiológica por la que atraviesa el departamento. Sugiere declarar emergencia sanitaria y suspender las clases presenciales.
En conferencia de prensa realizada hoy, Shmalko dijo que es necesario el cumplimiento del decreto presidencial que hace referencia a las normativas sanitarias.
Itapúa, séptimo departamento del país está a tope con los casos de covid-19. El último reporte da cuenta de más de 1.200 nuevas personas que padecen de la enfermedad.
De los treinta distritos que tiene la localidad, Cambyretâ y Encarnación son las zonas más afectadas. Coronel Bogado y Tomás Romero Pereira asimismo registran aumentos importantes.
Entre las sugerencias hechas por el gobernador, la más importante es la suspensión temporal de las clases presenciales, en salvaguarda de la integridad de alumnos y maestros.
La multibancada del PLRA en la Cámara de Diputados tomó la decisión de impulsar el juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez, esto como consecuencia de la crisis que se generó luego de las multitudinarias manifestaciones ciudadanas.
Tras una reunión desarrollada esta tarde en la sede del Congreso Nacional, las cuatro bancadas del Partido Liberal en la Cámara Baja (integradas por 29 diputados) decidieron unir fuerzas para impulsar el juicio político contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
El anuncio fue realizado por el diputado Celso Kennedy, quien señaló que tanto Mario Abdo Benítez como Hugo Velázquez serán incluidos en el pedido de juicio político “para responder al reclamo ciudadano”.
Los diputados Rodrigo Blanco, Jorge Avalos Mariño y Celeste Amarilla serán los encargados de la redacción del libelo acusatorio, el cual estaría terminado para este fin de semana.
Una vez que se cuente con un borrador, el mismo será presentado a las demás bancadas de la Cámara de Diputados, a fin de promover el pedido de juicio político a Abdo Benítez y Velázquez tratando de sumar la mayor cantidad de votos posibles.
“La decisión fue unánime”, destacó la diputada Celeste Amarilla, haciendo énfasis en el hecho de que se pudo lograr un consenso para este planteamiento.
“En este momento hay que hacer lo que el pueblo pide y desde hace días esto es lo que pide a gritos”, indicó la parlamentaria, refiriéndose al principal pedido de los ciudadanos autoconvocados que impulsan las manifestaciones que se vienen realizando desde el viernes.
Cabe recordar que se requieren de 53 votos en la Cámara de Diputados para aprobar el libelo acusatorio. En caso de que se consigan los votos necesarios, iniciará el proceso de juicio político en el Senado.
El ministro de Salud, Julio Borba, aún no supo precisar la fecha de llegada de las vacunas contra el COVID-19 que forman parte del Mecanismo COVAX, aunque las estimaciones dan cuenta de que llegarían este mes. No descartó un eventual viaje para negociar la compra de más dosis de Rusia.
En la tarde de este lunes, el ministro de Salud Pública mantuvo una reunión con el canciller nacional, Euclides, Acevedo, a fin de analizar la cuestión concerniente a la importación de vacunas contra el COVID-19 para Paraguay.
Tras el encuentro entre ambas autoridades, Julio Borba confirmó que aún continúa la negociación para lograr la adquisición de más vacunas mientras que se aguardan noticias sobre el lote prometido por la OMS como parte del Mecanismo COVAX.
Respecto a este punto, señaló que el miércoles tendrá información certera por parte del organismo internacional sobre la llegada de vacunas a suelo paraguayo, por lo que se mantendrá la expectativa en torno al tema.
El lote consistiría en 36.000 vacunas contra el COVID-19 cuyo arribo se concretaría en alguna fecha de este mes de marzo. “Vamos a estar anunciando en el momento”, añadió.
Borba también afirmó que la capacidad de producción de las empresas fabricantes sobrepasa a la necesidad existente a nivel mundial, negando así que la falta de dosis para Paraguay pase por una falta de capacidad de gestión.
Igualmente, recordó que Paraguay no había solicitado adherirse a la provisión de vacunas fabricadas por Pfizer y BioNTech debido a que las mismas requieren otro tipo de almacenamiento y conservación distinta a la disponible en el país.
Sobre la posibilidad de realizar un viaje a Rusia para negociar la compra de más vacunas Sputnik V, sostuvo que “es una opción válida” y que están viendo la factibilidad. En caso de darse tal escenario, se enviaría a un representante de la cancillería paraguaya y otro del Ministerio de Salud Pública.
La Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines se expone a una multimillonaria pérdida económica de ratificarse el pago del IVA exigido por el Ministerio de Hacienda.
El caso se remonta al 2014. La Caja Bancaria empezó a emitir créditos a sus asociados desde entonces, generando impuestos no retenidos por un valor de 36 mil millones de guaraníes.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había fallado a favor del Ministerio de Hacienda, obligando a la Caja al pago de dicho monto en concepto de IVA.
La Caja Bancaria recurrió al Tribunal de Cuentas para rechazar la imposición judicial que tuvo respaldo de la Subsecretaría de Estado de Tributación en la aplicación del IVA, pero desestimada por unanimidad por el Tribunal.
La liquidación original del sumario representó la suma de 36.000 millones de guaraníes, pero con las reconsideraciones y apelaciones presentadas bajó a 29.000 y luego a 18.000 millones, incluso abriéndose la posibilidad de realizar pagos fraccionados.
Se excluyó la calificación de defraudación y se concluyó que sólo fue una omisión de pago. Sin embargo, la Abogacía del Tesoro refutó la decisión del Tribunal de Cuentas ante la CSJ y esa acción aún no tiene resolución.
La Subsecretaría de Estado de Tributación en su momento aseguró que no existe delito en sí en el proceder de la Caja Bancaria, que al conceder los préstamos no aplicaba el IVA a sus asociados.
Funcionarios de la Caja Bancaria aseguran que esas omisiones son responsabilidad del presidente José Caballero y el Consejo Directivo, ya que los prestatarios desconocían las exigencias tributarias.
Asimismo creen que existirían ciertos manejos dudosos en el expediente por parte de los miembros que integran la sala donde se tramita la acción.
Estos son Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes fallaron el año pasado en favor de Hacienda.
