
Representantes de dos magistrados destituidos en un juicio político en el 2003, pidieron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia contra el Estado Paraguayo por violar la independencia judicial, mientras que los agentes estatales afirmaron que todo se realizó a derecho.
Fuente: EFE
El caso se refiere a una serie de presuntas violaciones a los derechos de Bonifacio Ríos Ávalos, presidente de la Corte Suprema de la época, y del entonces magistrado Carlos Fernández Gadea, ya fallecido, quienes fueron destituidos por "mal desempeño", lo que, según la demanda, conllevó un alto nivel de discrecionalidad.
En el cierre de la audiencia de 3 días por este caso, Edgar Ralón, agente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva los casos a la CorteIDH, manifestó que "el juicio político no cumplió con el principio de independencia judicial, no hubo reglas claras que garantizaran el debido proceso" y que se efectuó con "una causal vaga" que permitió que se enjuiciaran a los magistrados por sus decisiones judiciales.
También señaló que no hubo una vía para que los magistrados apelaran la destitución y que todo este proceso se enmarcó en un "contexto de remoción de altos cargos judiciales como parte de un proyecto político" del entonces presidente Nicanor Duarte.
Por su parte, Sara Parquet, una de las representantes de las presuntas víctimas, afirmó que los magistrados fueron enjuiciados políticamente por supuestos actos de corrupción que no tenían sustento y que nunca fueron comprobados.
"Nadie pretende eliminar el juicio político y que no exista control mutuo entre poderes. Lo que se pretende es que tengan estándares y se respetan los derechos y garantías de las personas que son sometidas a este tipo de juicios", expresó.
Los demandantes solicitaron, entre otros cosas, que se restituya a Ríos en un cargo en el Poder Judicial, indemnizaciones económicas para Ríos y la familia de Fernández Gadea, así como garantías de no repetición de los hechos.
Por su parte, el procurador general de la República, Juan Rafael Caballero, afirmó que el Estado "no violó derecho humano alguno" en este caso, pues los magistrados gozaron del derecho a la defensa y "se cumplieron todas las garantías del debido proceso".
Caballero aseguró que tampoco se violentó la independencia judicial, pues considera que el proceso se llevó a cabo respetando la Constitución paraguaya.
El procurador también recordó que las destituciones fueron aprobadas de forma unánime en el Senado y que un juicio político "no es penal y no persigue castigar sino separar del cargo", y que se trata de un "juicio de responsabilidad política reservado para quienes desempeñan altas funciones".
Tras finalizada este miércoles la audiencia, las partes tienen un plazo de un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces los jueces emitirán una sentencia dentro de los siguientes meses.
La CorteIDH tiene su sede en Costa Rica pero debido a la pandemia de la covid-19 las audiencias las lleva a cabo por vídeo conferencia. EFE
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) informó que este miércoles se activó el "Código amarillo" del plan de contingencia. Un total de 37 alimentadores quedaron fuera de servicio en Asunción y el área metropolitana.
El "Código amarillo" implica el apoyo de unas 20 cuadrillas adicionales para la reposición del servicio de energía eléctrica en las zonas afectadas.
La ANDE informó que desde el inicio del temporal de la tarde-noche de este miércoles, unos 37 alimentadores de energía eléctrica quedaron fuera de servicio.
A estas horas, ya fueron repuestas 15 líneas de Media Tensión, persistiendo aún en verificación las zonas alimentadas por los Centros de Distribución de Puerto Sajonia, Puerto Botánico, Villa Aurelia, General Díaz, Republicano, Parque Caballero, San Miguel en Asunción, Mariano Roque Alonso, Luque, San Lorenzo, Lambaré, Itauguá, Capiatá, Fernando de la Mora, entre otros.
De acuerdo al informe de la Ande, dichas líneas de Media Tensión ya están siendo verificadas por los técnicos del área de operación y se encuentran en proceso de reposición, priorizando zonas de hospitales, centros de salud y empresas proveedoras de agua potable, e instituciones de seguridad pública.
Cabe recordar que para el registro de los reclamos se debe ingresar a la página web http://ande.gov.py, a través de la App Mi ANDE, o llamando al Contact Center (021160).
El Gobierno anunció este miércoles que se establecerá un sistema de compras simplificadas para adquirir los medicamentos faltantes para pacientes con COVID-19. Asimismo, aseguran que se dará una asistencia económica directa a los familiares de los internados.
El Ministerio de Salud y Hacienda convocaron a una conferencia de prensa de manera urgente en la noche de este miércoles. La misma estuvo a cargo del viceministro de Salud, Julio Rolón y la viceministra de Economía, Carmen Marín.
“Hemos definido algunas líneas de acción respecto a los medicamentos e insumos requeridos. En primer lugar queremos informales que vamos a establecer mecanismos específicos para el procedimiento simplificado de compras”, anunció la viceministra Marín.
Explicó además que los recursos están “plenamente disponibles” en el marco del presupuesto del Ministerio de Salud para las compras y entre Hacienda y Salud trabajan para establecer los procedimientos adecuados, también para la asistencia directa a los familiares de pacientes que requieran los medicamentos.
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AHORA: Conferencia de prensa del Ministerio de Salud, tratan sobre la compra de insumos médicos. Hablan Carmen Marín, Viceministra de Economía y el Dr. Julio Rolón, Viceministro de Salud.
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“QUEREMOS TRANSMITIR TRANQUILIDAD”
El viceministro de Salud, Julio Rolón, expresó que desde el inicio de la pandemia “se vienen realizando las gestiones” que se necesitan para la adquisición de medicamentos e insumos.
“Queremos transmitir a la ciudadanía tranquilidad y más que nada seguridad de que estamos haciendo todo lo que podemos hacer. El midazolam y atracurio (fármacos para pacientes internados en terapia intensiva) hoy están en los hospitales”, sostuvo Rolón.
Por otra parte, Rolón instó a sus colegas médicos a que “no usen esta situación para hacer campaña y ganar protagonismo”. Enfatizó que “los medicamentos están y pregunten a sus directores de hospitales”.
El Ministerio de Salud reportó 1.341 nuevos casos positivos de COVID-19 en el país. La cifra de pacientes internados actualmente es de 1.103 y se suman otros 21 fallecidos.
En su informe diario, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se procesaron 3.551 muestras, de las cuales 1.341 arrojaron resultados positivos. Todos los casos son comunitarios.
Se dieron además 21 nuevos fallecidos a causa de la enfermedad pandémica, llegando a un total de 3.239 decesos.
A la fecha hay unos 1.103 pacientes internados, de los cuales 270 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
Por otra parte, se registraron 993 pacientes recuperados, sumando así 136.366.
Con las nuevas cifras, el total de casos confirmados de COVID-19 en el país es de 162.871, desde el inicio de la pandemia.