La Junta Municipal de Asunción encomienda a la Intendencia una medida cautelar de urgencia para liberar los itinerarios de la capital usufructuados por los empresarios del transporte que anuncian un paro.
El presidente de la Junta de Asunción, Humberto Blasco, encomendará hoy a la Intendencia una medida cautelar de urgencia que libere los itinerarios de la Capital que cubren los transportistas que anunciaron un paro el 8 y 9 de marzo.
La intención es garantizar el traslado de los trabajadores, estudiantes y ususarios en general a sus respectivos destinos.
La medida contempla además el despliegue de “todos” los efectivos de la Policía Municipal de Tránsito para facilitar la aplicación de la misma y para guiar la circulación.
Si la iniciativa prospera, cualquier ciudadano propietario de un bus podrá usufructura los itinerarios pertenecientes a las empresas en paro.
Integrantes de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) expresaron su repudio hacia el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, por responsabilizarlos de la falta de medicamentos.
“Repudiamos las irresponsables declaraciones del Dr. Sequera. Los enfermeros de todo el país estamos cuidando con nuestras vidas de todo el pueblo paraguaya. No aceptaremos ser tratados de ladrones. Exigimos una renuncia”, dice la publicación de la Asociación Paraguaya de Enfermería. En su cuenta de Twitter.
El tuit adjunta la imagen de un programa de televisión, cuyo zócalo describe que Sequera echaba la culpa a médicos y enfermeros por la falta de medicamentos en los hospitales.
El Ministerio de Hacienda y el de Salud Pública anunciaron anoche que implementará un sistema de compras simplificado para adquirir los insumos que hoy deben comprar los pacientes con Covi-19 y que además darán asistencia económica directa a los familiares de los afectados.
La convocatoria de prensa de última hora llegó empujada por una jornada marcada de protestas de funcionarios de blanco y de la ciudadanía, por la falta de medicamentos.
Representantes de dos magistrados destituidos en un juicio político en el 2003, pidieron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia contra el Estado Paraguayo por violar la independencia judicial, mientras que los agentes estatales afirmaron que todo se realizó a derecho.
Fuente: EFE
El caso se refiere a una serie de presuntas violaciones a los derechos de Bonifacio Ríos Ávalos, presidente de la Corte Suprema de la época, y del entonces magistrado Carlos Fernández Gadea, ya fallecido, quienes fueron destituidos por "mal desempeño", lo que, según la demanda, conllevó un alto nivel de discrecionalidad.
En el cierre de la audiencia de 3 días por este caso, Edgar Ralón, agente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva los casos a la CorteIDH, manifestó que "el juicio político no cumplió con el principio de independencia judicial, no hubo reglas claras que garantizaran el debido proceso" y que se efectuó con "una causal vaga" que permitió que se enjuiciaran a los magistrados por sus decisiones judiciales.
También señaló que no hubo una vía para que los magistrados apelaran la destitución y que todo este proceso se enmarcó en un "contexto de remoción de altos cargos judiciales como parte de un proyecto político" del entonces presidente Nicanor Duarte.
Por su parte, Sara Parquet, una de las representantes de las presuntas víctimas, afirmó que los magistrados fueron enjuiciados políticamente por supuestos actos de corrupción que no tenían sustento y que nunca fueron comprobados.
"Nadie pretende eliminar el juicio político y que no exista control mutuo entre poderes. Lo que se pretende es que tengan estándares y se respetan los derechos y garantías de las personas que son sometidas a este tipo de juicios", expresó.
Los demandantes solicitaron, entre otros cosas, que se restituya a Ríos en un cargo en el Poder Judicial, indemnizaciones económicas para Ríos y la familia de Fernández Gadea, así como garantías de no repetición de los hechos.
Por su parte, el procurador general de la República, Juan Rafael Caballero, afirmó que el Estado "no violó derecho humano alguno" en este caso, pues los magistrados gozaron del derecho a la defensa y "se cumplieron todas las garantías del debido proceso".
Caballero aseguró que tampoco se violentó la independencia judicial, pues considera que el proceso se llevó a cabo respetando la Constitución paraguaya.
El procurador también recordó que las destituciones fueron aprobadas de forma unánime en el Senado y que un juicio político "no es penal y no persigue castigar sino separar del cargo", y que se trata de un "juicio de responsabilidad política reservado para quienes desempeñan altas funciones".
Tras finalizada este miércoles la audiencia, las partes tienen un plazo de un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces los jueces emitirán una sentencia dentro de los siguientes meses.
La CorteIDH tiene su sede en Costa Rica pero debido a la pandemia de la covid-19 las audiencias las lleva a cabo por vídeo conferencia. EFE
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) informó que este miércoles se activó el "Código amarillo" del plan de contingencia. Un total de 37 alimentadores quedaron fuera de servicio en Asunción y el área metropolitana.
El "Código amarillo" implica el apoyo de unas 20 cuadrillas adicionales para la reposición del servicio de energía eléctrica en las zonas afectadas.
La ANDE informó que desde el inicio del temporal de la tarde-noche de este miércoles, unos 37 alimentadores de energía eléctrica quedaron fuera de servicio.
A estas horas, ya fueron repuestas 15 líneas de Media Tensión, persistiendo aún en verificación las zonas alimentadas por los Centros de Distribución de Puerto Sajonia, Puerto Botánico, Villa Aurelia, General Díaz, Republicano, Parque Caballero, San Miguel en Asunción, Mariano Roque Alonso, Luque, San Lorenzo, Lambaré, Itauguá, Capiatá, Fernando de la Mora, entre otros.
De acuerdo al informe de la Ande, dichas líneas de Media Tensión ya están siendo verificadas por los técnicos del área de operación y se encuentran en proceso de reposición, priorizando zonas de hospitales, centros de salud y empresas proveedoras de agua potable, e instituciones de seguridad pública.
Cabe recordar que para el registro de los reclamos se debe ingresar a la página web http://ande.gov.py, a través de la App Mi ANDE, o llamando al Contact Center (021160).
