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Situación financiera de las instituciones públicas: muchos legisladores no la tienen en cuenta

La discusión del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal debería realizarse con cabal conocimiento de todas las partes que lo tratan en el Palacio Legislativo —diputados y senadores de todos los partidos—, de la situación financiera de las instituciones públicas. Las del sector público no monetario y la del sector público financiero, es decir, la del Banco Central. De conocerse lo que es dicha situación, el resultado del funcionamiento actual de esas entidades, el peso que ya tiene la presión impositiva sobre la población en general y el endeudamiento de esas instituciones que vence en el lapso de cada año, sería muy probable que el proyecto de ley pasara sin discusiones que entorpecen la solución de los problemas que, sin nuevas imposiciones monetarias, se podrían lograr. La discusión parlamentaria se debería enfocar en cómo reducir y reasignar el gasto, en hacerlo más eficiente, antes que procurar su aumento.

Obligaciones financieras

Brevemente se puede resumir lo que son las obligaciones financieras del sector público no financiero y del Banco Central, simplemente observando cuál es la necesidad de financiamiento que se requiere en el lapso de un año para cubrir el déficit primario de ambas instituciones y para cubrir los vencimientos de deudas contraídas en el pasado por los desequilibrios fiscales en los que se incurrió. Esos datos surgen de las estadísticas de finanzas públicas que publica la autoridad monetaria en sus informes sobre la deuda del sector público que vence cada año, sobre los intereses que se deben pagar cada año por el monto de la deuda que vence y por la que se mantiene vigente. Además, parte de esas necesidades financieras surgen también del análisis del resultado primario de las entidades mencionadas, que publica el Ministerio de Economía y Finanzas.

En un año, las necesidades de financiamiento del sector público no financiero y del Banco Central se ubican en el orden de los 11.700 millones de dólares, alrededor del 16,3% del PIB. En el caso del sector público no financiero, en doce meses sus necesidades de financiamiento suman 4.263 millones de dólares, de los que 1.676 millones es por intereses a pagar y 2.587 millones por vencimientos de deuda. En la medida en que en doce meses tiene un resultado primario de su gestión que es negativo, en el entorno de 900 millones de dólares —recaudación total menos gastos excluidos los intereses—, el total de fondos a conseguir por los métodos que se usen, es de 5.163 millones de dólares. En el caso del Banco Central, los números son aún más impresionantes, ya que el financiamiento a lograr es por un total de 6.443 millones —5.967 millones por vencimientos de deuda, mayoritariamente por las Letras de Regulación Monetaria, y 476 millones por intereses— a lo que se deben agregar 30 millones por déficit primario.

El financiamiento

El financiamiento en un año de las necesidades financieras del sector público no financiero, podrá ser de varias formas. En primer lugar, con la renovación de los créditos que vencen, lo cual es relativamente factible por la experiencia que existe en el caso del gerenciamiento de los créditos y sus vencimientos por parte de la Oficina de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Y asimismo, por la calificación crediticia que tiene el país. Pero además, se deberá financiar el monto de las obligaciones por intereses que tiene el sector público no financiero, lo cual podría ser con nuevos créditos que aumentarían el stock de la deuda por el monto señalado.

En el caso del Banco Central, la principal tarea será la renovación de los vencimientos de las colocaciones de Letras de Regulación Monetaria, cuyo monto total seguirá aumentando, como ha ocurrido en el último año hasta agosto, para alcanzar el objetivo antiinflacionario. En ese lapso, en el que el circulante de Letras creció 29% en pesos y 40,5% en dólares para llegar a un monto del orden de los 8.8 mil millones de dólares, el pago de intereses de un año sería no menor a 700 millones de dólares. No es conveniente tener un stock de Letras que implica tres veces y media el de la emisión y que, cada vez exigirá tasas de interés superiores a las de la inflación para no disminuir su stock y evitar presiones alcistas importantes de la inflación y del tipo de cambio. Lo que ocurre con el monto creciente de las Letras de Regulación Monetaria y su influencia, con incidencia importante en el déficit global del sector público, es uno de los costos del abatimiento inflacionario y de las pérdidas de competitividad que la propia autoridad monetaria reconoce.

Muchos podrán decir, como se ha escuchado de técnicos tributaristas, no economistas ni analistas de los efectos micro y macroeconómicos de la tributación y sobre todo del aumento de la presión tributaria, que todavía “hay espacio” para aumentar la presión impositiva como forma de financiamiento adicional, con nuevas subas de los gravámenes sobre ingresos y el patrimonio. Se trata de propuestas que consideran que el empleo de una mayor presión fiscal, cualquiera sea el tipo de impuesto que se emplee, solo tiene efectos redistributivos. No tienen para nada en cuenta la caída del ahorro privado que eso implica y, por lo tanto, de la inversión, con consecuencias inexorablemente adversas sobre el empleo. Ni siquiera tienen presente los costos “muertos”, los costos de transacciones en que se deben incurrir para la recaudación, el control y la distribución de lo recaudado a los beneficiarios que fueran el objetivo. Con esa ligera propuesta se incurre además en el estímulo a lograr una recaudación que traslada ingresos que nadie recoge y que solo implica pérdidas irrecuperables para la sociedad.