El primer vuelo Bogotá-Caracas operado por Conviasa iba a certificar en el aire el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia después de tres años de apagón. Sin embargo, Estados Unidos desplegó todo su poder diplomático para frenarlo, pese a que Gustavo Petro y Nicolás Maduro así lo habían acordado.
Esta ha sido la primera vez que Washington apercibe a un país por agendar vuelos con la aerolínea estatal venezolana, que viaja sin problemas a otras partes del mundo como España o Ecuador. “Las personas y entidades que ayuden materialmente, patrocinen o brinden apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios, en apoyo a Conviasa, puede exponerse a sanciones. Alentamos al Gobierno de Colombia a negar derechos de aterrizaje”, hizo saber EE UU a través de un cruce de mensajes a los que ha tenido acceso a EL PAÍS. Ese avión nunca llegó a despegar.
La respuesta de Venezuela a la prohibición ha sido desafiante y deja a Colombia en medio de una disputa. Califica la medida como coercitiva, unilateral e ilegal.
“Una acción contra Conviasa en un país distinto o derivada de una coerción ejercida por autoridades a ese país (…) contravendría el Derecho Internacional Público”, escribió enérgico el Gobierno chavista. Aun así, el vuelo no se ha llevado a cabo, por lo que Caracas ha dado un paso más. Wingo, una aerolínea panameña que ya contaba con autorización para cubrir esa ruta y vendía billetes a pasajeros desde hace dos semanas, ha contado que el Gobierno chavista le ha pedido que suspenda temporalmente su actividad.
“Quedamos a la espera de las decisiones finales que adopten las autoridades para su reinicio”, explicó la empresa en un comunicado. Es decir, Venezuela, por el momento, no va a permitir que ninguna compañía aérea opere entre los dos países. Ha sido su forma de protestar ante la presión de Washington.
EE UU confía en que el nuevo presidente de Colombia haga de mediador con Maduro y lo convenza de regresar a la mesa de negociación en México, donde el Gobierno chavista y la oposición trataban de acordar, entre otras cosas, la celebración de unas elecciones presidenciales con garantías en 2024. Petro ya le ha hecho saber también a Maduro que le gustaría que Venezuela regresara al sistema de justicia interamericano, que serviría de garante para los ciudadanos que sufren arbitrariedades en los tribunales locales.
El Gobierno de Joe Biden ve el acercamiento entre Petro y el Gobierno chavista como una oportunidad para salir del bloqueo en el que se encuentra Venezuela desde hace años. Sin embargo, considera que Caracas debe realizar algunos gestos de apertura que por el momento no ha dado, y hasta que eso no ocurra se va a mantener inflexible con las sanciones.
Con información de El País
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