La indignación y el desconcierto predominan entre integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales de Argentina que denuncian los intentos de proscribir y encarcelar a la vicepresidenta Cristina Fernández, refiere un despacho de Prensa Latina.
Entre estas organizaciones se encuentran el Movimiento Evita y el Partido Justicialista (PJ), los cuales emitieron sendos comunicados rechazando la condena, y resaltando la valentía y la labor de Fernández tanto durante el proceso en su contra como en su misión como funcionaria pública.
«El peronismo no abandona a quien se la juega por el pueblo», señaló el PJ, mientras que el Movimiento Evita catalogó de «vergonzoso» el accionar de la corte.
Otras organizaciones como Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria y la Fundación Memoria Histórica y Social, manifestaron su respaldo a la Vicepresidenta argentina. Además, repudiaron el fallo que este martes condenó a la expresidenta argentina a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos.
«Nos llena de indignación que se pretenda proscribir e incluso privar de libertad a una referente popular de indiscutible trascendencia en la vida política y social argentina», señala un comunicado de esas organizaciones.
«Mas allá de que los argumentos del Tribunal no fueron divulgados aún y que la sentencia no se encuentra firme, consideramos que la estrategia judicial y la acción mediática de la Fiscalía son parte de un mismo lineamiento de persecución para hostigar a dirigentes que se oponen a las políticas neoliberales», añade.
Proceso deslegitimado
Asimismo, recuerda que la causa contra la expresidenta fue sobreseída en Santa Cruz por inexistencia de delito, por lo cual el proceso es arbitrario pues violenta el principio de no juzgar o sancionar a una persona dos veces por un mismo hecho.
«Llama poderosamente nuestra atención que no se tenga en cuenta la complicidad o cercanía entre los miembros del Tribunal y el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), datos conocidos y acreditados públicamente. Eso basta para deslegitimar y considerar nulas las resoluciones de los magistrados», indica.
Estamos ante un hecho de particular gravedad, corolario de una larga lista de acciones de violencia política contra Fernández. Manifestamos nuestra voluntad de seguir reclamando el cese de esos actos cargados de misoginia y discriminación, concluye.
El proceso continúa
Según se precisó, el Tribunal dará a conocer los fundamentos del fallo el 9 de marzo de 2023, tras lo cual la defensa y la fiscalía tendrán 10 días para presentar sus apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal, explica Prensa Latina.
En esa instancia el proceso puede tardar meses y el caso será analizado por la sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, los dos primeros vinculados a Macri.
Una vez agotada esa etapa, se puede recurrir a la Corte Suprema que no tiene plazos para decidir.
Según la agencia de noticias Télan, la sentencia quedará firme cuando se pronuncie ese organismo y, si en ese momento alguno de los condenados tiene fueros por ejercer un cargo electivo, será necesario un juicio político para ordenar su detención.
También existe la posibilidad de acudir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
