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Violencia se agudiza en Ecuador pese a medidas del Gobierno de Lasso

Con 31 muertes violentas en tan solo 24 horas se evidencia que la ola de violencia se agudiza en Ecuador pese a las medidas establecidas desde hace semanas, que incluyen el estado de excepción que rige en gran parte de su territorio. Estas cifras contradicen el reciente anuncio del presidente Lasso de haber doblegado al crimen organizado en el país.

La información fue divulgada este martes por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), reportó Telesur.

De acuerdo con estadísticas de la institución ecuatoriana, los asesinatos ocurrieron en ocho de las 24 provincias del país, a pesar del estado de excepción implantado en tres de ellas desde inicios de noviembre y los constantes operativos de las fuerzas policiales en calles y cárceles.

Aun bajo régimen especial de seguridad, se produjeron 12 homicidios en Guayas, tres en Esmeraldas y dos en Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras sucedían otros ocho en Los Ríos, tres en El Oro, uno en Santa Elena, uno en Pichincha y uno en Tungurahua.

Sigue la violencia en Ecuador

Los datos de Dinased sobresalen con creces ante el promedio actual concebido de 12 homicidios diarios para Ecuador.

«La violencia se agudiza en #Ecuador y con #EstadoDeExcepcionTOTAL el crimen organizado no se detiene por más que @LassoGuillermo diga y repita que lo ha “doblegado” El índice de muertes violentas romperá el récord histórico de este país y todavía faltan días de diciembre», publicó al respecto el periodista ecuatoriano Orlando Pérez en su cuenta en la red social Twitter.

La ola de asesinatos en Ecuador conllevó a que noviembre concluyera con la mayor tasa de homicidios del año, con más de 500 por cada 100 mil habitantes, reseñó Prensa Latina.

A juicio de las autoridades del país, la escalada de la inseguridad en Ecuador se debe a la guerra de cárteles nacionales e internacionales por el control del narcotráfico. Sin embargo, expertos en la materia alertan sobre una ineficiente respuesta estatal a esa cuestión.

Para estos especialistas, el alza de la delincuencia tiene su origen en la escasa inversión pública y social del actual gobierno, lo cual contribuye al aumento de la pobreza y el desempleo, por lo que la respuesta al problema no debe ser solo militar, sino integral.