El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió combatir la destrucción de la Amazonía, especialmente en los territorios con presencia indígena. Lucha que comenzó a concretar tras su llegada al gobierno con la creación del Ministerio de los Pueblos Originarios y la revocación de todas las concesiones pautadas por el saliente Jair Bolsonaro en la más grande región selvática de América.
El pasado 22 de enero, el Ministerio de Salud de Brasil declaró una emergencia médica en el territorio yanomami, la reserva indígena más grande del país y fronteriza con Venezuela, luego de informes de niños que han muerto de desnutrición y otras enfermedades causadas por la minería ilegal de oro.
Tras conocer la situación, Lula ordenó restablecer los servicios de salud para el pueblo yanomami que habían sido desmantelados por su predecesor, Jair Bolsonaro.
En los cuatro años de la presidencia de Bolsonaro, 570 niños yanomami murieron de enfermedades tratables, principalmente desnutrición pero también de malaria, diarrea y malformaciones causadas por el mercurio utilizado por los mineros de oro ilegales, informó la plataforma de noticias local Sumauma, citando datos obtenidos por una Foia.
“Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio: un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento”, dijo el presidente brasileño a través de sus redes sociales.
La Policía Federal abrió esta semana una investigación para determinar si hubo crimen de “genocidio u omisión” por parte de funcionarios del Ejecutivo del expresidente Jair Bolsonaro.
En la escena, el doctor André Siquiera, especialista en Medicina Tropical, llegó a las tierras donde habitan los indígenas yanomami el pasado lunes 16 de enero. Pocos días después contó que había sido testigo de “la peor situación sanitaria y humanitaria” que jamás haya visto.
“Llevamos cuatro años sin asistencia sanitaria en las comunidades. Somos 120 comunidades luchando por nuestra vida. Hay más de 20.000 mineros en territorio indígena yanomami, con armas, intimidándonos. Vivimos con miedo”. Así habla Júnior Hekurari Yanomami, presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena de Boa Vista.
Secretaria de salud indígena desestimó las alertas
Además de hacer caso omiso a las ordenes judiciales, para elaborar un plan de emergencia a fin de retirar a los garimpeiros en los asentamientos yanomami y restaurar el servicio de atención básica en salud, el Gobierno Federal de Jair Bolsonaro actuó sagazmente para ocultar la gravedad de la situación, acusan los procuradores del Ministerio Público Federal de Roraima.
En una entrevista realizada el martes, los Procuradores Alisson Marugal y Matheus de Andrade, explicaron que “el año pasado encontraron mucha resistencia por parte de la Secretaria Especial de Salud Indígena, que no fue diligente en buscar soluciones a las referidas urgencias.
Ya en noviembre del año pasado, cuando los procuradores enviaron nuevas recomendación solicitando la intervención en el Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomâmiy la creación de una sala situacional, con la presencia de otros órganos, hubo resistencia en cuanto a la divulgación del caso”.
Procurador: “no se ejecutó plan contra minería ilegal”
En los últimos meses, en cuanto la crisis humanitaria aumentaba en la Tierra Indígena Yanomami (TIY), el Gobierno de Jair Bolsonaro disponía de un plan elaborado por el cuerpo técnico del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) que sería capaz de erradicar la minería ilegal en la región en seis meses a través de fiscalización, área y fluvial, mediante puntos mapeados por los fiscales ambientales.
Sin embargo, a pesar de las pesquisas validadas por la coordinación de Ibama, en Brasilia el plan fue desechado y por ende nunca fue aplicado. El diseño correspondió a la Coordinación de Fiscalización de Ibama y cotejado con el Ministerio Público, jamás fue aplicado. Por el contrario, el Ibama impidió que hubiese una logística adecuada para esas operaciones, como por ejemplo sobrevuelos.
A pesar de que el Instituto posee nueve aeronaves disponibles para la fiscalización, esos equipos jamás fueron movilizados al estado de Roraima, “durante los momentos más álgidos de casos flagrantes de infracciones ambientales”, afirmó el procurador de la República Alisson Marugal, del Ministerio Público Federal de Roraima.
Según el procurador, las acciones del plan de Ibama buscarían erradicar en gran medida la minería en TIY.
