En 1983, todavía como candidato, el ex Presidente Raúl Alfonsín tomó valiosos aportes de prestigiosos juristas. El papel decisivo de un experto en ética.
La enorme repercusión que está teniendo la película “Argentina, 1985” dio lugar a numerosas notas periodísticas, a artículos de opinión y a entrevistas sobre los juicios a las Juntas Militares promovidos por el presidente Raúl Alfonsín apenas iniciado su mandato. Es saludable que así sea, porque permite arrojar luz sobre acontecimientos que fueron a partir de 2003 oscurecidos o desnaturalizados con propósitos partidarios.
Se ha hablado, con toda justicia, de la actuación del fiscal Julio César Strassera y de los jueces que integraban la Cámara Federal, pero es necesario completar la evocación con la referencia a quienes asesoraron a Alfonsín acerca de esa cuestión y, en general, sobre la política de derechos humanos que habría de llevar adelante. Estos fueron un grupo notable de juristas, que desde hacía unos años se reunían en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), fundada en 1972. Entre ellos cabe destacar a Genaro Carrió, Carlos Nino, Jaime Malamud Goti y Martín Farrell. Los dos primeros ya fallecieron. Los dos últimos, además de ser figuras descollantes en el ámbito de la teoría del derecho, atesoran la memoria de la gestación de aquellas duras decisiones políticas. Farrell fue galardonado con el Premio Konex de Platino 1996 en su especialidad, la ética.
He conversado sobre ellas con Martín Farrell, quien a los 82 años sigue enseñando y escribiendo con la agudeza de siempre, con una elegancia que hace juego con su indumentaria y con un refinado uso de la ironía. Me cuenta que una tarde de julio de 1983 él y Genaro Carrió fueron convocados por Alfonsín, entonces candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, a una reunión. Alfonsín les dijo que tenía la intención de promover el juzgamiento de las juntas militares del gobierno de facto que estaba por concluir y quería saber si eso era posible, porque entendía que no correspondía ni sería viable juzgar a todos los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. Carrió enfocó la cuestión desde el punto de vista jurídico y le contestó que sí, por aplicación del principio de obediencia debida. Farrell la abordó desde su especialidad, la ética, y consideró que, a la luz de las ideas de Bentham, era razonable juzgar al mayor número, pero no era imprescindible ni deseable ir más allá si las consecuencias podían frustrar los nobles propósitos.
Alfonsín anunció esa política en su discurso del 30 de septiembre de 1983 en el estadio de Ferro, en el que mencionó por primera vez los tres niveles de responsabilidad, que luego plasmaría en el proyecto del Poder Ejecutivo, cuya alteración en el Senado extendió la responsabilidad penal a más niveles castrenses. También ese grupo de juristas tuvo a su cargo la redacción de un documento, a pedido de Alfonsín, que fundamentaba la nulidad de la autoamnistía decretada por la Junta Militar, que había sido aceptada por el candidato peronista, Ítalo Luder.
Farrell destaca el coraje de Alfonsín para avanzar en esos juzgamientos cuando los militares gozaban todavía de mucho poder y la Argentina era una isla de democracia en medio de una región poblada de dictaduras. También, su decisión de someter a proceso a los terroristas, porque los derechos humanos se violan no solo desde el Estado. Y lamenta que desde hace veinte años se intente borrar de la historia ese acto heroico y sustituirlo por un gesto que carecía de todo riesgo como la orden de bajar un cuadro de Videla de la ESMA.
Profesor emérito de la UBA y profesor de la Universidad de San Andrés, Farrell fue incorporado este año a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y casi al mismo tiempo se le confirió el doctorado honoris causa de la Universidad de Palermo y se publicó una obra colectiva en su homenaje, “Tomando las consecuencias en serio”, con contribuciones que incluyen al profesor emérito de Yale, Owen Fiss, y a Carlos Rosenkrantz, entre otros.
Aquellos asesores jurídicos de Alfonsín podían tener diferencias entre ellos en cuestiones teóricas, pero todos estaban dotados de una jerarquía intelectual superlativa y una rigurosa formación académica. Más importante que eso: todos creían firmemente en el Estado de Derecho, en el imperio de la ley y en el carácter universal de los derechos humanos. Quizás una película sirva para revivir ese espíritu, que hace mucho tiempo es desafiado por concepciones autoritarias expuestas con creciente tosquedad.
El autor es Profesor de Derecho Constitucional (UBA y San Andrés)