Entonado por el triunfo electoral de Sergio Massa, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, comenzó a llamar a las primeras empresas con el objetivo de extender Precios Justos. Las primeras en la lista son las grandes cadenas de supermercados y los fabricantes de consumo masivo. En los próximos días continuarán con el resto de los rubros adheridos al programa.
Tombolini aspira a cerrar un nuevo acuerdo por 60 días (hasta fin de año), con la misma pauta del anterior: esto es un tope a los aumentos del 5% mensual a cambio de beneficios fiscales e impositivos para las empresas que se sumen. Este miércoles arrancan los primeros encuentros con los supermercados. "Son encuentros individuales, una por una, para notificar las características de la renovación del programa", graficó una fuente del sector privado.
El programa vigente vence el próximo 31 de octubre, y abarca un universo de 50.000 productos de rubros tan diversos como consumo masivo (alimentos, bebidas, tocador y limpieza), incumentaria, calzado, electrónicos, motos, insumos industriales y materiales para la construcción.
En Economía apuestan a resetear las expectativas inflacionarias para encarar la campaña para el balotaje del 19 de noviembre. Más allá de Precios Justos, cuya eficacia está en dudas, algunas consultoras privadas recortaron sus proyecciones y no descartan que la inflación de octubre pueda quedar por debajo del 10%. No obstante aclaran que no prevén una caída significativa, aunque alejado de los pésimos índices de agosto (12,4%) y setiembre (12,7%).
Como aperitivo de las negociaciones que están a punto de empezar, la oficina de Tombolini en un relevamiento de precios realizado con distintas municipalidades, clausuró este martes 3 sucursales de la cadena mayorista Makro de las localidades de Pilar, Quilmes y San Martín. Además, se labraron actas por infracciones en el local de Avellaneda.
Fuentes oficiales advirtieron que se detectaron “varias irregularidades” en materia de precios y abastecimiento, entre otras cosas, establecidas en Precios Justos. Los mayoristas forman parte del acuerdo ya que es el canal que abastece principalmente a los autoservicios, almacenes y tiendas de cercanía independientes.
Se calcula que hoy participan de Precios Justos 330 compañías de diversos rubros, pero en la última renovación, el Gobierno no logró adherir formalmente a los principales fabricantes de consumo masivo. Aseguran, como consuelo, que existe un “acuerdo de palabra”, que se cumple a medias, según fuentes del sector privado.
En el supermercadismo advierten que tienen problemas de abastecimiento, que se agravaron con la escalada inflacionaria del último bimestre. También mencionan el festival de relanzamientos de “nuevos” productos, muy parecidos a los “viejos” salvo por mínimas diferencias.
Esos detalles, como algún retoque en el packaging, en el formato o el cambio de algún ingrediente, son unas de las tantas fórmulas que utilizan los proveedores para eludir los controles de precios.
Inicialmente, Tombolini ofreció compensar a las empresas con importaciones y dólares los aumentos pactados por debajo de la inflación. Después de las PASO, el incentivo fue dar beneficios fiscales e impositivos para que respeten el "sendero de precios". Más de 60 compañías líderes de consumo masivo rechazaron la fórmula por consejo de sus áreas legales.
La razón es es que podrían ser denunciadas en la Justicia ante eventuales incumplimientos. Recibir un beneficio fiscal como parte de un compromiso las expone ante el fuero penal tributario, justificaron. De allí su negativa a firmar el compromiso. Los que sí firmaron fueron los supermercados, que no pueden aceptar aumentos por encima de la pauta oficial. "Muchos proveedores dejaron de vendernos por ese motivo", se lamentó una fuente del sector.
Según las cadenas, en los últimos 12 meses se "relanzaron" 8.000 productos de consumo básico. Una cifra absolutamente ilógica incluso para una economía floreciente. Mucho menos para la crisis que atraviesa la Argentina. Un artículo "nuevo" zafa del control porque no registra precios anteriores. El valor inicial lo establece libremente el fabricante, sin necesidad de violar ningún acuerdo preestablecido.
Periodista especializado en Economía y negocios
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