Un mes después de la fatídica noche en que Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces en la cabeza a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el caso va probando, hasta ahora, solo la participación de una pareja de marginales sin apoyo de estructuras políticas o financistas.
La querella de la vicepresidenta presiona a la Justicia para avanzar sobre el resto de “la banda de los copitos” -además de Sabag y Brenda Uliarte-, el grupo de Whatsapp llamado “Los Girosos, un grupo armado para la joda” y dos amigas de Brenda Uliarte con la esperanza de encontrar un autor intelectual. Máximo Kirchner lo dijo ayer con todas las palabras: “queremos saber quién está detrás de Sabag Montiel y Brenda Uliarte”.
Como máxima muestra de esa intención, la ex interventora de la AFI, Cristina Caamaño, pidió investigarlos como un “grupo terrorista”. Llama la atención la propuesta de esta ex fiscal. El kirchnerismo bloqueó la posibilidad de sancionar una ley antiterrorista para investigar los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA y ahora habla de “grupo terrorista”.
Entonces, Carrizo sería un “terrorista” que, por ejemplo, le cobró a otro “terrorista” (Sabag) 2.500 pesos por carné falso de discapacitado, se preguntó una fuente judicial.
Hasta ahora están procesados Fernando Sabag Montiel (35 años) y su novia Brenda Uliarte (23 años), como coautores de tentativa de homicidio agravado y Gabriel Carrizo (27 años) y Agustina Díaz (21 años) como partícipes secundarios.
Todos tienen prisión preventiva y un embargo de 100 millones de pesos cada uno, sobre bienes que no tienen.
Díaz no es de la “banda de los copitos”, ni del grupo de “Los Girosos” sino una compañera del secundario para adultos del colegio católico Juan Maso de San Miguel.
La prueba clave de la jueza y el fiscal Carlos Rívolo contra Carrizo y Díaz por el aporte al “plan” son los chats que intercambió con Uliarte después del ataque.
El procesamiento dice que Carrizo “formalizó un aporte de un arma de fuego (una pistola 22)” que -hasta ahora- no apareció. Además, el ataque se consumó con esa Bersa 32.
La defensa de Carrizo se pregunta “¿cuál es el aporte de mi cliente con un arma que no se sabe si existe y seguro no se usó en el ataque?” Por su parte, Díaz “dio consejos y advirtió sobre los peligros” a la novia del brasileño, según la magistrada.
Sin embargo, el análisis de sus comunicaciones y la georferenciación de sus celulares determinó que ambos “no estuvieron” en los alrededores del departamento de Cristina en la Recoleta.
Por ejemplo, el celular de Carrizo se activó en el último mes “en el recorrido del colectivo que va a Tigre. Eso es lo más cerca que estuvo” de Juncal y Montevideo. Entonces, “¿cómo lo procesan de aportar a la organización del ataque si previamente no habló con Sabag y Uliarte sobre el atentado”, se preguntó la defensa de Carrizo encabezada por el abogado Gastón Marano.
En línea con Máximo, el abogado de Cristina, Juan José Ubeira, pidió avanzar sobre los círculos concéntricos de los autores materiales para llegar al “cerebro” que se ocultaría detrás de ellos.
La “banda de los copitos” la dirigía Carrizo porque era el dueño del equipo para fabricar copos de azúcar y se los vendía a Sabag, Uliarte y Sergio Orozco.
El creador del grupo de “Los Girosos” -llamado Daniel- declaró el viernes como testigo, y explicó que, fundamentalmente, se juntaban en el Puente de la Mujer de Puerto Madero para hacer “la previa” antes de ir a bailar. En ese grupo de chats se leen bromas negras sobre el Holocausto, el ataque a las Torres Gemelas y se elogia el rock metalero.
La declaración de Daniel seguramente convenció a la jueza de acusar solo como partícipe secundario y no principal a Carrizo y Díaz, según fuentes judiciales consultadas por Clarín.
Un primer intento de la querella para unir a estos marginales con un grupo político ya fracasó. El actual interventor de la AFI, Agustín Rossi, había pedido a Capuchetti que se investigue si el grupo de ultraderecha “Revolución Federal” estaba detrás de la “banda de los copitos”.
Era porque Brenda se sacó una selfie durante el ataque de ese microgrupo con antorchas contra la Casa Rosada. La jueza dijo que no y la Cámara Federal porteña confirmó su decisión y la sumó a una causa por amenazas contra el ministro de Economía Sergio Massa y otros funcionarios al juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Además, Jonathan Morel, fundador de RF, condenó públicamente el atentado a Cristina y negó haber participado del ataque.
La querella también insiste con investigar la “financiación” de los “copitos”. Recordó los mensajes de chats de Carrizo, donde Joana Colman –miembro del grupo “Los Girosos”- decía: "por otra fuente sé que (Sabag) lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale reacomodado mal, eh".
Sin embargo, las defensas dicen que se trata de expresiones donde “tiran versiones y especulaciones” después del ataque, no una información. Además, una cosa es hablar de “recompensa posterior” y otra de un financiamiento anterior. No es verosímil, por ejemplo, pensar que un “financista” compró una Bersa de la década del setenta para cometer un magnicidio.
La hipótesis K del financiamiento se alimenta, también, en que los investigadores encontraron en el teléfono de Uliarte información que daba cuenta que habían intentado alquilar un departamento en Recoleta, donde los precios son elevados.
Sobre todo para Sabag y Uliarte cuyos informes bancarios revelaron que tienen cero pesos y vivían un desordenado monoambiente en Villa Zagala, San Martín.
Específicamente, se halló un video de un departamento que le habría sido enviado quien intentaba darlo en alquiler. La fiscalía intenta reconstruir ese contacto con el objetivo de obtener algún testimonio que permita profundizar esa línea de investigación.
En declaraciones periodísticas Ubeira precisó que ese departamento no estaría ubicado frente a la vivienda de la vicepresidenta sino a varias cuadras, más cerca de la avenida Callao.
En fuentes de la defensa se afirma que si lo buscaron “¿con qué lo iban a pagar?”. Además, la “precaria inteligencia que hicieron Sabag y Uliarte” fue pasar por la esquina de Juncal y Montevideo vendiendo copitos y observando a la custodia.
El abogado de Carrizo, Gastón Marano, está preparando una apelación contra el procesamiento de su cliente por ser a su criterio “arbitrario, inválido y sin fundamentos”.
Será el primero que llegue a la Cámara Federal porteña para que evalúe el trabajo de la jueza. La defensa de Sabag y Uliarte no apelaron y así el fallo quedó firme.
Ante los reclamos del kirchnerismo, Capuchetti trabajaba este fin de semana sobre el contenido de una decena de teléfonos secuestrados entre los que están los de Uliarte, Carrizo, Díaz y los obtenidos en las últimas horas: el de Colman y el de Jonatan Posadas, alias "Jony White".
Posadas no es de ninguno de esos dos grupos sino un pariente de Carrizo que no tiene nada ver y al que también le secuestraron el celular. Otro de los investigados del grupo de “Los Girosos” es un tal David que se ufana de “investigar y ser de la DEA”.
Fuentes cercanas a Marano se quejaron por qué la jueza “hizo una selección de chats y omitió otro en que, por ejemplo, Brenda le dice a Carrizo: “Estoy hasta la pija. perdón chicos en el lío en que los metimos”.
Durante allanamientos realizados esta semana en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, se secuestraron más teléfonos celulares de otras dos personas y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritaje.
La jueza dijo, en el procesamiento del miércoles, que le falta analizar “el contenido del celular de Sabag investigación hasta ahora no abordados, también los peritajes de los nuevos teléfonos secuestrados, entrecruzamientos de las llamadas entrantes y salientes de los distintos abonados” de esos grupos”.
El problema es que el celular de Sabag quedó reseteado por un error de un técnico de la Policía Federal y ahora la PSA intenta recuperar su contendido.
Capuchetti y Rívolo cumplen con su tarea de agotar todas las hipótesis de investigación en un caso de suma gravedad institucional.
Pero hasta ahora las pruebas apuntan a dos marginales con problemas de salud mental sin formación política y sin plata que, sin embargo, pudieron burlar la custodia de La Cámpora y la de la Policía Federal.