La presidenta de Perú, Dina Boluarte, tiene una estrategia clara para enfrentar las investigaciones por presunto genocidio, pero por ahora está expuesta al menos a que la acusen por la figura de omisión, según coincidieron expertos tras las diligencias hechas por la Fiscalía esta semana.
“En este momento, vista la evidencia que es pública, lo que está más claro y encuentro incontrovertible es que luego de las primeras señales de prácticas criminales en la represión de las movilizaciones (…) la presidencia de la República no hizo nada (para evitarlas)”, dijo el exprocurador y destacado penalista César Azabache.
“La presidencia no puede decir que no pidió los disparos a quemarropa que se registraron en teléfonos celulares”, agregó en ese contexto Azabache en el programa de televisión online “No hay derecho”.
Boluarte, quien asumió la presidencia el 7 de diciembre en reemplazo del destituido y ahora encarcelado Pedro Castillo, fue interrogada esta semana por la Fiscalía dentro de las investigaciones por la muerte de 49 personas durante las protestas contra su gestión.
Según los trascendidos, pues la reunión fue a puerta cerrada, Boluarte sostuvo en el interrogatorio que nunca dio órdenes a la Policía y las Fuerzas Militares para que se excedieran en la represión, en lo que será al parecer, según los expertos, su estrategia de defensa.
“Ella ya ha dicho públicamente que puede ser jefa de las Fuerzas Armadas pero que no tiene comando y que los protocolos los deciden ellos (los oficiales). Un claro deslinde sobre su responsabilidad”, señaló el analista David Gómez Fernandini, del canal online Epicentro TV.
La mandataria ha defendido repetidamente el accionar de los militares y policías, pero ha marcado distancias al asegurar que no participó en el diseño y ejecución de las operaciones represivas, en las que, según fuentes nacionales e internacionales, hubo excesos e incluso “ejecuciones extrajudiciales”.
Las protestas
El abogado de Boluarte, Joseph Campos, ha pedido que se archive lo actuado contra su defendida, porque, sostiene, “no tiene ni pies ni cabeza” que se la culpe de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.Para Azabache, sin embargo, dadas la cadena de mando y el accionar de las Fuerzas Armadas en diversos puntos del país, sin que el Ejecutivo les pusiera un alto, será difícil para la defensa argumentar que ni Boluarte ni el primer ministro, Alberto Otárola, tienen cuota de responsabilidad.
Las protestas estallaron con especial fuerza en los Andes sureños, en la costa norteña y posteriormente en Lima, después de que la flamante mandataria dijera en el acto de asunción que pensaba quedarse en el cargo hasta julio de 2026, cuando termina el período original.
Según diversas encuestas, más de 90 % de los peruanos pide elecciones generales anticipadas que le pongan pronto final a un Ejecutivo y un Legislativo al que los sondeos les dan apenas un 20 % y un 6% de aprobación, respectivamente.
Las movilizaciones, que se prolongaron por tres meses hasta que desastres de origen meteorológico cambiaron las prioridades en la atención popular, dejaron 49 muertos, todas civiles, o 77 -incluidos 10 militares que se ahogaron al cruzar un río para supuestamente escapar de una turba- si se suman los hechos colaterales.
El rol de organizaciones de DDHH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONG Amnistía Internacional encabezan desde sus ámbitos las listas de entidades que sostienen que hubo excesos, como se desprende de varias grabaciones con móviles en los que se ve a militares o policías disparar a quemarropa contra manifestantes o transeúntes.“La responsabilidad política es del señor Castillo, no de Dina Boluarte”, insistió esta semana Otálora en Francia, en una entrevista con la televisión de ese país, con lo que respaldó a la mandataria, que centra las culpas en su antecesor y excompañero de fórmula a pesar de que ya estaba preso y aislado cuando se produjeron los hechos.
Otárola, también investigado, insistió en la misma entrevista en que en las protestas Perú enfrentó “el ataque permanente de un grupo muy pequeño y muy violento financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, que pretendió tomar el poder porque ya tenía el gobierno (con Castillo)”
“Nosotros mismos hemos pedido que se investigue y nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía”, insistió el primer ministro, abogado de 56 años que, como Boluarte, proviene de la izquierda y a quien sectores de la oposición consideran el verdadero operador detrás del trono.
Para el Gobierno y sus aliados en el Congreso, las protestas fueron producto de una alianza entre "terroristas de extrema izquierda" y delincuentes, aunque no han presentado pruebas ni hay procesados como supuestos orquestadores intelectuales o financieros.
En Juliaca, 18 personas murieron a manos de la policía en eventos ocurridos el 9 de enero de 2023. @FiscaliaPeru debe llegar a la verdad e investigar a los responsables hasta el más alto nivel. Las víctimas y sus familias deben poder acceder a reparaciones.#ProtejamosLaProtesta pic.twitter.com/KAg1FLCxd2
— Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu) June 7, 2023
Esta semana, además, la Comisión Permanente del Congreso archivó, por recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una imputación constitucional por el mismo tema contra Boluarte, Otárola, el exprimer ministro Pedro Angulo y el exministro del Interior César Cervantes.
“La Comisión Permanente sepultó la posibilidad de que este Congreso investigue las muertes”, lamentó la parlamentaria de izquierda Sigrid Bazán, una de las impulsoras de la acusación, de la que de antemano se consideraba improbable que prosperara por la correlación de fuerzas en el Legislativo.
Boluarte, cuestionada por las fuerzas de derecha que controlan el Congreso cuando era vicepresidenta y ministra de Castillo, ha conformado una alianza de hecho con esas agrupaciones, a la que además se suman con frecuencia en puntos específicos representantes de la izquierda.
Por ahora se ignora cuáles serán los próximos pasos de la Fiscalía, ente cuya titular, Patricia Benavides, es señalada por la oposición como supuesta integrante de una alianza de poderes fácticos que mantiene las riendas del poder.