El juicio oral en la causa Vialidad se reanuda este lunes con el comienzo del alegato final de la defensa del empresario Lázaro Báez, quien tiene un pedido de condena de 12 años de prisión por parte de la fiscalía en la causa que investiga si fue beneficiado con la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El Tribunal Oral Federal 2 escuchará al abogado de Báez, Juan Villanueva, quien hablará ante los jueces durante tres jornadas, en respuesta a las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola Báez.
Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y cumple con arresto domiciliario por esa causa.
El dueño de Austral Construcciones enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron prevaricato.
Báez está acusado por supuesta “asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública”.
La semana pasada los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharon a las defensas de otros dos acusados, el exsecretario de Obras Públicas José López y el también exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner. En ambos casos se reclamó la absolución.
“José López no cometió ilícitos. Nunca pudo haber cometido corrupción en la obra pública porque no lo controlaba”, señaló el defensor de López, Santiago Finn. Además, la defensa oficial del exfuncionario cuestionó que los fiscales hayan involucrado al acusado en un presunto operativo para limpiar todo, que según ellos se habría puesto en marcha a fines de 2015 para ocultar los presuntos ilícitos que ahora se juzgan.
“¿Como se ‘limpian’ kilómetros de caminos viales? No se limpian, quedan ahí”, planteó el defensor y además sostuvo que “la intimidad resultó absolutamente violada, para López y las personas que hablaban con él”.
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La defensa se refirió al uso por parte la fiscalía como prueba en su alegato final del contenido de mensajes del celular del exfuncionario, que había sido peritado en otra causa en la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito y que el TOF2 aceptó incorporar a este juicio.
Una vez que finalice la defensa de Báez, el listado seguirá con los últimos cuatro imputados cuyos alegatos falta escuchar, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.
Periotti está acusado como supuesto organizador de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
El debate se inició hace más de tres años, están acusados 13 imputados y, una vez que termine la etapa de alegatos, será el momento de ejercer el derecho a réplicas y dúplicas por parte de las partes, si es que las hay.
En el juicio ya reclamó su absolución la Vicepresidenta, quien expuso por videoconferencia ante los jueces y denunció que los fiscales cometieron «prevaricato», por lo que pidió que se extraigan testimonios en el momento del veredicto para una eventual denuncia penal.
“La acusación de los fiscales viola la Constitución porque un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”, remarcó la vicepresidenta en su exposición, al asumir su propia defensa por ser abogada.
“A la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí y, para traerme de los pelos a mí al juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo”, enfatizó la titular del Senado.
También reclamaron absoluciones los abogados de los acusados Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; la del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y la de los exfuncionarios de Vialidad nacional y provincial que trabajaban en Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.
En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.
El debate se inició hace más de tres años, están acusados 13 imputados y, una vez que termine la etapa de alegatos, será el momento de ejercer el derecho a réplicas y dúplicas por parte de las partes, si es que las hay.
Luego se fijará un cronograma para últimas palabras y, finalmente, la fecha del veredicto, que se evalúa dar a conocer antes de fin de año.
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FUENTE: Télam.