La Corte, en silencio; el Consejo de la Magistratura, paralizado
Ante la inacción de los espacios institucionales crecen los reclamos para que los magistrados que viajaron a Lago Escondido dejen de dar clases en la universidad pública.
No hay espacio judicial en el que no se haya debatido sobre los chats que se filtraron y que muestran las relaciones promiscuas entre cuatro jueces federales con exintegrantes de los servicios de inteligencia, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y el principal grupo de medios del país. Sin embargo, a nivel institucional, por ahora todo es silencio. La Asociación de Magistrados no se pronunció. Tampoco lo hizo la Corte Suprema pese a que se esperaba al menos algún gesto por parte del máximo tribunal. El Consejo de la Magistratura, que debería tramitar las denuncias, está paralizado. Como contracara, empezaron a crecer los reclamos para que los magistrados no sigan formando a nuevas generaciones de abogados.
Los chats judiciales estallaron durante el fin de semana. Empezaron a circular los links a la web Patagonian Facts, donde estaban publicados los dos grupos de Telegram –”Operación Página 12” y “Donatto contraataca”--. En general, había mensajes de desaprobación intercalados con propuestas de salir a desmarcarse del cuarteto para que la ya muy dañada imagen judicial no siguiera sumando manchas.
En los tribunales de Comodoro Py, todos hablan del escándalo de los chats. Nadie cuenta haber tenido contacto con el juez federal Julián Ercolini –uno de los protagonistas del intercambio en el que se buscaba justificar un viaje a Lago Escondido que habría sido financiado por el Grupo Clarín--. A Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, lo vieron en las últimas horas en audiencias que se celebraron en el primer piso de los tribunales de Retiro. Los dos son integrantes del grupo de los “huemules” –como así se denominaban en los mensajes que compartían– que también conformaban el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y su colega de contencioso administrativo Pablo Cayssials.
No hubo demasiado quórum a la hora de decir algo. En la Asociación de Magistrados –que dirige Marcelo Gallo Tagle y que hace pocas semanas libró una batalla a capa y espada contra el pago de ganancias– dicen que por el momento no habrá comunicado. La justificación es que hay una investigación penal en curso en la jurisdicción de Bariloche. Más allá de lo que resulte en los tribunales, la revelación apunta a prácticas reñidas con la ética de sus asociados.
Una de las listas de la Asociación de Magistrados, Compromiso Judicial, sorprendió con un pronunciamiento celebratorio de la sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 contra Cristina Fernández de Kirchner y otros. Según la agrupación en la que participa el juez Jorge Gorini, “infundadamente agravian al tribunal poniendo una vez más en peligro el funcionamiento de nuestro estado republicano y democrático”. El comunicado cayó mal entre algunos integrantes de la lista. “Las condenas no se celebran”, comentaba un juez insospechado de tener simpatías con el kirchnerismo.
La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, emitió un fuerte comunicado que repudia a los magistrados viajeros. “Cuatro jueces que –con su accionar– ponen en jaque todo el sistema”, dice el sindicato que también reprobó la filtración a la que calificó de ilegal y salió al cruce de la acusación de ser una mafia que lanzó CFK el martes desde su canal de YouTube, después de recibir la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa “Vialidad”, que tramitó en el juzgado de Ercolini.
En el mundo académico circulan hace días pedidos para que los cuatro jueces dejen las aulas. En particular se focalizan en Ercolini, que es el director de la especialización en Administración de Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En las últimas horas, la exjueza Lucila Larrandart le envió una nota al fiscal Mario Villar, que dirige el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA, pidiendo que se expida públicamente sobre la inconducta de Ercolini. “Esta falta de integridad ética resulta totalmente incompatible con los fines y principios de nuestra Universidad Pública, y genera una profunda preocupación por las consecuencias que podría traer aparejada en la formación ética de los estudiantes –de grado y posgrado- de esta casa de estudios, mancillando no sólo los principios universitarios sino también los principios que enseñamos desde el Departamento de Derecho Penal y Criminología como base misma del Derecho Penal y Procesal Penal, ambos apéndices constitucionales”, sostuvo la jurista.
Uno de los datos relevantes es que la carta de Larrandart llegó con la adhesión del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, que ya el mismo lunes había dicho públicamente que la filtración dejaba en evidencia una degeneración del sistema de justicia. Días antes, Slokar había sido destinatario de una carta del Papa Francisco en la que se apuntaba a la ética de los jueces. Por su parte, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP), que preside el titular de Casación, también repudió a los viajeros en un comunicado en el que habló de "inconducta notoria" e "indignidad moral".
En el máximo tribunal penal del país, el tema probablemente surja en los próximos días, cuando los jueces deberán reunirse en plenario para decidir quién reemplazará a Slokar al frente del cuerpo. Casación fue un tribunal muy sacudido por los escándalos en los últimos meses después de que se conocieran las visitas que solían hacerle Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a Mauricio Macri. A nivel interno también calaron hondo los mensajes misóginos de Juan Carlos Gemignani. En general, no hubo reproches a los colegas, con la excepción de Slokar, Ana Figueroa y Ángela Ledesma.
La desaprobación no únicamente se sintió en el ámbito del derecho penal. El excamarista laboral y expresidente de la Asociación de Magistrados –por la Lista Celeste– Juan Carlos Fernández Madrid le escribió, por su parte, al decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara. “Considero que ninguno de los jueces involucrados en el episodio de Lago Escondido está en condiciones morales de continuar al frente de cursos en la Facultad de Derecho de la UBA”, afirmó.