El kirchnerismo está decidido a avanzar con el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. La determinación responde a un hecho concreto: el futuro judicial de la vicepresidenta en diversos momentos, estará en manos del máximo tribunal. En un año electoral donde se define un nuevo turno presidencial, el Poder Judicial debe resolver casos sensibles que involucran a los hijos de Cristina Kirchner como también otros expedientes por presuntos hechos de corrupción que la tienen como principal acusada.
Este 1 de febrero se reanudó la actividad judicial, tras la habitual feria. El escenario político está signado por el enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial que cuenta con un pedido de juicio político en el Congreso contra los ministros de la Corte.
La justicia federal que se ocupa de los casos de corrupción tiene varias decisiones que tomar en esta primera etapa del año que involucran a la vicepresidenta y en dos expedientes, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, como también a su ex socio comercial Lázaro Báez.
Una de las primera resoluciones que podría conocerse es la de la Sala IV de la Cámara de Casación respecto a la condena a doce años de prisión para Báez, acusado de haber lavado 55 millones de dólares.
Esas operaciones de blanqueo se realizaron a través de Austral Construcciones, la empresa que ganó las 51 licitaciones viales con irregularidades por 46.000 millones de pesos.
En la sentencia condenatoria, dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) indicaron que el delito precedente de esas maniobras de lavado, son las irregularidades en la obra pública vial: el juicio en el que Cristina Kirchner terminó condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Si el máximo tribunal penal llega a confirmar este planteo, en Comodoro Py sostienen que dará mayor fortaleza a la sentencia contra la vicepresidenta cuando el caso sea revisado -después de las correspondientes apelaciones- por la Cámara de Casación. Aunque fuentes judiciales hicieron una distinción “son dos expedientes que tramitaron por separado y cuyos debates orales así se realizaron”.
La Cámara de Casación es la instancia previa a llegar ante la Corte Suprema de Justicia con algún reclamo. Por ese motivo, en el caso de la Ruta del Dinero K, la decisión que tome la Sala IV tendrá para las partes una posibilidad más de queja que es el máximo tribunal.
Lectura de los fundamentos de la condena
Mientras se espera un pronunciamiento sobre el caso que derivó en una condena a doce años contra Lázaro Báez, el 9 de marzo el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que condenó a la vicepresidenta de la Nación a seis años de prisión, leerá los fundamentos de la sentencia.
Ese día se conocerán los elementos que tuvieron en cuenta los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, para sostener -por unanimidad- que Cristina Kirchner era responsable de haber defraudado al Estado generando un perjuicio de 80.000 millones de pesos. Esta estructura tuvo como beneficiario a Lázaro Báez con 51 contratos viales “otorgados de manera irregular” y con “sobreprecios”, se determinó durante el debate oral.
Además, ese día, se conocerá en base a qué argumentos resolvieron -dos de los jueces- que la vicepresidenta no era responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Fue sólo uno de los magistrados, Andrés Basso, quien consideró que también había que atribuirle dicha acusación.
La causa que inició con la denuncia de Nisman
La Sala I de la Cámara de Casación será la responsable en esta primera etapa del año, de resolver dos casos sensibles para la vice. En primer término, deben pronunciarse sobre el sobreseimiento sin la realización del juicio oral que obtuvo Cristina Kirchner en la causa conocida como Pacto con Irán.
En este expediente la vicepresidenta fue procesada y enviada a juicio por el delito de encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA. Sin embargo, el TOF 8 sobreseyó a todos los acusados sin realizar el debate oral. Justamente, la Casación debe determinar si queda firme esa decisión o si ordenará que el juicio se haga como requirieron los querellantes.
Las empresas de los Kirchner
Misma discusión se da en base al caso Hotesur y Los Sauces. Se trata de las dos empresas familiares en las que los Kirchner fueron procesados y enviados a juicio por lavado de dinero. La imputación sostiene que simularon acuerdos comerciales a través del rubro inmobiliario y hotelero con el único fin de concretar operaciones de blanqueo. En las mismas intervinieron Lázaro Báez y Cristóbal López.
Dos jueces del TOF 5 -Daniel Obligado y Adrián Grunberg- firmaron el sobreseimiento para la familia Kirchner y los demás imputados, sin realizar el juicio. La Sala I deberá resolver si la vicepresidenta y sus hijos se defenderán en instancia de debate oral o si dejarán firme la resolución del Tribunal.
Otro caso sensible: los Cuadernos de las coimas
Respecto a los casos ya elevados a juicio y que esperan fecha de inicio, se encuentra el conocido como los Cuadernos de las Coimas. El Tribunal Oral Federal 7 que tiene a su cargo el expediente, pedirá en las próximas semanas cuatro contratos más a la Corte Suprema.
El pedido será para avanzar con mayor celeridad hacia la instancia de inicio del juicio oral. Para que esto ocurra, señalaron fuentes judiciales a Clarín, “se necesitan más recursos humanos”. Es la Corte Suprema la responsable de designar el personal extra que los Tribunales requieren.
A la fecha la denominada “causa madre” en la que la vicepresidenta está procesada como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales (coimas), tiene el pedido de todas las partes y de la fiscal Fabiana León de los testigos y las medidas de prueba que se requieren previo al inicio del juicio.
Hay otros tres tramos, causas conexas, sobre las cuales el Tribunal pidió el ofrecimiento de pruebas para que las partes sugieran. Esto significa que el TOF está determinado a realizar el juicio y que buscan imprimir celeridad para fijar una fecha de inicio del debate oral.
El atentado contra Cristina Kirchner
En el Juzgado de instrucción a cargo de María Eugenia Capuchetti, tramita la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta. Se espera que se envíe a juicio oral a los cuatro procesados. Tres de ellos se encuentran detenidos: Fernando Sabag Montiel (responsable de gatillar dos veces a 15 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta), Brenda Uliarte (su pareja) y Nicolás Carrizo (identificado como el “jefe” de los copitos).
Los tres se encuentran procesados y las acusaciones ya confirmadas por la instancia superior, de intento de homicidio agravado por uso de arma de fuego -en el caso del joven que portaba la pistola Bersa-, en carácter de partícipes necesarios los otros dos responsables, también agravado por la planificación del delito.
En la última semana, Cristina Kirchner volvió a recusar a la magistrada de este caso que sostuvo que -hasta el momento- no hay elementos para vincular a los responsables de Revolución Federal con el intento de homicidio.
Las acciones públicas de Revolución Federal las investiga el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. La separación de los expedientes es algo que critica la vice que insiste en la unificación y en el corrimiento de Capuchetti frente a la pesquisa.
El rol de la Corte
La Corte Suprema de Justicia también tiene en sus manos decisiones importantes. Por un lado debe pronunciarse sobre el caso Dólar Futuro y determinar si Cristina Kirchner irá a juicio oral o dejarán firme el sobreseimiento dictado por la Cámara de Casación hace dos años.
Por otro lado, debe responder a los planteos del Gobierno de Alberto Fernández sobre la cautelar concedida a la administración porteña respecto a los fondos coparticipables.
Hay que recordar que por unanimidad, la Corte dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (recordemos que la Ciudad pide el 3,50 como petición de fondo) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
En consecuencia, dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción. Sin embargo, el Gobierno continuó pagando el 1,4%. Esto representa unos 500 millones de pesos diarios. La Ciudad debería estar percibiendo en función de lo ordenado por la Corte, unos 1.050 millones de pesos diarios.
Además, el Presidente Alberto Fernández propuso pagar con bonos a 90 días. La Ciudad rechazó ante la Corte esta medida al entender que la Coparticipación es un goteo diario que todas las provincias reciben al comienzo de la jornada, es dinero líquido que se les deposita en las arcas públicas.
En sus argumentos, la Ciudad dijo que la Ley de Coparticipación prohíbe cualquier otra metodología de pago. Este planteo está en manos de la Corte Suprema.
Ahora el máximo tribunal tiene que resolver un planteo del Poder Ejecutivo, a través del cual pidió recusar a los cuatro ministros de la Corte y por otro lado, solicitó la revocatoria del fallo que les ordenó pagar 2,95% de los fondos coparticipables.
En simultáneo, los cortesanos tienen que pronunciarse sobre el planteo de la Ciudad, a través del cual rechaza la metodología de pago a través de los bonos y por otro lado, el reclamo por el dinero que desde el 22 de diciembre se debía percibir: la deuda supera los 22.000 millones de pesos.