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En una decisión inédita y altamente polémica, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó ayer una reunión especial por pedido del oficialismo para tratar un informe secreto de control de todos los contratos que realizó el Gobierno con diversos laboratorios para la adquisición de las vacunas contra el COVID durante la pandemia.
El resultado de esta sesión del colegio de auditores fue escandaloso: el oficialismo se abroqueló con su mayoría para imponer un informe secreto que fue rechazado de plano por los tres auditores de la oposición en minoría quienes evaluaron el documento como "carente de datos relevantes", lo calificaron de "extremadamente superficial" y "restrictivo" en el uso de la información.
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Según consignaron a El Cronista fuentes calificadas de la AGN que estuvieron ayer en la sesión ordinaria, que en un principio pidieron que se haga a puertas cerradas, los auditores del peronismo Javier Fernández, Graciela de la Rosa, Gabriel Estrada y Juan Forlón se pusieron de acuerdo para aprobar automáticamente el acta 98/2021-AGN en el que figuró el proyecto 120100837 con los informes de Auditoría realizados en el ámbito del Ministerio de Salud.
Este informe de los auditores del oficialismo se refiere al "cumplimiento normativo de los contratos celebrados en el marco de la Ley 27.573 (Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19), elaborados por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero".
Allí se hizo un raconto, al entender de la oposición "muy limitado, superficial y poco relevante" de los contratos que hizo el Gobierno en medio de la pandemia del COVID con los laboratorios Astrazeneca UK LIMITED; Serum Institute of Indina (Covishield) y el acuerdo con la empresa China National Biotec Group (CNBG) y Beijing Institute of Biological Product y Sinopharm.
También figuraba en la nómina el contrato con Rusia por las vacunas Sputnik V; Morena; Cansino Biologics; aquellas vacunas suministradas por el mecanismo COVAX de Naciones Unidas y la cesión parcial del convenio de suministro Limited Liability Company human Vaccine a Richmond Sacif y el convenio con Pfizer.
Los contratos con algunos de estos laboratorios y el Gobierno resultaron polémicos y llegaron a desatar denuncias en el Congreso. El informe de la AGN por parte del oficialismo comenzó a realizarse el año pasado y se estuvo dilatando en el tiempo hasta que la oposición exigió avances. Pero una vez culminado, los auditores del oficialismo decidieron que sería de caracter reservado.
Así, el informe del oficialismo es secreto y será remitido ahora a la Comisión Bicameral de Revisión de Cuentas del Congreso para su aprobación. No se sabe aún si en el Parlamento será tratado este documento de control bajo secreto ya que no existen antecedentes de este tipo de análisis de informes de la AGN.
Desde el oficialismo argumentaron que la decisión de hacer un informe secreto responde a que gran parte de los contratos que realizó el gobierno de Alberto Fernández con los laboratorios para la adquisición de vacunas tenían cláusulas de confidencialidad y que por ello no correspondía romper con ese acuerdo legal.
LAS OBJECIONES
No obstante, en contra de este informe de control que presentó el oficialismo se mostraron los auditores de la oposición Jesús Rodríguez, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva. Estos auditores presentaron un escrito de 12 páginas al que tuvo acceso El Cronista y en el que fundamentan el voto negativo al informe del oficialismo.
Entre los sustentos argumentales de ese documento la oposición señaló que el informe de auditoría del oficialismo no contempló nuevos pedidos de información al Ministerio de Salud para dar cumplimiento a "una auditoría integral". También el informe de la oposición señaló que el documento secreto del oficialismo contempla un "manejo arbitrario y restrictivo" de la información de los contratos de las vacunas.
El titular de la AGN, Jesús Rodríguez
A la vez, los auditores opositores objetan que el informe oficial no contempla si se cumplieron todas las etapas normativas para librar los pagos, si el Gobierno hizo los contratos con la "necesaria asignación presupuestaria o si los pagos parciales se imputaron correctamente.
En otro tramo del informe que elevó la oposición al Congreso se dejó constancia de que el informe del oficialismo "no prevé la verificación de las negociaciones previas y posteriores" del gobierno con los laboratorios. Tampoco se determinó según los auditores opositores el análisis de cumplimiento de los desembolsos y entregas pactadas por el estado.
Por último, los auditores Rodríguez, Nieva y Pichetto destacaron que el informe secreto avalado por el PJ "no se sabe si cumple con el principio de divulgación y transparencia" al analizar cada uno de los contratos.