Diego Luciani insistirá ante Casación con la acusación por asociación ilícita. Y pedirá que se investiguen posibles delitos reflejados en los chats de José López.
La lectura de la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner por corrupción trajo aparejada otra declaración del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2): habilitó al fiscal Diego Luciani a que "proceda conforme lo entiendan pertinente" respecto a las personas mencionadas en los mensajes del celular de José López. Por eso radicará la denuncia para que sean investigados, entre ellos Máximo Kirchner.
Para los jueces que encontraron responsable de hechos de corrupción a Cristina Kirchner, hubo “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses” del Estado. Lo que denominaron un plan criminal ubicó como elementos indispensables a la vice y a Lázaro Báez. Pero el caso podría tener otras derivaciones judiciales.
En medio del alegato del fiscal Luciani, en agosto, se escuchó el nombre de Máximo Kirchner.
Fue a raíz de una serie de mensajes que se extrajeron del celular de José López y que habían sido escritos en 2015, en los que se le consulta al diputado nacional (que por entonces no ocupaba ningún cargo) dónde debían ubicarse las cien cuadras de pavimento que terminaron en manos de Lázaro Báez y que estaban incluidas en la licitación número 51, la última de un virtuoso circuito.
Para el fiscal Luciani, esos mensajes en los que también aparecen otros funcionarios, un amigo del ahora diputado y también su ex pareja, significaron una "clara intervención" en ésa y otras obras volcadas a la provincia.
Por ese motivo solicitó que se realice una extracción de testimonio para investigar nuevos hechos. Es un pedido para que se abra otra causa judicial esta vez para investigar a Máximo Kirchner.
Pero este martes, al leer el veredicto, el TOF 2 resolvió no realizar la extracción de testimonio.
Sin embargo habilitó al Ministerio Público Fiscal, a que proceda como consideren de forma más conveniente. El fiscal Luciani resolvió que radicará la denuncia penal para las personas mencionadas en los mensajes del celular de López, sean investigadas.
El listado incluye a Máximo Kirchner. La fiscalía se refirió al analizar las comunicaciones de whatsapp, de una "marcada intervención” del hijo de la vicepresidenta en las obras a finales de 2014 a favor de Lázaro Báez. También se habla de su rol sin haber sido funcionario en aquel entonces, de diversos contratos que se volcaban en Santa Cruz, algunos de los cuales terminaban en manos de Báez.
Los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas fueron incorporados por la fiscalía el 27 de noviembre de 2021. Desde entonces se realizó un análisis de 26.000 mensajes que fueron expuestos en distintos momentos del alegato del Ministerio Público Fiscal. Estaban hace más de un año a disposición de los abogados.
En esas conversaciones se dio cuenta de cómo el ex secretario de Obras Públicas le preguntaba a Máximo Kirchner -que no ocupaba cargos públicos- por diversas obras que el Estado nacional iba a licitar en la provincia de Santa Cruz.
"Vamos a solicitar la extracción de testimonios acerca de las posibles ilicitudes de las mismas característas que las que han sido señaladas en este alegato en relación con el Hospital Materno-infantil de Río Gallegos", donde según los mensajes Cristina Kirchner "tenía un particular interés". Fueron éstas las palabras del fiscal Luciani en su alegato final.
Bajo la misma línea argumentativa, se radicará la denuncia penal. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, esa obra expuso otra cosa: "una brutal connivencia entre funcionarios y empresarios y cómo se cometieron hechos ilegales".
En la denuncia insistirá en que se investigue todo aquello que pueda lograr surgir de las conversaciones que han sido expuestas por José López y Abel Fatala, "como así también de todos los posibles ilícitos que surgen de los mensajes del teléfono de José López, en el que habrían participado diferentes funcionarios y particulares".
No se deja de lado, además, el vínculo comercial de la familia Kirchner con Lázaro Báez, en muchos cuyos episodios intervino Máximo Kirchner como representante de sus padres. Fue el receptor de 93 cheques emitidos por el Grupo Austral en concepto de diversos alquileres.
Al respecto, durante el juicio la fiscalía insistió: “Sin ser funcionario, Máximo Kirchner intervenía en las obras que se direccionaban en la provincia a favor de Báez”. “López era el que reportaba siempre a Máximo Kirchner avisándole cómo avanzaban los convenios y los proyectos para Santa Cruz”.
En los fundamentos abreviados de su sentencia, los jueces del TOF 2 se refirieron a una relación "promiscua y de corrupción" de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Y de forma categórica indicaron que hubo un “interés manifiesto sobre el plan criminal de Cristina Fernández de Kirchner”.
Ese interés -amplió el TOF 2- se “evidenció a través de su participación (de la vice) en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.