No eran amigos. No lo son. Tampoco fue un vínculo que el Tribunal analizó. Lo que sí quedó claro para los juegos que condenaron a Cristina Kirchner es que había una relación comercial preponderante con Lázaro Báez. En la síntesis de los fundamentos de la sentencia, se habló en duros términos de “un interés por parte de la entonces Presidenta en el plan criminal”, de una “relación espuria y de corrupción” con el beneficiado empresario de la obra pública vial y de crecimientos patrimoniales exponenciales.
Lázaro Báez y Cristina Kirchner compartieron durante tres años y medio el mismo juicio. La acusación que los llevó a afrontar este proceso por hechos de corrupción, los colocó como parte indiscutible de una misma ecuación. No eran desconocidos mucho menos, en los negocios.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que dictó una sentencia condenatoria para la vicepresidenta, le dio seis años de prisión al igual que a su ex socio comercial por el mismo delito: administración fraudulenta en perjuicio del Estado. A Cristina Kirchner se le adjudicó el rol de autora y al contratista K, el de partícipe necesario.
En los fundamentos abreviados -la versión completa se conocerá el 9 de marzo- y para sustentar una pena que implica para Cristina Kirchner la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, los jueces indicaron que en las 51 licitaciones adjudicadas al Grupo Austral, hubo “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses” del Estado.
Ese perjuicio ocasionado a la administración pública nacional tuvo una explicación que puso de relieve la relación preexistente entre los Kirchner y Báez.
De forma categórica, los jueces indicaron que hubo un “interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”.
Ese interés -amplió el TOF 2- se “evidenció a través de su participación (de la vice) en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.
Como contó Clarín en reiteradas ocasiones, el dueño del Grupo Austral y los Kirchner celebraron una veintena de acuerdos comerciales: contratos de alquiler, alquiler de hoteles, compra - venta de inmuebles, fideicomiso de construcción, un terreno en condominio, entre otros, que generaron que entre 2009 y 2015 Austral Construcciones garantice ingresos por más de 40 millones de pesos al patrimonio de la vicepresidenta.
La participación de Cristina Kirchner en la maniobra investigada fue determinante. El Tribunal se refirió a “llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal, particularmente en su etapa conclusiva (año 2015)”, cuando Austral Construcciones dejó de estar operativa.
En dicha instancia se incluyó el rol preponderante de José López, que actuaba de intermediario para que se aceleren pagos a Báez. “Fueron conductas ajenas al ámbito funcional de cada uno y que, una vez más, pusieron de resalto la existencia de vínculos estrechos y corruptos entre funcionarios públicos e integrantes de una empresa contratista de obra pública”.
Toda la maniobra derivó en un beneficio concreto para el socio comercial de la vice. En otras palabras, los jueces dijeron: “las obras fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
El beneficio directo era para Báez, y para que esto se concrete, en los fundamentos se habló de una violación de los principios “básicos de transparencia y competencia propios de los procesos licitatorios; han sido condescendientes con las empresas del grupo Báez para que éstas resultaran adjudicatarias de la mayoría de las obras viales licitadas”, en suelo santacruceño.
Pero los jueces fueron más allá y volcaron otro concepto en la síntesis de los fundamentos. Hablaron de la existencia de “vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al grupo empresarial”.
La relación preexistente entre Báez y Cristina Kirchner fue un hecho grave para los jueces, que señalaron los aportes realizados por la entonces presidenta para beneficiar al grupo económico de Lázaro, “describiendo la íntima relación personal y comercial entre el matrimonio Kirchner y el empresario acusado de haber forjado una fortuna formidable a partir de su incursión en la obra pública vial a partir de mayo de 2003”.
Los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso también hicieron referencia a los “lazos que fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Kirchner y Lázaro Báez”.
A la hora de ponderar cómo funcionó el Grupo Báez, el TOF 2 habló de “un hecho inédito en la historia del país”, ya que dio por acreditado que ciertas decisiones trascendentales “respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”, en relación a Cristina Kirchner.
También “quedó suficientemente probado que la estrategia delineada entre funcionarios y empresarios se aseguró mediante el dictado de actos administrativos” de Vialidad Nacional y su sede en la provincia de Santa Cruz, “siempre operando bajo una apariencia de legalidad”.
Los integrantes del tribunal entendieron que el comportamiento de los funcionarios de diversos organismos mostraron un “nivel grotesco de subordinación, cercanía y confusión entre las personas físicas y jurídicas involucradas en la maniobra”, incluidas las empresas constructoras del Grupo Báez “que ha resultado de especial relevancia al analizarse la atribución de responsabilidad penal individual”.