El veredicto de la causa que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos por los integrantes del Regimiento 6 de Mercedes (RIM 6), será conocido este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, en una audiencia inusual donde la presencia de los acusados será optativa, una medida que generó inquietud por parte de la querella que representa a las víctimas.
La periodista Bárbara García, quien con 9 años padeció el secuestro de su madre Rocío Ángela Martínez Borbolla, afirmó que tiene "escasas expectativas" en relación a las sentencias que pueda dictar el Tribunal Oral Federal Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, en función del "trato injusto" que tuvo durante las audiencias de este proceso.
Bárbara y su hermano, el también periodista Camilo García, fueron testigos del rapto de su progenitora, una militante del PRT-ERP, en un operativo ejecutado por efectivos del Ejército en una vivienda de Haedo, en julio de 1976.
El juicio
El juicio comenzó en diciembre del año pasado y se investigan privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas.
Los imputados son el exsubteniente Emilio Pedro Morello (exdiputado nacional del partido de Aldo Rico); el ex subteniente Luis Alberto Brun; el exsubteniente a Martín Eduardo Sánchez Zinny, el excabo 1° Osmar Andrade y el exsubteniente Horacio Linari.
Las víctimas eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), y entre ellos se encuentra Martínez Borbolla.
Los integrantes de estas organizaciones fueron blanco de acciones represivas por parte de los efectivos del RIM 6 que estaban destinadas a desarticular las publicaciones de las revistas "El Combatiente" y Estrella Roja", órganos de difusión del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
La postergación del veredicto
El tribunal tenía previsto formular el veredicto el viernes, pero se postergó porque los magistrados Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Feliciano Ríos debieron seguir esta semana las audiencias del juicio de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"Esperaba que dieran a conocer las penas ayer. Pero los jueces estuvieron más atentos a la causa de la Obra Pública y lo postergaron. Tenemos la mala suerte de que nos haya tocado un tribunal muy complejo, muy cuestionado. Las personas que declaramos como víctimas nos sentimos muchas veces como si fuéramos un número de expediente por el trato que nos dieron cuando tuvimos que declarar", explicó García en declaraciones a Télam.
De esta manera, la lectura de la decisión del tribunal quedó estipulada para las 18 del miércoles y previamente, a las 14.30 se escucharán las dúplicas de las defensas y las últimas palabras de los acusados.
Alegatos
E lunes de la semana pasada, al concluir la primera jornada de los alegatos que formuló la fiscalía en la causa de la obra pública, los jueces escucharon las réplicas en el juicio del RIM 6 con una actitud que generó estupor entre las víctimas y familiares.
"Vivimos una falta de respeto total. Mientras nuestro abogado (Pablo Llonto, a cargo de la querella) exponía, los jueces hablaban entre ellos y no escucharon nada. Sólo el presidente del tribunal, Javier Feliciano Ríos, pareció interesarse. Por eso me pregunto qué expectativas puedo tener respecto del veredicto", se interrogó Bárbara.
Y en ese sentido, agregó: "Eso fue muy doloroso porque el tribunal mostró una indiferencia total a nuestra lucha y a nuestro dolor".
Durante la instrucción, Bárbara identificó al exmilitar Martín Eduardo Sánchez Zinny como uno de los autores del secuestro de su madre que se produjo en una vivienda del barrio de Haedo, en una declaración que hizo ante le juez federal Daniel Rafecas.
En base a esa testimonio, el magistrado resolvió el procesamiento y la detención de Sánchez Zinny y otros seis militares del regimiento de Mercedes y, en octubre de 2018, elevó la causa a juicio oral y público.
Pocos días antes de ser aprehendido, el exmilitar había presentado en la Feria del Libro "La Alumna del Inglés", una novela histórica.
Sin embargo, a los pocos meses de estar en Campo de Mayo, el militar sindicado por Bárbara logró el beneficio del arresto domiciliario, al aducir que debía cuidar a su hijo, que tiene autismo.
Sánchez Zinny denunció penalmente a Bárbara por falso testimonio y pidió su detención, pero esa pretensión del imputado no próspero en la Justicia.
"La última muestra que tuvimos de desigualdad en el tratamiento del proceso quedó evidenciada en la posibilidad que dio el tribunal a los acusados de presenciar en forma optativa el veredicto. Ellos escucharán la lectura desde sus casas mientras tengo que estar con botón antipánico a mí disposición como resultado de la causa penal que (el represor Martín) Sánchez Zinny me hizo por falso testimonio", sostuvo la periodista.
Hace más de dos años, Rafecas evaluó el riesgo que corría García y le ofreció entrar en el régimen de testigos protegidos y en la actualidad sigue un tratamiento psicológico a disposición de las víctimas de delitos de lesa humanidad.
"Por eso yo digo que la presa soy yo. Esto no es vida. Tengo 55 años y quiero vivir y tener justicia por mi madre. Ayer cuando Pablo (Llonto) me contó que la audiencia sería de presencialidad optativa para los acusados, directamente me desmayé. Si Sánchez Zinny y (Emilio) Morello no van a una cárcel común después de este juicio, habré perdido. Ese es mi sentimiento", subrayó.
"La presa soy yo. Esto no es vida. Tengo 55 años y quiero vivir y tener justicia por mi madre"Bárbara GarcíaEl viernes, la querella que representa a Bárbara y a Camilo en este proceso presentó un escrito exigiendo la presencialidad total y absoluta por parte de todos los integrantes de la causa pero hasta el momento, "no tuvimos novedades", añadió García.
Por su parte, Llonto dijo a esta agencia que "después de muchos años ha llegado el momento de la sentencia y aguardamos una condena a los responsables del RIM 6 de Mercedes porque en el juicio se ha probado que tenían un grupo de tareas de inteligencia y operativo".
"Esperamos que con todos los testimonios lo más pronto posible se condene a estos responsables que hace 46 años que están impunes y muchos fueron integrantes del grupo carapintada que se levantó contra la democracia y el entonces expresidente Raúl Alfonsín", añadió.
Morello y Sánchez Zinny además formaban parte de los grupos carapintadas que bajo el mando del entonces teniente coronel Aldo Rico, se alzaron contra el orden de democrático en la Semana Santa de 1987.
Tanto la fiscalía como las querellas solicitaron la pena de prisión perpetua, al considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por alevosía.