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El Foro Argentino para la Democracia en la Región solicitó al juez Sebastián Ramos que se quede con esos dos casos. Y que no los pase al Tribunal Penal Internacional.
El Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) solicitó este martes al juez federal Sebastián Ramos que mantenga su competencia para investigar a los presidentes de Venezuela Nicolás Maduro y de Cuba Miguel Díaz-Canel por delitos de lesa humanidad cometidos en sus países.
El pedido lo hizo el abobado de FADER Tomás Farini Duggan ante un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que preguntó si el Tribunal Penal Internacional ya estaban investigando los tres casos específicos denunciados y solicitó sortear la causa contra el líder del régimen cubano.
En cambio, la denuncia de FADER contra el presidente de Nicaragua Daniel Ortega se acumuló en el juez Ariel Lijo que ya tenía una causa abierta por el líder del régimen sandinista, sin objeciones.
La solicitud de FADER fue una de las razones para que Maduro -un aliado de Cristina Kirchner- se ausentó a último momento de la cumbre del ALCA de la semana pasada y Ortega directamente no viniera. El único que asistió fue Díaz-Canel.
En un escrito presentado en nombre de FADER que preside el ex diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Farini Duggan hizo una serie de explicaciones jurídicas para fundamentar su pedido.
El escrito sostuvo que el llamado “principio de complementariedad (que no privilegia la instancia internacional por sobre la local) determina la competencia del juez Ramos para investigar los graves crímenes de lesa humanidad que son sistemáticamente perpetrados en Venezuela por el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros”.
El hecho de que la Argentina, durante la presidencia de Mauricio Macri, haya presentado el caso a la Corte Penal Internacional “de ninguna manera significa que la presente causa no deba continuar o deba ser remitida a dicha Corte, sino todo lo contrario: en virtud del principio de complementariedad ese análisis le corresponde a la CPI y no a la autoridad nacional”.
La CPI que es una instancia internacional para investigar graves delitos a los derechos humanos fue creado por el Estatuto de Roma y, hasta ahora, Cuba se negó a firmarlo.
“Dicho de otra forma: el principio de complementariedad no privilegia la instancia internacional por sobre la local, sino exactamente lo contrario”, agregó.
Es decir, “legalmente para la CPI es suficiente -a fin de determinar que un caso es inadmisible de acuerdo al artículo 17- que un Estado "con jurisdicción" lleve a cabo un procedimiento penal genuino, sin importar cuál sea la base de esa jurisdicción, incluyendo la jurisdicción universal”.
Farini Duggan puso como ejemplo las investigaciones abiertas en Argentina por crímenes del franquismo en España y de Birmania contra la minoría étnica musulmana de los rohinyás.
“El análisis de admisibilidad es propio de la Corte Penal Internacional mencionada y su participación se encontraría impedida en caso de que un Estado llevara a cabo medidas sobre el mismo asunto”, explicó.
Además, en un informe que fue producido por la CPI “surge que la Fiscalía apoya firmemente todo esfuerzo genuino para hacer efectiva la responsabilidad para combatir delitos internacionales que puedan tramitar en diferentes fueros”.
Más adelante, sostuvo que los abusos contra los derechos humanos cometidas en Cuba “resulten distintos de los acontecidos en Venezuela, no autoriza a sostener que deban ser sorteados nuevamente para que otro juez sea designado en esa parte de la investigación”.
En consecuencia, “asumir la competencia seleccionando algunos de los hechos denunciados (Venezuela) y descartar otros (Cuba) que se remiten a la Cámara para un nuevo sorteo, importa transgredir la garantía del juez natural resultante del art. 18 de la Constitución Nacional”, afirmó Farini Duggan.
Además, “no existirían procesos penales en trámite cuya plataforma fáctica comprenda las graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por el régimen de Diaz Canel, razón por la cual –una vez corroborados esos extremos- correspondía que vuestra señoría se declare competente para investigar esos crímenes”, finalizó el abogado de FADER.