En su primer día como fiscal general de Estados Unidos, en marzo pasado, Merrick Garland les dijo a los empleados del Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) que se había inspirado en Edward Levi, un republicano que ocupó el mismo cargo bajo el mandato de Gerald Ford en la década de 1970.
Levi, al igual que Garland, era nativo de Chicago, pero, lo que es más importante, se le había atribuido ampliamente el haber restaurado la fe en la justicia estadounidense tras la tumultuosa y plagada de escándalos presidencia de Richard Nixon.
"La única manera de tener éxito y de conservar la confianza del pueblo estadounidense es adherirse a las normas que han pasado a formar parte del ADN de todos los empleados del Departamento de Justicia desde el período de Edward Levi como primer fiscal general pos-Watergate" , dijo Garland.
Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos
"Esas normas exigen que los casos similares sean tratados de igual manera. Que no haya una norma para los demócratas y otra para los republicanos; una norma para los amigos y otra para los enemigos", añadió.
Garland actualmente está tratando de aplicarle esos principios a Donald Trump, un esfuerzo que repentinamente se ha convertido al exjuez y fiscal federal de 69 años en el centro de la atención política.
Hasta que autorizó el registro policial sin precedentes por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de la residencia en Mar-a-Lago del expresidente la semana pasada, Garland se había enfrentado a la frustración de los demócratas y de la izquierda por su percibida vacilación en investigar a Trump, en particular en relación con el ataque del 6 de enero de 2021 del Capitolio estadounidense.
Pero ahora Garland se ha convertido en un pararrayos de la furia conservadora, acusado por Trump y sus aliados de encabezar un complot de motivación política para socavar sus posibilidades de postularse para un segundo mandato en 2024.
"Garland se está enfrentando a un expresidente de EE.UU. que sigue teniendo un gran número de seguidores, entre ellos muchos teóricos conspirativos. Ha tenido que proceder con mucha cautela", dijo Elaine Kamarck, una alta becaria en el programa de estudios de gobernanza de la Institución Brookings.
"No está hablando al respecto. No pidió permiso de la Casa Blanca. Se limitó a hacer todo de una manera muy, muy honesta, como lo es su reputación", añadió ella.
El fiscal general había estado al tanto durante meses de que el expresidente estaba reteniendo documentos de su época en la Casa Blanca en Mar-a-Lago, incluyendo algunos altamente calificados. Garland les encargó a los fiscales superiores que persuadieran a los abogados de Trump para que los entregaran, primero voluntariamente y luego mediante una citación.
Después de que esos esfuerzos fracasaron, Garland autorizó la solicitud de una orden de allanamiento, pero se abstuvo de hablar públicamente sobre la operación en Mar-a-Lago el día en que se produjo. Sólo lo ha hecho una vez desde entonces, aunque sin profundizar en la sustancia de la investigación.
"Gran parte de nuestro trabajo por necesidad se lleva a cabo fuera de la vista del público. Lo hacemos para proteger los derechos constitucionales de todos los estadounidenses y para proteger la integridad de nuestras investigaciones", dijo Garland.
Sin embargo, en los últimos días, los expedientes judiciales del Departamento de Justicia han mostrado la gravedad de las posibles violaciones de la ley por parte de Trump, invocando disposiciones relacionadas con la obstrucción de la justicia y el mal manejo de información crítica para la seguridad nacional en virtud de la Ley de Espionaje. También han revelado el amplio alcance de la investigación, la cual incluye más de un testigo.
argumentos irrefutables contra trump
Garland -quien ayudó a conseguir las condenas de Timothy McVeigh, el responsable de la explosión en Oklahoma City, y el terrorista doméstico Ted Kaczynski en la década de los 1990 como fiscal de EEUU, y quien derivó durante 24 años en el tribunal federal de apelaciones de Washington DC- querrá asegurarse de que los argumentos para buscar una acusación criminal contra Trump sean irrefutables antes de dar el siguiente paso, el cual sería el de presentar cargos.
"Creo que en este momento están revisando cuidadosamente las pruebas, averiguando qué tenía Trump exactamente y averiguando si necesitan investigar otros ángulos, otras personas", dijo Kel McClanahan, abogado de seguridad nacional y profesor de la Universidad George Washington. "Esto se está llevando a cabo como una investigación de la mafia, como una investigación de crimen organizado".
El registro policial de la casa de Trump ha convertido a Garland, así como al DoJ y al FBI en general, en villanos ante los ojos de la derecha. Esto se suma a la presión pública sobre el fiscal general y provoca preocupación por la seguridad de los fiscales, de los funcionarios y de los agentes que trabajan en el caso.
"Inicien un proceso de destitución contra Merrick Garland, evisceren al DoJ, desfinancien al corrupto FBI, e inicien un proceso de destitución contra Biden. Usar las fuerzas del orden público como arma es comunismo y no tiene cabida en EE.UU.", dijo en un tuit el lunes Marjorie Taylor Greene, la legisladora republicana de Georgia y una de las aliadas más cercanas de Trump en la extrema derecha.
Otros republicanos, incluso en el comité judicial de la Cámara de Representantes, le han pedido a Garland que conserve sus propios documentos relacionados con el registro policial y que esté preparado para una investigación de sus acciones si recuperan el control de la Cámara baja del Congreso en noviembre.
Pero Garland -quien fue nominado a la Corte Suprema por Barack Obama pero al que los republicanos del Senado le negaron una audiencia de confirmación- hasta ahora parece haber resistido la presión. "El fiscal general está en una posición extremadamente difícil", dijo Aziz Huq, un estudioso del derecho constitucional en la Universidad de Chicago.
"Lo que el Departamento de Justicia y Garland han tratado de hacer es demostrar la legitimidad legal del Departamento de Justicia en un momento en el que esa legitimidad se ha visto sometida a una enorme presión", añadió Huq.
Si Garland se abstiene de acusar a Trump -ya sea por los documentos clasificados retenidos en Mar-a-Lago o por su papel en los disturbios del 6 de enero-, su legado puede acabar siendo el del fiscal general que cedió ante la presión mientras cuestionaba los delitos de un expresidente. Pero seguir adelante con una acusación -incluso si resultara exitosa- no está exento de riesgos en un país tan profundamente dividido como EE.UU.
"Él tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Pero obviamente entiende las enormes ramificaciones políticas y es una persona muy cuidadosa", dijo Kamarck en la Institución Brookings. "¿Por qué abrirías un avispero como éste a menos que tuvieras en mente algún crimen grave?".