El presidente conservador de Ecuador, Guillermo Lasso, apuesta parte del futuro de su gestión en el referendo popular de este domingo, que plantea cambios políticos y electorales de fondo, mientras las encuestas le dan al Sí una ventaja pero sin asegurar un respaldo contundente, en un país en el que están latentes las protestas sociales y el desánimo por las denuncias de corrupción.
En paralelo al referendo, los 13,4 millones de ecuatorianos habilitados podrán ejercer su voto en elecciones de autoridades provinciales y distritales, en las que tanto el Gobierno como las fuerzas de oposición, entre ellas las afines al expresidente Rafael Correa, también medirán hasta dónde llegan su representatividad y su fortaleza.
La convocatoria supone un triunfo a medias de Lasso, porque él pretendía hacer en simultáneo un referendo y una consulta popular, pero la Corte Constitucional dio de baja las tres preguntas de la consulta y solo habilitó las del referendo, vinculadas a aspectos constitucionales.
La diferencia técnica entre uno y otro mecanismo es que la consulta es sobre temas de interés general pero sin incidencia en la estructura constitucional.
Las preguntas del referendo
La primera de las ocho preguntas que figuran en una papeleta plantea quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones."¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?", es la primera pregunta, que para el mandatario es "una herramienta" para enfrentar el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que son centrales para Ecuador.
La extradición está prohibida en la Constitución vigente, pero "el referendo, al emanar del pueblo en las urnas, es mandatorio, incluso está por encima de la Constitución", explicó a Télam Andrés Jaramillo, especialista en comunicación y marketing político y exsecretario de Comunicación de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador.
La segunda pregunta es sobre la propuesta del Gobierno de crear un Consejo Fiscal que reemplace al actual Consejo de la Judicatura y seleccione, designe, promueva, sancione o destituya a los fiscales.
Para la campaña del No -que agrupa al correísta Movimiento de Renovación Ciudadana, Unidad Popular, al Socialista y a las centrales gremiales de trabajadores y de la educación-, esta es una estrategia del Gobierno para prorrogar los mandatos de los fiscales que le son afines y remover o postergar a los que no.
La pregunta tres es sobre la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional, que tiene 137 asambleístas y que en 2025 podrían elevarse a más de 150 si, como manda la Constitución, se tiene en cuenta el crecimiento demográfico.
La intención del Ejecutivo es que el número de habitantes necesario para cada escaño sea mayor y se logre una representatividad más equitativa, porque considera que actualmente están sobrerrepresentadas las zonas rurales y subrepresentadas las urbanas.
El cuestionario se mete en el punto cuatro con los partidos políticos, para los que quiere establecer un mínimo de afiliados del 1,5% del padrón electoral de la jurisdicción en la que estén inscriptos. De esta forma, apuesta a reducir los 272 movimientos políticos actuales, que muchas veces son sellos funcionales a candidatos sin estructura propia.
La pregunta cinco propone traspasar a la Asamblea Nacional las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que fue creado en 2008 por el entonces presidente Correa, como un consejo independiente de siete ciudadanos elegidos por votación universal que debían designar autoridades como el fiscal general, el contralor, los vocales del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral.
Lasso quiere que todas esas autoridades pasen a ser designadas por la Asamblea, bajo el argumento de que no dependerá del voto de una mayoría de solo cuatro personas y evitar así la concentración de poder.
Esta idea, complementaria del traslado de funciones al Parlamento, está contenida en la pregunta seis.
La séptima pregunta es sobre la propuesta de crear un sistema de áreas de protección hídrica para salvaguardar las fuentes de agua y acuíferos del país.
El Gobierno propone poner el sistema de protección de aguas bajo la administración del Estado.
Y la octava y última pregunta es sobre la creación de un sistema de compensación por servicios ambientales. Entre los prestadores de estos servicios se encuentran los recicladores (unos 20.000 a nivel nacional) y comunidades indígenas que ayudan a combatir la deforestación en la Amazonía, entre otros.
"Luego de la consulta y las elecciones, en efecto, la gobernabilidad será un reto mayor para el Gobierno de Lasso", porque "también se prevé una derrota en las elecciones seccionales, lo que complicará aún más su situación", señaló Jaramillo en diálogo con Télam
Corrupción
Lasso recibió un fuerte golpe a principios del mes pasado, cuando el medio digital La Posta difundió una grabación en la que se menciona al empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente, como beneficiario de un hecho de corrupción con empresas del Estado.El Gobierno rápidamente ratificó que lucha contra "cualquier forma de corrupción" y remarcó que no tolerará delitos de "absolutamente nadie", pero según los observadores, el daño electoral se medirá este domingo.
"Los casos de corrupción relacionados con el cuñado del Presidente influirán en la medida que se sigan revelando detalles y al no poder dar una solución a los problemas de seguridad y desempleo, la oposición y la resistencia podría adquirir proporciones mucho mayores a las actuales", señaló Jaramillo.
Sector correísta
Pero el Gobierno no es el único que pone en juego su futuro político en la elección y consulta popular de este domingo. El sector que responde al expresidente Correa también."Paulatinamente (el correísmo) ha perdido poder. Está lejos de ser esa fuerza hegemónica. Correa está fuera del país, ausente de la dinámica política real. Hay un cambio generacional del votante que no conoce lo que hizo o dejó de hacer el correísmo", explicó el analista.
"Hay un 60 % de personas de entre 16 y 29 años que buscan alternativas diferentes al correísmo y anticorreístas. A esto se debe sumar las diferencias internas en ese sector entre la nueva generación y los que fundaron. Se prevé que tengan victorias suficientes (a nivel distrital) para subsistir, pero no para posicionarse como una fuerza determinante", agregó.
En cualquier caso, uno de los datos a observar del escrutinio del domingo es el conteo de votos en blanco y nulos, que podrían alcanzar porcentajes históricos, según varios observadores.
El contexto actual no es el de 2019, cuando hubo masivas protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles, anunciada por el entonces presidente Lenín Moreno y se registraron 11 muertos y casi 1.200 detenciones, pero la tensión está latente.
De hecho, a principios de enero la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) amenazó con un "paro preventivo" y otras medidas en rechazo a la minería a gran escala que se practica en sus territorios ancestrales, pese a los acuerdos alcanzados con el Gobierno en octubre pasado, después de una ronda de negociaciones que se extendió por tres meses.
Y ahora, en vísperas del referendo, confirmó que impulsa el voto por el No.