Más de $ 40.000 millones se hubiera ahorrado el Gobierno en 2022 si habría dado de baja a tiempo a los 154.441 beneficiarios de planes sociales que no se reempadronaron y que la semana pasada decidió suspender la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
Haciendo un recálculo de los fondos resignados durante el año pasado se llega a los $ 41.825 millones que se pagaron a beneficiarios que terminaron saliendo del programa Potenciar Trabajo en enero, pero que durante todo 2022 cobraron el haber completo, equivalente a medio salario mínimo vital y móvil.
Teniendo en cuenta que el Salario Mínimo fue evolucionando durante el año pasado al ritmo de la inflación, su costo inicial comenzó siendo de $ 33.000 en enero, y terminó diciembre en $ 61.953. Es decir, en mano, un beneficiario del Potenciar Trabajo comenzó 2022 cobrando $ 16.500 y terminó llevándose $30.976, casi el doble, empardado con la inflación del 94,8% que consignó el Indec en los últimos 12 meses.
En el medio, hubo diez meses del año donde a partir de reuniones del Consejo del Salario, el SMVM fue variando. En marzo se actualizó hasta los $ 38.940 ($ 19.470 para Potenciar Trabajo), en julio pasó a ser de $ 42.240 ($ 21.120) y en octubre se ubicó en torno a los $ 54.550 ($27.225).
Si se multiplican los beneficiarios que bajó Tolosa Paz del programa con lo que cobraron mensualmente en todo el año, se llega a la cifra de $ 41.825 millones solo durante 2022. En caso de haber cobrado esos fondos en 2021 y 2020, años en los que el programa ya estaba en acción, esa cifra se potenciaría aún más.
Solamente en diciembre, último mes en el que percibieron el medio salario mínimo vital y móvil correspondiente, esos beneficiarios representaron un gasto para el Estado estimado en $ 4.784 millones. Cabe recordar que los beneficiarios que han sido suspendidos seguirán cobrando mientras tanto la mitad de ese medio salario móvil. Es decir, siguiendo el último registro de diciembre, unos $ 16.000 por mes.
En su última conferencia de prensa, Tolosa Paz dijo que “154.441 personas no han realizado la validación de identidad”. “Están sujetas a la suspensión del programa Potenciar Trabajo a partir de la liquidación de enero”, confirmó.
Aquellos beneficiarios que serán dados de baja por no haber validado su identidad percibirán, como última liquidación, el 50% de la suma del Potenciar Trabajo que corresponde a enero y que se abonará el 5 de febrero.
La auditoría de AFIP que derivó en la suspensión
La validación de datos vía web que se llevó a cabo en el final de 2022 fue la solución que propuso el Gobierno luego de que trascendieran serias irregularidades de miles de beneficiarios, que habían comprado dólares o tenían bienes que no se condecían con los requisitos del programa. Esos datos, que provenían de la AFIP, los había pedido su antecesor Juan Zabaleta y generaron una fuerte polémica meses atrás.
Sucede que las organizaciones sociales de izquierda reclamaron durante todo el año pasado -y se espera que lo hagan en este- la incorporación de nuevos beneficiarios al programa, con reiterados piquetes frente a las puertas de Desarrollo Social, con acampes en la 9 de Julio incluidos.
Las irregularidades planteadas también incluyeron en su momento a dirigentes del Polo Obrero. Según confesó el diputado Gabriel Solano, el partido se quedaba con un 2% de las transferencias a cada beneficiario. Se calcula que unos 60.000 afiliados al PO perciben el plan.
El Potenciar Trabajo es una de las principales cajas del Estado en la actualidad. Está a cargo del dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, que es secretario de Economía Social. Acusado por la oposición de estar "de los dos lados del mostrador", Pérsico administró durante 2022 fondos por $ 491.700 millones. El Evita, la organización social que lidera, cuenta con cerca de 150.000 planes.
El crecimiento de los recursos de la caja del Potenciar Trabajo fue enorme, pasando de $ 227.100 millones iniciales a los $ 491.700 millones finales, más de un 116%, que se potenciará todavía más este año, llegando a $ 590.000 millones, lo que se establece como un piso, sin contemplar las reasignaciones presupuestarias que se vayan haciendo.
Sumando los $ 442.000 millones que tendrá como presupuesto la Tarjeta Alimentar, a cargo de autoridades de La Cámpora dentro de Desarrollo Social, el Gobierno destinará en planes sociales que controlan las propias organizaciones más de $ 1 billón durante todo 2023.