Ante un pedido del fiscal Taiano, abrió una causa y mandó un exhortó al régimen de Managua y a la Comisión Interamericana de DD.HH. por la detención de un obispo. El fiscal imputó al presidente y a la vicepresidenta de ese país.
El juez federal Ariel Lijo abrió una investigación contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario María Murillo para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad.
La causa podría perjudicar las buenas relaciones que el kirchnerismo tiene con el régimen nicaragüense, aunque en los últimos meses ha aceptado sumarse a denuncias por persecución a políticos opositores y periodistas.
Es lo mismo que hizo el juez Lijo cuando Amnesty Internacional denunció violaciones a derechos humanos en Yemen y Arabia Saudita por el asesinato de un periodista.
"Ahora Lijo abrió la causa y pidió información a la CIDH y a Nicaragua para ver si tienen investigaciones judiciales en marcha", explicó una fuente judicial a Clarín. "Son casos de jurisdicción internacional", agregó la fuente.
La decisión la tomó a instancias de una denuncia presentada por dos abogados y del pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, quien considera que la justicia federal argentina está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país, ya que la Constitución nacional reconoce el principio de jurisdicción universal.
En su requerimiento de instrucción, Taiano imputó a José Daniel Ortega Saavedra, Rosario María Murillo Zambrana, presidente y vicepresidenta de la República de Nicaragua y quienes "dentro de la estructura estatal o para estatal puedan resultar responsables del dictado y ejecución de órdenes tendientes a concretar acciones de persecución por cuestiones políticas y/o religiosas".
En una resolución, Lijo señaló que "la denuncia surge que tales sucesos consistirían en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, encarcelamientos, torturas, traslados de la población y persecución por motivos políticos y/o religiosos de diversos sectores de la sociedad nicaragüense".
De esta forma, para "fundar la competencia de este tribunal para intervenir en la investigación de aquellos hechos, se invocó la jurisdicción universal conforme al derecho internacional", agrega.
En este sentido, Lijo incorporó a la causa "los informes reseñados en el dictamen fiscal y elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, la ONG Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales de la República Argentina, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua".
Además, ordenó librar un exhorto a las autoridades judiciales que correspondan con jurisdicción en la República de Nicaragua en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (ley 26.139). En ese pedido de cooperación internacional solicita que "informen si existen procesos en trámite que posean como objeto el encarcelamiento del Obispo de la República de Nicaragua, Rolando Álvarez, producido el 19 de agosto del año en curso". A su vez, "deberán informar si existen denuncias y/o procesos en trámite vinculados a la investigación de distintos sucesos", añadió el magistrado.
El juez contó que detenciones como la de ese obispo "podrían constituir crímenes de lesa humanidad, tales como ejecuciones extrajudiciales, encarcelaciones y privaciones de la libertad, desaparición forzada de personas, torturas y desplazamiento forzado, los cuales habrían sido ordenados desde las más altas esferas políticas nicaragüenses -en cuyo seno se habría elaborado una estructura de represión estatal y paraestatal que habría permitido su ejecución desde el 18 de abril de 2018 hasta la actualidad".
Por último, Lijo pidió al canciller Santiago Cafiero que "arbitre los medios necesarios para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informe si se han iniciado procesos referidos a los hechos mencionados en el presente". En caso positivo "se deberán remitir las conclusiones y/o informes parciales que incluyan los avances del proceso".
En el pasado la justicia argentina ha hecho algo similar, al abrir una causa por delitos denunciados en un periodo que abarca la guerra civil española (1936-1939), el régimen de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador en 1975 y la celebración de las primeras elecciones democráticas.
Por ese caso, que data del 2010, un tribunal de alzada de Buenos Aires anuló recientemente el procesamiento dictado por una jueza a un exfuncionario español que había accedido a declarar ante la magistrada por videoconferencia.
La justicia argentina también habilitó una investigación en 2021 por las denuncias de represión contra el pueblo Rohingya en Myanmar.
En el actual caso y en su pedido al juez para que dé luz verde a la pesquisa, el fiscal argentino apuntó contra Ortega y su esposa, así como "quienes dentro de la estructura estatal o para estatal'' puedan ser responsables del dictado y ejecución de órdenes para ejercer la persecución "por cuestiones políticas y/o religiosas''.
Últimamente, el gobierno de Ortega ha intensificado la persecución de sus adversarios políticos y acusa a sus familiares por la vía penal, según organizaciones de derechos humanos.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido del país centroamericano en la represión posterior a las masivas protestas de abril de 2018 y han sido detenidos y sentenciados con largas condenas de prisión.
La medida judicial argentina es en respuesta a la denuncia presentada en el juzgado de Lijo por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, a raíz de la detención del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo arresto domiciliario sin que conozcan detalles sobre su estado de salud.
La denuncia señaló que la situación del religioso se da en un contexto de ataque sistemático contra la población civil y menciona investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que apuntan a los excesos del gobierno de Ortega.
Según Taiano, la justicia de su país puede abrir la causa al gobierno de Nicaragua por compromisos internacionales que "establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)''.
Por otra parte, indicó el fiscal, la Corte Penal Internacional no podría juzgar esos crímenes, toda vez que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma.