La propuesta es impulsada por Eduardo Valdés, pero ya generó el rechazo de la oposición.
A un mes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, el kirchnerismo volvió a instalar en el Congreso la polémica sobre el discurso de odio mediante un proyecto de ley que se impulsa en la Cámara de Diputados y que pretende imponer una capacitación obligatoria para el personal que integra los tres poderes del Estado.
La propuesta es impulsada por Eduardo Valdés, íntimo amigo del presidente Alberto Fernández y con llegada a Cristina Kirchner, quien argumentó que su iniciativa se da en un contexto en que las expresiones odiantes "circulan cotidianamente" por los medios masivos de comunicación y por las redes sociales, y hace mención al intento de asesinato de la Vicepresidenta.
"Capacitación Obligatoria Contra el Odio para todas las personas que integran los tres poderes del Estado", es el título del proyecto de ley que Valdés intenta llevar al recinto y que ya encontró resistencia en sectores de la oposición.
Alejandro "Topo" Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, dijo a Clarín que “antes de imponer capacitación, deberían hacer re-capacitar al senador (José) Mayans, quien aseguró que sólo habrá paz social si se frena el Juicio de Vialidad”.
El diputado por la Coalición Cívica Juan Manuel López también opinó sobre la propuesta de Valdés y se quejó porque "se está abusando de la capacitación obligatoria" y agregó que "la única que debería existir y no existe para los funcionarios es la Constitución Nacional.
"Fomentadores de odio hay en todos lados. Tenemos que capacitarnos contra el odio que se nos quiere imponer", aseveró el diputado del Frente de Todos al presentar su proyecto que tiene nueve artículos en los que se dispone "la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la temática contra el odio, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación".
Valdés, el representante del Gobierno con más llegada al Papa Francisco, resaltó que en este programa se garantiza "la participación de organizaciones civiles especializadas en la materia y de la sociedad civil" para formación de los funcionarios públicos.
"Los discursos de odio son una amenaza a los Derechos Humanos. Como Estado no podemos permitir que sigan vigentes y, como creemos que la capacitación y la educación es el primer paso para modificar la realidad, presenté este proyecto de ley", transmitió.
En sí, el proyecto plantea la prohibición por ley de "toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
Esta propuesta es impulsada pese a que en distintos momentos se negó desde el oficialismo que tenga intención de establecer una legislación regulatoria. Sin embargo, en las últimas semanas avanzó primero con una idea de incluir en el Código Penal el delito de lawfare para condenar a jueces y fiscales, y luego con un plan para retomar el espíritu de la Ley de Medios impulsada por el kirchnerismo más duro.